Como Proyecto Político Emancipatorio entendemos a la Soberanía Alimentaria como uno de los pilares del desarrollo humano que imaginamos. Por eso remarcamos que la discusión respecto de la instalación de las granjas porcinas debe plantearse tomando como disparadores estos tres interrogantes: ¿Quiénes producen?, ¿Cómo producen? y ¿Para quiénes producen?
Según información oficial, el acuerdo porcino con China representaría una inversión de 3.500 millones de dólares en nuestro país, lo que se traduciría en la creación de 9500 empleos directos y 39.000 empleos indirectos (unos 380 empleos directos y 1560 indirectos por cada una de las 25 granjas porcinas con capacidad para 12.500 madres). Hace algunos días, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich confirmó la firma de un convenio de cooperación para la instalación de las tres primeras granjas en su provincia con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food, que también tiene avanzadas conversaciones con Córdoba y Santa Fe.
Pero el festejo por el ingreso de esta importante inversión extranjera, las perspectivas de creación de empleo y la promesa de una futura fuente de aporte de divisas esconde importantes problemas, desde los graves “costos ocultos” de la ganadería intensiva (que pueden duplicar los montos de la inversión original) hasta una estimación muy inflada de puestos de trabajo, pasando por la cuestión clave de quiénes serán los beneficiarios finales del millonario negocio porcino con el gigante asiático.
Aire y agua
En el proyecto se asume con total naturalidad que, como en toda iniciativa de producción ganadera intensiva, se generarán olores, gases, partículas sólidas y líquidas que contaminarán la atmósfera y el agua, generando problemas sanitarios para los trabajadores de los emprendimientos y las poblaciones cercanas.
Se estima que el 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial derivan de la ganadería (sobre todo dióxido de carbono y metano, un gas de corta vida pero muy dañiño, derivado de los procesos digestivos).
Pero uno de los impactos más directos es sobre el sistema hídrico, ya que se estima que se necesitan entre 6 y 12 mil litros de agua potable para producir cada kilo de carne de cerdo que terminará exportándose. Además, estas megagranjas porcinas implican graves riesgos de contaminación para las napas de agua locales.
Por otro lado, en la lógica de la globalización de los mercados, esta apuesta implica no sólo el reforzamiento de una división internacional en la que nuestro país se ubica como exportador de productos de materias primas (baja tecnología y valor agregado), sino también un rol de exportador de “agua virtual”, es decir, los miles de litro de agua que implican estas producciones (cada kilo de soja implica usar 2100 litros de agua), asumiendo costos ambientales en países donde aún el recurso es abundante y barato para trasladarlos en forma “virtual”, en la carne o el grano, a otros donde es caro y escaso.
Forraje
Sabemos que los cerdos se alimentan en un 70% de maíz, que se complementa con otros cereales y pellets. La producción de estos alimentos en el esquema extractivista agrario nacional implica el uso de importantes cantidades de herbicidas y pesticidas para garantizar el crecimiento de las semillas transgénicas. Esto, por supuesto, implica seguir extendiendo la frontera del agronegocio a costa de los pocos ecosistemas originales subsistentes, que forman la primera línea de defensa ambiental por su capacidad de absorción de gases contra el cambio climático y su capacidad de defensa de los suelos contra el agotamiento y la desertificación derivados del monocultivo. Recordemos que Chaco es una de las provincias que más avanzó con la deforestación de bosque nativo.
Ganadería farmacológica
Quizás es este uno de los puntos más omitidos del acuerdo con China. La modificación extrema de la dieta, la uniformidad genética y el debilitamiento del sistema inmune de estos animales se sostienen con una medicalización intensiva. Pero no sólo se medica a los animales para la prevención de enfermedades, sino que también se les suministra habitualmente los llamados Antibióticos Promotores del Crecimiento (APC). La administración constante y creciente de estos medicamentos implica múltiples riesgos, no sólo por su posterior presencia en la carne para consumo humano sino también por la posible llegada al agua o a otros cultivos por las deyecciones de los cerdos, que se filtran a las napas o son utilizadas como fertilizantes.
