La medida adoptada por el Ejecutivo de la Ciudad es una nueva proyección del pensamiento conservador tradicional que sigue reaccionando defensivamente toda vez que –como, en el caso, lo hace el Dr. Gallardo- se pretenda descorrer el velo de la naturalización de una sociedad de desiguales en la que los derechos ejercidos por unos implican la cosificación de los que otros que quedan excluidos.
Repudiamos la actitud del Ejecutivo de la Ciudad por resultar manifiestamente destituyente de las exigencias y valores mínimos consagrados constitucionalmente. Los DDHH receptados en las normas son pisos indeclinables que ordenan su concreción y superación. La división de poderes y el control jurisdiccional no son un diseño meramente académico.
Hoy, constitucionalmente, responden al único sentido que puede tener una sociedad que se precie de democrática: el efectivo ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los habitantes. Quede en claro esta denuncia: la maniobra del Ejecutivo de la Ciudad no sólo atenta contra la independencia del juez Gallardo. Se alza contra la independencia del Poder Judicial como garante de la efectivización de los DDHH. Hace visible que, quien se aparta del modelo de exclusión, será disciplinado.
La actitud asumida contra el juez Gallardo no es sólo una alternativa de las tantas viables en un procedimiento jurisdiccional contencioso. Se proyecta como mensaje a quienes aún esperan que se realice la justicia social proclamada en la norma. Más aún, quienes luchan por su concreción. Las recusaciones hechas al Dr. Gallardo hacen docencia para recordarnos que el poder reacciona intempestivamente frente a la posibilidad de control y denuncia de sus actos lesivos. Eso es, históricamente, parte del conflicto real.
Lejos de adaptarnos o asumir la resignación pretendida, exigimos que la administración de la Ciudad deje sin efecto las inicuas interferencias generadas por las recusaciones antedichas o, en su defecto, los tribunales llamados a resolverlas desmantelen rápidamente las maniobras procesales planteadas, en resguardo y afianzamiento urgentes de la institucionalidad de la Ciudad, puesta en crisis por estamentos ejecutivos y administrativos del Gobierno que, con su accionar, han hecho de dicha institucionalidad una burla, pretendiendo hacer de los DDHH meros derechos de papel.
FUNDACION DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y POLITICAS (FISYP)