Argentina vive una crisis económica y política de vasto alcance. Crisis que se conjuga con una coyuntura mundial de grandes desequilibrios en lo económico y de degradación e inestabilidad de los regímenes políticos, en particular de las democracias representativas.
Se ha asistido en los últimos meses a la progresiva y hasta ahora imparable descomposición del gobierno. El enfrentamiento en la superficie entre presidente y vice remite a cuestiones más profundas, más allá de la confrontación entre egos con la que a veces se la trivializa.
En medio de la inflación muy elevada, y con la precarización laboral y pobreza en ascenso, no hay respuestas de fondo desde el aparato estatal. Ocurre que su cúpula está enzarzada en una interminable disputa en torno a algunas orientaciones de la política económica, que no llegan a cuestionamientos profundos.
Eso ocurre en un cuadro en el que no hay una discusión acerca de los objetivos de mediano plazo, sino una preocupación casi excluyente por evitar que la desfavorable situación económica lleve a una amplia derrota electoral del oficialismo.
Desde arriba: Sin proyecto, sin hegemonía.
La sociedad argentina asiste a una etapa en la que las elites económicas, políticas, culturales y comunicacionales carecen de propuestas con una mínima capacidad hegemónica.
Desde el poder económico el objetivo predominante es el aumento del nivel de ganancias a favor de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Cuando intentan una mirada dirigida al mediano plazo, ésta es absorbida por un conjunto de demandas que sólo se alinean con derrumbar obstáculos para maximizar su poder de acumulación: Una reforma laboral que arrase los derechos que aún protegen a lxs trabajadores, un cambio en el régimen previsional que permita reducir el gasto público en ese rubro, un cambio tributario que les facilite pagar aún menos impuestos. Y una reforma del Estado que asimismo contribuya a disminuir el gasto público. Y de paso reduzca el rol del sector estatal como fuente de ocupación alternativa.
A la hora de elaborar un discurso que aspire a generar consenso, el empresariado aún recurre a un repertorio argumental que lleva décadas: La larga decadencia del país a manos del “populismo”, la prédica moralista contra la corrupción de la política, que en la realidad ellos usufructúan y estimulan. El individualismo “meritocrático” como forma de vida a adoptar por las clases subalternas. Y la oposición entre “mercado” y “Estado” en el que las leyes del primero se impongan con libertad y el aparato estatal sólo intervenga para brindar “buen clima de negocios” y la “seguridad jurídica” entendida sólo en beneficio de los poderosos.
A ello se agrega el propiciar “políticas de Estado” que se traducen en la búsqueda de garantías de que ningún gobierno siquiera intentará afectar los intereses del gran capital. El conjunto configura un “programa” que en términos gramscianos se detiene en la grosera imposición de los intereses “económico-corporativos” con poco y nada que apunte con seriedad a convertir a la clase dominante en “clase dirigente”.
Por su parte la dirigencia política parece ensimismada en su propia reproducción como tal, con sostenimiento de sus privilegios. Sus aspiraciones se centran en ganar elecciones y en el consiguiente reparto de puestos. A menudo esto linda con el descaro.
Una y otra vez afirman públicamente “así no ganamos las elecciones”, como si este fuera el único motivo para buscar cambios, con la consiguiente despreocupación por los padecimientos crecientes de las clases populares.
Cada una de las dos coaliciones predominantes sostiene ese juego. A la hora de esbozar propuestas la derecha reproduce sobre todo las demandas de los grandes empresarios, mientras refuerza la monserga decadentista y “antipopulista”.
Por su parte la alianza que está en el gobierno discute sólo acerca de los detalles de la aplicación plena de un modelo capitalista que incluye el ajuste sobre los ingresos y el nivel de vida de trabajadores y sectores populares. No cuestiona el sometimiento a los condiciones que emanan del Fondo Monetario Internacional ni el extractivismo que busca en las exportaciones de productos primarios la salvación para la economía del país.
Al mismo tiempo, la discusión sobre la pertinencia del pago de una deuda que constituye una gigantesca estafa queda fuera de la agenda de gobierno. Son las organizaciones populares, como la Autoconvocatoria las que levantan el tema. Hoy plantean la lisa y llana anulación y movilizan en consecuencia.
La deriva que siguió hasta ahora la coyuntura crítica desatada por la renuncia del ministro de Economía es ilustrativa de lo anterior.
Tras la dimisión del titular de la cartera, cuestionado por seguir más o menos al pie de la letra la implementación de políticas de ajuste, asume una ministra que lo primero que dice luego de asumir es que mantendrá ese rumbo: Continuidad del programa económico (el impuesto por el Fondo), la búsqueda del equilibrio fiscal y la apuesta por las exportaciones.
El único matiz es que ingresan en la discusión medidas paliativas, como una moratoria jubilatoria que permita que personas hoy desprotegidas accedan a una pensión. Y sobre todo el proyecto de imponer un salario básico universal. De todos modos son iniciativas legislativas que no está garantizado que el poder ejecutivo asuma como propias y con ello viabilice su aprobación.
En todo caso poco a la hora de buscar una “redistribución progresiva del ingreso” que a veces se declama.
Además de eso, no se emprende con seriedad el debate acerca de medidas que permitan reorientar recursos hacia los sectores populares.
A la hora de referirse a la inflación no se adoptan iniciativas para aplicar la ley de abastecimientos o para tender a que las políticas de control de precios dejen de ser un asunto exclusivo de inspectores profesionales y se orienten a un control popular de los aumentos. Las propuestas de aumentar retenciones para “desenganchar” los precios internos de los alimentos de su cotización internacional son enunciadas cada tanto pero no prosperan.