También se ha probado en estudios alrededor del mundo la potencialidad de estas megagranjas como ámbitos favorables para la mutación de virus que eventualmente pueden saltar al ser humano, un tema no menor en el contexto de pandemia.
Trabajadorxs
De la simple comparación entre la mano de obra empleada por las empresas que hoy gestionan granjas porcinas similares a las proyectadas, se desprende que la estimación oficial de empleo está muy sobreestimada.
Las proyecciones oficiales de empleo para cada granja anticipan la contratación de 124 personas para el criadero, 250 para el frigorífico, 6 para planta de biofertilizante, 2 para la de aceite, 2 para la de biodiesel y 2 para la de lecitina. Más allá del hecho de que el sector de desposte, que es el que generaría más puestos de trabajo, aún no está plenamente confirmado, ya que China buscará que se exporten medias reses enteras y no cortes cárnicos, sabemos que granjas de entre 5 y 6 mil madres emplean de 18 a 26 trabajadorxs. Así, la proyección de 124 empleos por granja de 12 mil madres es sospechosa (mucho más si tenemos en cuenta las tendencias a la hiperexplotación laboral de las factorías chinas).
Pero, aunque la promesa de empleo fuera estrictamente cierta, los problemas subsisten. Más allá de la precarización laboral, respecto de la que el gobierno chaqueño no ofrece mayores garantías (en una provincia caracterizada por la concentración de tierras en manos de familias burguesas y por un histórico racismo respecto de los pueblos originarios, sobre todo de la etnia qom), los problemas de salud de los trabajadores de este tipo de emprendimientos están muy documentados: irritación ocular, enfermedad pulmonar crónica, estrés, disfunciones cardíacas y numerosas enfermedades derivadas del contacto con agrotóxicos.
Otro modelo anticapitalista es posible
Está a la vista que en nuestra Argentina del siglo XXI los mapas de la pobreza coinciden con los de la contaminación y el despojo extractivista, por lo que sería ingenuo esperar que las soluciones provengan de este tipo de iniciativas. Porque además sabemos qué esperar de las promesas de “derrame” de este tipo de iniciativas millonarias de empresas como el consorcio Argenpork, Aceitera General Dehesa (AGD), Pacuca-CPS (del Grupo Blaquier), el gigante chino WH Group, la ya mencionada Feng Tian Food, etc.
Además, según informes como los de la organización Erosión, Tecnología, Concentración (ETC), al internalizar los mencionados “costos ocultos” de este tipo de proyectos se concluye que cada dólar generado por la cadena agroindustrial implica el doble en otro tipo de daños derivados que deben asumir la sociedad y el Estado. Es decir, más beneficios para pocos y más daño para muchos.
Desde PPE consideramos que las políticas planificadas desde el Gobierno deberían vincularse más, mediante financiación y asesoramiento, a iniciativas responsables ambientalmente, que apuestan a la producción de alimentos en forma extensiva y a una redistribución de la tierra para quienes estén dispuestxs a trabajarla y cuidarla. Por eso consideramos necesaria y viable una política de créditos a la Agricultura Familiar, Campesina e indígena para ampliar un abanico de puestos de trabajo dignos y horizontales, fomentando el arraigo y la sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¡Por un campo organizado y gestionado por quienes lo trabajan!
Es hora de crear fuentes de trabajo genuinas, inclusivas y sustentables para producciones en las que el agregado de valor dependa del trabajo y no de las especulaciones de grandes pulpos financieros, farmacológicos o agroindustriales. La salida a esta crisis es una oportunidad para repensar la producción alimentaria de conjunto, desde una mirada que tenga en cuenta parámetros vinculados con la salud y la vida de lxs trabajadorxs y las poblaciones, además del cuidado integral del medio ambiente.