“Mi primera decisión de gobierno va a ser implementar la eliminación del impuesto a las Ganancias hasta los 30 mil pesos netos. Implementaremos el 82% móvil”, dijo el candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en un acto realizado esta semana en el Auditorio de la Unión Ferroviaria con dirigentes sindicales.
Para Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad, es positivo que pueda debatirse algo que pareciera ser una obviedad, que es el estado de necesidad de los jubilados. Pero lo que se promete no es precisamente lo que los jubilados vienen reclamando desde hace años como un derecho que les ha sido arrebatado.
“Obviamente que el tema del 82% se ha planteado más desde el slogan que de lo que es el reclamo histórico. Cuando los jubilados hablan del 82%, se refieren al principio constitucional que establece que el haber jubilatorio deber ser sustituto de su sueldo como trabajador activo, o sea 82% de ese sueldo, con la correspondiente movilidad aplicada automáticamente cada vez que haya cambio en ese sueldo”, explicó Semino en una entrevista realizada en el programa Los Locos de Buenos Aires.
Para aclarar que lo que se promete no es lo que se reclama, diremos que el 82% de campaña es sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y que alcanzaría al universo solo de quienes cobran la jubilación mínima.
“Más allá de lo publicitario, es hasta incorrecto desde el punto de vista técnico. Se habla del 82 % del SMVM y por definición ese salario es el establecido para cubrir las necesidades básicas de un trabajador, entonces en ningún caso podrían suponer los candidatos, y quiero así pensarlo, que un jubilado tiene necesidades básicas menores a las de un trabajador, un 82% de esas necesidades básicas”, reflexionó el ombudsman.
En realidad lo que se debió prometer, en primer lugar, es un aumento de emergencia a las jubilaciones mínimas. De hecho, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, acompañada de diversas organizaciones, viene reclamando este aumento de 4.000 pesos en todas las escalas.
Para pasar la promesa a números concretos, se debe decir que hoy el SMVM es de 5.558 pesos, por lo que garantizar un haber mínimo del 82% de este salario daría una jubilación de 4.560 pesos. Si el cálculo lo hacemos sobre el SMVM acordado a partir de enero del año próximo en 6.060 pesos, el 82% del mismo llevaría el haber jubilatorio mínimo a 4.970 pesos. Entre ambos supuestos aumentos se promediarían unos 500 pesos más, para un haber mínimo que es hoy de 4.300 pesos.
“Estos aumentos dejan muy distante a las jubilaciones, aun a las mínimas, de estar en los niveles de lo que fueron los aportes de los 2.600.000 jubilados que la perciben y también muy distantes de las coberturas de sus necesidades, ya que la última canasta para un adulto mayor que hemos medido desde la Defensoría en el mes de abril, nos daba 7.600 pesos y que ahora estimamos supera los 8.000 pesos”, precisó Semino.
Retomando las afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández en su primer mensaje luego de las elecciones del 25 de octubre, respecto a su veto al proyecto de ley presentado por la oposición para aprobar el 82% móvil, Eugenio Semino dijo: “El aludido veto presidencial que señalaba la presidenta en relación al proyecto de 2010, hablaba de estas mismas cosas que hoy se hablaban en la campaña. En ese momento como ahora hay una confusión en el sistema político respecto a la esencia del reclamo de los jubilados y a sus necesidades. No fue verdad que en el proyecto de ley que se presentó para establecer el 82% móvil figuraba volver a las AFJP, en ningún caso. Ella lo vetó diciendo que si se pagaba el 82% móvil se ponía en riesgo el sistema y los fondos de la ANSeS. Y ese es el mismo argumento que viene usando el director ejecutivo del organismo previsional, Diego Bossio, cada vez que se pide el 82% móvil, aun de la jubilación mínima”.
Justamente, días antes de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, fue el propio Bossio quien rechazó la promesa del 82% para los haberes de los jubilados que era parte de la campaña de Sergio Massa, candidato a presidente del Frente Renovador quien finalmente quedó como tercera fuerza. “Massa es demagógico en su planteo.
Estuvo al frente de la ANSES, conoce bien los números y conoce qué cosas son sustentables”, dijo entonces el funcionario que dirige la ANSeS.
