Red Eco
Esta semana, por decreto 2010/09 de necesidad y urgencia, la presidente Cristina Fernández creó el “Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad” con el que estarán disponibles casi 6.600 millones de dólares de las reservas para pagar deuda durante el próximo año.
Si lo calculamos a la cotización actual del dólar, se trata de poco más de 25.000 millones de pesos. Ese dinero no sólo es más del doble de lo que el gobierno destinó a la Asignación Universal por Hijo sino que, además, con una cifra de esa envergadura, se calcula que podrían construirse 260 mil viviendas populares.
Los argumentos esgrimidos por la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Economía Amado Boudou, se basan fundamentalmente en la necesidad de que Argentina vuelva a insertarse en el mercado mundial del crédito. Conseguir financiamiento –y a tasas más bajas – tanto para el sector público como para el capital privado e incentivar inversiones extranjeras son los objetivos. Certidumbre, previsibilidad, seguridad jurídica, todas palabras que formaron parte del discurso gubernamental a la hora de dar una clara señal de que el Fondo Bicentenario es la garantía de cancelación a los acreedores externos.
El economista Julio Gambina plantea que el objetivo de este Fondo es garantizarle a los acreedores externos que van a cobrar. “La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina”, afirma el docente universitario y presidente de la FISYP.
Si analizamos en qué sectores esta medida repercutió positivamente podemos tener una idea de quienes son en realidad los más favorecidos. Las acciones de las 14 empresas líderes de la Bolsa porteña subieron ante el anuncio, especialmente las del sector bancario. Curiosamente este es el sector que obtuvo altas rentabilidades, según los datos de las operaciones del último trimestre. Algunos ejemplos: el Galicia ganó 47 millones de pesos, el Hipotecario 118.5 millones, el Ciudad de Buenos Aires 48.8 millones que significa cinco veces más a igual período del año anterior. Si el sector celebra que con esta medida se puedan abrir puertas para obtener crédito nos preguntamos qué hacen con el dinero que ganan cuando deberían justamente volcarlo al mercado del crédito.
Durante esta semana se pudo escuchar a periodistas económicos de las corporaciones mediáticas cuestionar esta medida, pero no porque se trate de una deuda que en gran parte es de dudosa legitimidad sino porque se utilizarán reservas para hacer los pagos. Y en sintonía, el titular del bloque de diputados del derechista PRO, Federico Pinedo, se mostró preocupado porque “las reservas del Banco Central son del pueblo y no del gobierno”.
En realidad no sorprende esta medida. La política respecto al teórico “desendeudamiento” viene desarrollándose desde el gobierno de Néstor Kirchner y continúa en la actual gestión de su esposa.
Veamos algunos datos. En 2005 se realizó el canje de deuda en cesación de pago con una importante quita en ese momento, pero que – como el cáncer – la nueva deuda se volvió a regenerar hasta alcanzar montos similares en la actualidad. En 2006 el gobierno canceló anticipadamente al FMI lo que se le adeudaba (9.500 millones de dólares). Durante este año se destinó al pago de deuda la friolera de 20.000 millones de dólares y para el 2010 los vencimientos son por 13.000 millones de la moneda norteamericana. A todo esto hay que agregarle los diferentes bonos que se fueron emitiendo que generan compromisos para futuras – y no tan futuras – generaciones. El presupuesto para el año próximo destina para cancelar servicios de la deuda una cifra casi similar al contemplado para salud y educación.
Decimos que el “desendeudamiento” es teórico porque a pesar de todos esos pagos la deuda aumentó de 120.000 millones de dólares en 2005 a 140.000 (según las cifras oficiales y las más conservadoras).
Por suerte, hay quienes siguen peleando por la ilegitimidad de la deuda y para evitar que sigamos pagándola. Así, la semana próxima se presentará un recurso de amparo para frenar el pago de la deuda con el Club de Paris (por 6.700 millones de dólares) y preparan otro para impedir el canje de deuda de los bonistas “holdouts” (por otros 30.000 millones).
El recurso sería presentado en el Juzgado Nº 2 del juez Martínez de Giorgi, que es quien tiene a su cargo el proceso de investigación del endeudamiento externo desde 1983 hasta 2006.
El planteo ante la justicia es que la deuda con el Club de París fue contraída totalmente durante el anterior proceso militar, que concluyó en 1983, y que además hay sentencias dictadas por jueces que declararon ilegal parte de la deuda externa argentina. Entre los fundamentos del pedido se sostiene que se busca impedir “la consumación de un acto que convalidará la legitimidad de una deuda, que es materia de investigación por la Justicia federal penal” y pide que se ordene al Poder Ejecutivo nacional, que “suspenda cualquier tipo de negociación, hasta tanto la justicia no se expida sobre la procedencia de las obligaciones que son materia de investigación”.
El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que la creación de este Fondo “le permitirá al gobierno concentrase en la definición de los temas sociales y a consolidar el mercado interno”.
Se retoma en este plano la fracasada y nunca concretada “teoría del derrame”. La lógica de que pagar la deuda abrirá las puertas al crédito, el cual automáticamente será volcado a la actividad productiva, que a su vez creará puestos de trabajo y/o mejorará la demanda salarial y por ende incrementará la demanda interna, resultando, al final de esta cadena, más trabajo, mejor remuneraciones y reactivación, no la hemos visto en los primeros años del gobierno kirchnerista donde la economía creció al 9 por ciento anual.
Y luego de esos años de “bonanza”, en especial para el capital, tenemos hoy: jubilados que no cobran ni siquiera la canasta familiar considerada de pobreza, 13 millones de pobres (32.5 por ciento de la población), casi 6 millones de indigentes, 2.5 millones de trabajadores desocupados y subocupados, un 40 por ciento de trabajadores informales (que cobran en negro sin gozar de protección social, ni de cobertura de salud) y el 10 por ciento de la población más rica que gana 26 veces más que el 10 por ciento más pobre.
Por todo esto es poco feliz haberle dado el nombre de Bicentenario a este fondo.
Porque nuestra idea del bicentenario de la independencia no esta asociada al “desendeudamiento y la estabilidad”, tal como le han puesto de apellido. El Bicentenario no está asociado a que el capital privado que siempre ha ganado – en mayor o menor grado – siga siendo el destinatario primario de las medidas de gobierno que lo favorecen siempre. Para nosotros, los 200 años de la Revolución de Mayo se asocian a terminar con la pobreza y la indigencia, con trabajo y salarios dignos, con salud, educación y vivienda garantizadas para el pueblo, con nuestros jóvenes no perseguidos por códigos contravencionales o alcanzados por el gatillo fácil sino con perspectivas de futuro.