Los hechos más salientes de la última semana transcurrieron en medio de una ofensiva multiforme de los poderes fácticos. El desfile silencioso de la CGT fue, por omisión, en el mismo sentido.
Del ajuste al “entierro”
La confirmación este lunes del nombramiento del consultor Gabriel Rubinstein como “viceministro” de Economía constituye una potente ratificación del rumbo hacia el ajuste fiscal que ha decidido emprender el ministro del ramo, Sergio Massa.
Amante de la ortodoxia, capaz de coincidir hasta con José Luis Espert en las críticas al kirchnerismo, el flamante funcionario llegó disculpándose de sus anteriores diatribas. Quizás fue el único condicionamiento que se le puso para acceder al cargo después de las idas y vueltas en torno a su designación.
Algo que parece claro es que Rubinstein no está por la devaluación que reclaman los grandes conglomerados exportadores sino por llegar al “orden fiscal”, eufemismo para denotar la disminución del gasto a marchas forzadas.
Se acumulan así las evidencias del giro a la derecha del gobierno del Frente de Todos (FdT). Y una muestra más de la claudicación de CFK y la dirigencia que le es afín. Al parecer reducida a la espera que Sergio Massa los “salve” de la crisis que les hizo temer la licuación del consenso que, pese a todo, mantienen en un sector nada desdeñable de la población.
El mutismo predomina en el sector más ligado a la vicepresidenta, que no supo o no quiso esbozar una propuesta económica propia en su momento. Aparece hoy reducido a apostar a que la actual gestión logre bajar el índice de inflación, evite una devaluación brusca. Todo acompañado por un margen como para destinar antes de las elecciones de 2023 algunos recursos hacia trabajadores y pobres.
Casi al mismo tiempo varias organizaciones de izquierda protagonizaron una singular ceremonia pública: El “entierro” del salario mínimo, vital y móvil, frente al ministerio de Trabajo.
La concentración se hizo en coincidencia temporal con una reunión del consejo de extracción plural que se ocupa de fijar ese salario. La sola comparación del actual monto del mínimo salarial ($ 47850) con el valor de las canastas de pobreza e indigencia, da sentido a considerar muerta las normas que establecen y definen dicho salario al que se supone suficiente para alimentación, indumentaria, transporte y esparcimiento.
La consigna y el carácter de la manifestación expresa ingenio y sentido del humor en medio de circunstancias desgraciadas. En dirección contraria podría ir la observación de que dar por muerto y enterrado al salario puede sonar a asunción anticipada de una derrota.
Como parte de la iniciativa entregaron una carta a las centrales obreras en la que se exige “…que levanten un salario mínimo de $110 mil, hoy el monto de una canasta básica para una familia”.
Disparen contra CFK
Crece entretanto la tensión suscitada por el juicio en torno a las obras viales de la provincia de Santa Cruz. Se dirime allí la presunta existencia de manipulación de las licitaciones, sobreprecios, privilegios en el cobro, pagos indebidos e intencionada falta de controles, entre otras acusaciones. Y se utliza la figura de “asociación ilícita” un tipo penal que suele oficiar de “comodín” cuando las acusaciones son difusas o están escasas de pruebas.
La solicitud por el fiscal Diego Luciani de una pena de 12 años de prisión y accesoria de inhabilitación supera a la pena mínima fijada para el homicidio, fijada en ocho años. Se procura mostrar severidad extrema, base futura de una condena a la que se anuncia como “histórica”.
El propósito político de todo el proceso judicial parece transparente. El objetivo más directo es el de inhabilitar para presentarse a cargos a la vicepresidenta, y cuando sea posible, llevarla a prisión. El cumplimiento de esa finalidad puede llevar años, ya que sólo cuando la sentencia quede firme pueden hacerse efectivas tanto la cárcel como la inhabilitación. Y eso sólo se dará cuando estén agotadas todas las instancias de apelación, incluido el recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo más indirecto y también más inmediato, es generar una corriente de desprestigio hacia el “populismo” que impida su continuidad en el gobierno y, de máxima, llevarlo a la irrelevancia como corriente política. Mientras las acusaciones contra la vicepresidenta ocupen el centro de la escena, el costo político para el FdT será ineludible.
Las fuerzas de derecha “se prueban la ropa” para el cumplimiento de sus mayores deseos: Una disgregación del peronismo que los deposite en la cúspide del gobierno al menos por un par de décadas. Con amplio margen para reestructurar a su gusto a la sociedad argentina, con la conducción de una ofensiva final contra los derechos y las condiciones de vida de las clases populares.