Para el defensor público de los derechos de los jubilados y pensionados, los candidatos deberían estar debatiendo otras cosas ya que la necesidad del aumento es obvia y el ajuste al haber hay que hacerlo. Por ejemplo, nada dicen acerca del Fondo de Garantía Sustentabilidad que tiene 600.000 millones de pesos y se usa para destinos que no tienen que ver con los jubilados. Es así que alrededor del 60% no es dinero sino bonos que el gobierno ha emitido para disponer del dinero de ese fondo. Bonos que son parte del aumento de la deuda pública que no se reconoce por parte del gobierno. Deuda que se tiene con la ANSeS, o sea, que tiene el estado nacional con los jubilados.
Otro tema relevante es cómo se financia el sistema jubilatorio hacia el futuro más allá del Fondo de Garantía. “Esta es la pelea de fondo”, afirmó al respecto Semino, y repasó las dos grandes fuentes de financiación para la ANSeS: el trabajo y los impuestos. La primera incorpora fondos a la ANSeS a través de los aportes de trabajadores que están registrados, en un mercado laboral donde alrededor del 33% de los trabajadores no lo están –situación que debiera haberla resuelto el Estado evitándolo– y a través de las contribuciones patronales que después de la quita que hizo en 1994 Domingo Cavallo (ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem) nunca volvieron a su valor histórico. La otra fuente de financiamiento son los impuestos y “hoy el que más participa para el financiamiento es el IVA (entre un 11 y un 17%) que sabemos que es el más regresivo de todos y que más afecta a los pobres y a los pobres jubilados”.
Deteniéndonos en esto último vemos cómo los sectores de menores recursos, los trabajadores no registrados que quedan fuera de los beneficios previsionales y los propios jubilados, son los que en términos relativos más aportan a financiar el sistema, porque la carga del impuesto al consumo (IVA) la soportan en mayor proporción quienes menos salarios ganan.
“Quizás podría estar debatiéndose por qué el juego o la renta financiera o la tan meneada renta minera o los hidrocarburos en base a la real explotación, no participan del financiamiento. Me parece que esto se pasa por el costado porque sino, tal vez, los candidatos con posibilidad de llegar a ser presidente quedarían sin financiamiento de campaña”, dijo el ombudsman.
Parte del problema: la Obra Social de los Jubilados
Durante la entrevista en Los Locos de Buenos Aires se abordó también la situación del PAMI. La situación fue definida por Eugenio Semino como de suma gravedad ya que no solo le agregan cápitas a los médicos llevando a sus pacientes jubilados a cantidades por profesional imposibles de atender, sino que hay conflictos salariales con sus trabajadores, que por ejemplo en PAMI Rosario no cobraban desde hace meses.
“Hay pacientes que se han muerto por falta de atención, hay pacientes oxígeno dependientes sin provisión de la carga de oxígeno por lo que tienen que pagar la recarga semanal que les cuesta 400 pesos y ahora les quieren cobrar también el alquiler del tubo que es de 4.000 pesos porque PAMI no están pagando a los proveedores de los mismos”, detalló.
El Defensor comentó que la situación no solo es grave en términos de lo prestacional sino que además “se está desguazando estatutariamente el PAMI en términos de su escalafón de personal a través de una disposición de Dirección Ejecutiva cesando el escalafón tradicional, desapareciendo prácticamente todo lo que son prestaciones sociales y dejando en jaque a las prestaciones médicas, esto seguramente para blanquear nuevos cargos administrativos que se han creado ad hoc en los últimos meses y en los últimos años”.
Ante esto, los trabajadores están realizando asambleas en diversas sedes del PAMI para oponer toda la resistencia posible a lo que fue la resolución 559 y ahora 824 del Director Ejecutivo. “Hay que poner muy en consonancia esto con lo que pasa en ANSeS donde se vienen manteniendo paros semanales por una situación también escalafonaria de quita de salarios vía impuesto a las ganancias sobre los mismos”, agregó el ombudsman.
En el cierre de la entrevista, Eugenio Semino alertó sobre la seriedad de la crisis de la seguridad social: “está en una crisis muy seria que afecta a los trabajadores y a los beneficiarios que debería ser advertida durante la campaña para ser modificada a partir de quien administre los destinos del Estado”, finalizó.