Se ha meneado una y otra vez la posibilidad de establecer “empresas testigo” a cargo del Estado que regulen los mercados de alimentos y nada se hecho.
Mientras tanto la inflación continúa por encima del 5% mensual, sin que aparezcan soluciones a la hora de bajar ese piso.
En materia tributaria, las iniciativas que puedan ayudar a modificar el sesgo regresivo de los gravamenes son escasas y no decisivas, como el impuesto a la “renta inesperada”.
Las últimas medidas de restricción del acceso a dólares para importaciones apenas son un paliativo para la denominada “escasez de divisas” publicitada desde la oposición como desencadenante de una situación de caos, con la falta de gasoil como punta de lanza.
Este cuadro responde, entre otros factores, a la incapacidad del Estado para imponer un mínimo de “disciplina” a las clases dominantes. El “capitalista colectivo ideal” de la tradición marxista, que garantiza la reproducción del sistema brilla por su ausencia.
La mirada “desde abajo”.
En las clases explotadas la disconformidad crece. La sensación generalizada de que el Estado no atiende las necesidades populares aumenta día a día. No se cree que la política pueda sobrepasar la vacilante administración de lo existente, surcada por aspectos negativos.
En cuanto a la relación del poder político con las organizaciones populares, empeora día a día. Sólo se mantiene un buen vínculo con los sindicatos burocráticos, dispuestos cada vez más a sacrificar los intereses de sus “representados” en aras de mantener sus privilegios y el acomodo cómplice con el Estado e incluso con las propias patronales. De todos modos esas dóciles conducciones están llegando a su límite en la relación con sus bases y barajan la posibilidad de algún paro general.
En cuanto al movimiento piquetero es objeto de una ofensiva en su contra, orientada a no ampliar el número de planes sociales y en lo posible quitarles los que administran. Las manifestaciones de la vicepresidenta en contra de la “tercerización” de la ayuda social plantean un escenario abierto de disputa, con resultados que se establecerán a partir de la capacidad de resistencia de las organizaciones sociales.
Cuando se dirige la mirada a las clases subalternas lo que resalta es la falta de una alternativa política auténticamente popular. Y la carencia de un programa articulado que trace una perspectiva de construir una sociedad argentina diferente en el interior de un mundo distinto.
Para solventar esa carencia se trata de dar una batalla cultural contra el chato posibilismo de unos (Frente de Todos) y el enfoque reaccionario y servilmente proempresarial de los otros (Juntos por el Cambio). Hay que instaurar no sólo la deseabilidad de cambios sociales con mayúscula, sino la convicción de que esas transformaciones son realizables.
La soberanía alimentaria, la superación del extractivismo, la iniciativa popular y la autogestión en relación con el territorio, la vivienda y el hábitat, la preservación del medio ambiente frente al desmedido afán de lucro de las grandes empresas; son todos temas a convertir en una base programática para una alternativa. Lo mismo respecto a toda la problemática de género.
La divisoria de aguas para un planteo realmente alternativo es la asunción de que no hay solución dentro del capitalismo.
En ese sentido se impone la necesidad de asumir también una perspectiva económica disruptiva, que recupere agendas de décadas pasadas que el sistema imperante procura mostrar como superadas y anacrónicas. La nacionalización de los depósitos bancarios, del comercio exterior, la reversión del proceso de privatizaciones de la década de 1990, la gestión colectiva de los bienes públicos, son puntos insoslayables de un programa superador.
Para dar viabilidad a ese cúmulo de demandas no hay otro camino que una exitosa batalla por las conciencias, que se articule con la organización y la movilización popular. Ganar las calles es un paso indispensable. Proponer y llevar adelante una democratización radical que quite a las burocracias y tecnocracias el monopolio de la discusión de políticas es otro requisito.
Articular al conjunto de organizaciones que desarrollan una acción independiente y cuestionadora respecto del poder económico, político y cultural otra condición indispensable.
Las soluciones en Argentina requieren un gran reagrupamiento popular, concatenado con una perspectiva internacionalista. La conformación de una izquierda plural que recupere y vincule a distintas tradiciones y culturas políticas. La actual dispersión necesita ser superada, sin que ello implique imponer uniformidades artificiales o acallar peculiaridades en el modo de pensar y actuar.
Otro país es posible, con una orientación anticapitalista, antipatriarcal, respetuosa del medio ambiente, defensora de los pueblos originarios. Con un enfoque de transformación desde la base del régimen político, en recuperación del espíritu de gobierno del pueblo, de iniciativa popular plena, que constituye la razón de ser de la verdadera democracia.
Otro mundo es posible, con la integración continental en una orientación de patria grande latinoamericana como primer paso.
Se trata de ganar las calles, de dar la disputa en el espacio público, de sobrepasar a unas instituciones que no dan respuesta, de construir una fuerza política que rompa con el “bicoalicionismo” y con la aceptación unilineal del orden capitalista.
Se impone luchar por una sociedad igualitaria y justa, por un mundo nuevo que rompa las ataduras que imponen un puñado de poderosos. Por un porvenir sin explotadores ni explotados, sin opresiones de ningún tipo.
Y en la base está la conformación de una izquierda independiente, que no menosprecie las reformas, valorándolas como componentes necesarios de un proceso revolucionario.
Fuente: https://tramas.ar/2022/07/07/la-profundidad-de-la-crisis-y-la-busqueda-de-alternativa/