Como debería ser obvio, el propósito persecutorio que anima al juicio en curso no equivale a que los negociados que se denuncian sean inexistentes o a que la expresidenta sea del todo inocente respecto a los mismos.
Lo seguro es que el hostigamiento judicial desata creciente descontento entre los partidarios de Cristina Kirchner. Lo que se potencia con la acción más intencionada de dirigentes de ese entorno, que ven la consigna “Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”, como posible generadora de una épica. Un sentido heroico que hoy está vedado por el avance de un ajuste al que es imposible dotar de ribetes románticos o propósitos idealistas.
Habrá que seguir con atención el sendero que toma la protesta y movilización contra la ofensiva judicial.
Examen en el Council.
La semana que pasó estuvo cruzada por las señales, de parte del gobierno, de pleno alineamiento con los objetivos planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de creciente adaptación a las demandas del gran capital. También la atravesó una convocatoria de la CGT atravesada por omisiones y contradicciones.
La presentación del encargado de la política económica en el Council of the Americas tuvo entre sus pasajes centrales el de invitar a las empresas estadounidenses a invertir en aquellos sectores a los que se ve como portadores de una “salida exportadora” para Argentina.
Las actividades mencionadas son cuatro, y sólo una, la vinculada a servicios y economía del conocimiento no está ligada a la producción primaria extractiva de recursos. El resto son el agronegocio, la energía y la minería.
La preocupación absorbente del rumbo económico adoptado se confirma: Generar dólares para cumplir los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el pago de la estafa será la primera prioridad del gobierno.
Puso su parte en el encuentro el embajador estadounidense en nuestro país, Marc Stanley. Llamó a dejar de lado las “ideologías” y conformar una amplia coalición sin esperar a 2023. El descaro de la intromisión en los asuntos internos del país obligó a una respuesta de la vocera presidencial. Pero el llamado a adoptar desde ya y con sustento unánime el programa de máxima del poder financiero quedó en pie.
El gran capital parece albergar una moderada expectativa hacia la nueva gestión económica. Sostienen el reproche de que hay sólo “medidas aisladas” y no se ha trazado un plan de estabilización. Al mismo tiempo le reconocen espíritu “proempresa” al ministro, lo que equivale a que puede ser un diligente servidor de sus intereses.
La CGT marchó a desgano.
La central obrera mayoritaria realizó una movilización con los típicos rasgos de herramienta para “descomprimir” y facilitar la contención de los reclamos de las bases. Aún dentro de esos parámetros la convocatoria fue vacilante y la escenografía del acto muy pobre: Una marcha de unas pocas cuadras, sin un punto de llegada claro, con predominio de una marcada preocupación por no incomodar ni al gobierno ni a los empresarios.
Pablo Moyano eligió discordar un poco. Montó su propio acto, en el que rompió el silencio guardado por los demás dirigentes y se permitió alguna moderada interpelación al gobierno y a las patronales.
Lo hizo no tanto con la genérica exhortación al presidente para “que tenga lo que hay que tener” sino a través de la propuesta de estatizar las balanzas portuarias que pesan el grano que sale al exterior, para evitar irregularidades. Desentona así, aún en pequeña escala, con el sesgo “promercado” cada vez más pronunciado en el gobierno.
Pese a todo, el sindicalismo poderoso es una pesadilla para los sectores más radicales de la coalición de derecha, cualquiera sea la actitud reivindicativa y la conformación ideológica de sus direcciones. En los últimos días se atribuyó a Mauricio Macri, sin que nadie lo desmienta, haber proclamado el propósito de “sacrificar” a las direcciones sindicales.
El gobierno sólo explora la posibilidad de un aumento de suma fija o de un “bono” como satisfacción mínima de las demandas en curso. “Suma fija ya! 30.000 pesos para los trabajadores”, dicen las pintadas que está haciendo La Cámpora.
Más allá de esas reivindicaciones aisladas, los sectores más afines a la vicepresidenta han evidenciado hace rato no tener respuestas propias a la muy grave situación de las y los trabajadores. Pueden hacer críticas, incluso vetar ciertas decisiones o algunos nombramientos. No poseen en cambio capacidad, decisión, ni cuadros aptos para llevar adelante un programa diferente.
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Con reticencias o sin ellas, el conjunto de la coalición de gobierno acepta las restricciones que impulsa el establishment para cualquier política independiente de sus imposiciones o mínimamente empática con los intereses populares.
El curso que siga la movilización popular en los próximos meses en el sentido de crecimiento y radicalización, podrá erigir o no un freno al “toma todo” de aquellos sectores que no están sometidos a votación, pero consideran un atentado contra la república el menor obstáculo a la plena realización de su poderío.
