El paro patronal agropecuario más extenso y salvaje de la historia argentina puso en evidencia la presencia de sectores en nada minoritarios, y extremadamente reaccionarios, que sencillamente aspiran a otro gobierno, otra política económica y otro modelo de país, sin retenciones ni subsidios ni ninguna otra política «distorsiva», como mantener un nivel de tipo de cambio alto, fijar retenciones o cosas por el estilo. Son los sectores que gritan por Canal 13 y TN, con soberbia e ignorancia, que Argentina depende del campo y que lomejor que le podría pasar al país sería el retorno del modelo agroexportador, aunque ahora basado en la soja. Como dijo el inefable De Angeli: el problema no es la política agropecuaria ni las retenciones, el problema es el modelo económico y el gobierno mismo. ¿Cómo sería ese modelo de país agroexportador, agropecuario y «federal»?
El sector agropecuario no es el sector que más produce ni el que agrega más valor. En 2007 el conjunto del sector (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) aportó apenas el 5,3 por ciento del PBI. En suma, es el octavo sector económico en importancia dentro de la economía argentina. Entre 2002 y 2007, el «campo» aportó solo el 3,7 por ciento del crecimiento económico global ocurrido en el periodo. Hay que decir, sin embargo, que el«campo» es un sector privilegiado desde el punto de vista tributario. Aunque se aduce sin pruebas que las retenciones afectaron su rentabilidad, en 2007, del total del impuesto a las ganancias, el sector agropecuario aportó el cuatro por ciento (¡con bonanza récord!).
La industria, por ejemplo, pagó nueve mil millones, que representan el 35 por ciento.
Desde el punto de vista de la generación de empleo, las cosas no son diferentes. Mientras en el primer trimestre de este año la industria empleó a 1.256.000 personas, la construcción hizo lo mismo con 433 mil personas. El comercio (minorista y mayorista) ocupaba a 991 mil trabajadores, el transporte y almacenamiento unos 501 mil y los servicios sociales, enseñanza y salud privados reunían a 697 mil empleados. En abierto contraste, el conjunto del sector agropecuario (agricultura, ganadería,caza y silvicultura) ocupaba tan solo 337 mil argentinos, pero mantenía el récord de empleo en negro con cifras de informalidad laboral cercanas al setenta por ciento y los salarios más bajos de la economía. Dado que el agro emplea menos trabajadores y les paga menos en promedio que la industria, el resultado es que la proporción del valor agregado que va a las ganancias del empresario es mucho mayor en el campo que en la industria. Significa, por ende, que el «campo» evade mucho más.
Si se eliminaran las retenciones, la inflación interna se aceleraría rápidamente reduciendo el tipo de cambio en términos reales (apreciación de la moneda local), y llevando a una caída progresiva del valor obtenido por los exportadores. Por ende, los productores de soja, que durante cien días mantuvieron las rutas cortadas rebelándose contra las retenciones, recibirían un precio por su producción aun menor del que hoy reciben con retenciones. Esto puede resultar paradójico solo para los interesados o para los ignorantes. En tiempos del menemismo, el sector agropecuario aplaudió la anulación de las retenciones y al final de la década 88 mil productores habían quebrado. Otros tantos permanecieron endeudados, al borde de la quiebra, hasta que los salvó la devaluación.
Respecto de la soja, aun con su continuo y sostenido avance en la superficie sembrada, las cosas no son mejores: es un tipo de producción que requiere aun menos empleo que el promedio del sector agropecuario y que agrega aun menos valor. El único justificativo de su existencia es que proporciona beneficios extraordinarios a quienes la siembran. Eso se aprecia claramente con lo que está sucediendo con el sistema de reintegros para los denominados pequeños productores de soja, girasol, trigo y maíz. Se presentaron nomás de 350 productores de un universo de más de 64 mil.
En verdad esas compensaciones son una concesión política dictada por razones de fuerza, pero son un error desde el punto de vista de la lógica que guía al sistema de retenciones, que está apuntado sencillamente a desalentarla producción de soja para favorecer la diversificación productiva en el campo. Esas compensaciones suman 500 millones de pesos que serían distribuidos entre productores, los cuales aun los más pequeños se ubican en la franja superior de la pirámide de ingresos.
Más que la anulación de las retenciones, los pequeños productores necesitan asistencia estatal para comprar insumos a precios razonables, acceder a arrendamientos normales y mejorar sus condiciones de negociación a la hora de comprar y vender. Nada de eso se obtendrá luchando al lado de la Sociedad Rural y de CRA. Las decenas de miles de productores sojeros que no reclamaron las compensaciones no lo hicieron porque en buena medida la mayoría de ellos opera en negro y les resulta más rentable hacerlo así que «blanquearse» y solicitar las compensaciones. En cualquier caso, quien así actúa demuestra que está lejos de ser afectado seriamente por el aumento de las retenciones.
Las compensaciones que los productores sojeros no quieren aceptar podrían así ser reasignadas a los grupos de la población que sí padecen verdaderas urgencias. Por ejemplo, los 500 millones de pesos rechazados por las entidades agropecuarias podrían destinarse a atender situaciones de indigencia, y a paliar los efectos del locaut agropecuario en el sensible mercado de los alimentos, cuyos precios aumentaron en promedio 23,2 por ciento y que afectan precisamente a los grupos sociales más empobrecidos. Antes del paro patronal del campo, los medios se dedicaban a sacar cuentas del crecimiento de los precios y su impacto en la pobreza. La noticia de que porcada punto de aumento de la canasta básica de alimentos cien mil personas caían en la indigencia era un elemento común del paisaje mediático. Esos cálculos han desaparecido de los medios en estos días de aceleración rápida de la inflación gracias a los cortes de rutas y frente a lo cual los grupos más vulnerables no tienen defensa. A los grandes medios y al «campo» eso no les interesa, como tampoco les importa quién va a dar empleo, pagar impuestos y producir en gran escala en el imposible país «federal y agroexportador» que ingenuamente añoran.