Cómo pasar de la consigna a la construcción de un nuevo pacto social
Verónika Mendoza, quien fue congresista y candidata a presidenta por Nuevo Perú, hizo llegar a Huella del Sur este artículo en el que se refiere a la “crisis de régimen, política, social y económica, luego de un intenso ciclo de movilizaciones ciudadanas -y la consecutiva represión letal por parte del Estado”, en un año que estará marcado por otra destitución de un Presidente y múltiples elecciones, ante las cuales “la ciudadanía mantiene una actitud distante marcada ya sea por la indiferencia o el hartazgo o los dos a la vez”. Subrayando la necesidad de cambiar el sistema.
Cabe destacar que el trabajo fue publicado originalmente en la Revista Nuestro Sur año 2/n° 2, 2026, de reciente difusión.
Elecciones 2026: ¿Cambiar de títere del sistema o cambiar de sistema?
El año 2026 el Perú atravesará múltiples procesos electorales: en abril, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la elección de los representantes al Parlamento andino, a la Cámara de senadores y a la Cámara de diputados; en junio la segunda vuelta de las presidenciales; y en octubre y noviembre la primera y segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, respectivamente. Esto en medio de una profunda crisis de régimen, política, social y económica, y luego de un intenso ciclo de movilizaciones ciudadanas -y la consecutiva represión letal por parte del Estado- que, entre otras banderas, reclamaban “nuevas elecciones”. Todo indicaría que este será un año intenso y convulso en términos políticos, pero, si bien es cierto, los partidos políticos están afanosos intentando ordenar sus filas y posicionar su marca, por su lado, la ciudadanía mantiene una actitud distante marcada ya sea por la indiferencia o el hartazgo o los dos a la vez.i
Varios factores explican esta distancia. La hiperfragmentación y el ch’arwi ii ideológico, como diríamos en Cusco, son dos de ellos. Con 36 listas de candidatos nacionales en carreraiii, sucesivas exclusiones y reposiciones de candidatos, alianzas, rupturas, pases, etc., resulta difícil percibir algo más que una maraña de nombres y logos y saber quién es quién y qué representa en este proceso electoral. Pero más allá del actual show electoral, hay un malestar profundo con el propio Estado y la propia democracia. No en vano, durante las protestas de diciembre 2022-marzo 2023, la frase más coreada – literalmente- fue “esta democracia ya no es democracia”.
¿Qué expectativa se puede tener frente a un Estado que nos dejó morir en pandemia (fuimos el país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo), que no solo no hace nada para frenar la delincuencia creciente, sino que la promueve con leyes a favor -sí, a favor- de la impunidad y el crimeniv? ¿Qué esperanza se puede tener frente a un Estado que no apoya las economías regionales y familiares y, por el contrario, aparece solo para ponerles trabas administrativas y tributarias, mientras sí les da facilidades y millonarias exoneraciones tributarias a grandes grupos de poder económico? ¿Qué expectativa se puede tener frente a la democracia si hoy gobiernan quienes perdieron las elecciones? ¿Si quienes están en el Parlamento, supuesto depositario de la voz del pueblo, están abocados a defender sus negocios e impunidades y ya ni siquiera hacen “la finta” de escuchar al pueblo cuando este se moviliza, sino que, por el contrario, mandan a reprimirlo a sangre y fuego?
En este contexto y con el antecedente de haber cambiado de presidente 7 veces en menos de una década sin que con ello la situación mejorara sino, por el contrario, se fuera degradando cada vez más, la ciudadanía percibe también que estas elecciones no van a resolver la crisis en curso y que, una vez más, apenas cambiaremos de títere ocasional de quienes realmente manejan el país tras bambalinasv. La crisis que hoy atraviesa el país es tan profunda que no se puede resolver solo cambiando de “figuritas”. No es una crisis de gobernabilidad, es una crisis de régimen y la ciudadanía lo percibe, por ello es por lo que, durante las movilizaciones en el marco del estallido, la consigna de “nueva constitución” también tuvo un lugar preponderante. Incluso las encuestas – aunque por lo general reticentes a preguntar sobre este tema- dan cuenta de que más del 80% de la población está a favor de una nueva constitución o al menos algunos cambios a la Constitución actualvi. La salida a la crisis no será electoral sino constituyente.
También es cierto que la idea de una nueva constitución ha sido tan manida de un lado y de otro, que, aunque haya una amplia conciencia de que se necesita una, no existe -aún- un movimiento propiamente dicho que esté encauzando esta demanda. Desde el lado de los actores políticos que defienden el sistema, se ha sostenido una campaña de demonización o ridiculización contra la idea de una nueva constitución y, desde el lado de los actores políticos que sí plantean un cambio de fondo, ha habido arengas, pero sin mucha claridad política sobre lo que este proceso demanda ni real compromiso de impulsarlo. Incluso, hemos visto cómo algunas organizaciones que se reclaman de izquierda y plantean una nueva constitución como slogan de campaña electoral, antes se han dedicado a sabotear toda posibilidad de articulación político-social en torno a esta demanda o la han usado solo como sello de certificación de “verdadera izquierda” sin interesarse realmente por construir una propuesta colectiva. Así, por ejemplo, al inicio del gobierno de Pedro Castillo, cuando aún rebosaba el entusiasmo postelectoral y desde el “Frente nacional por la democracia” que agrupaba a las organizaciones sociales y políticas favorables al cambio, se planteó un proceso conjunto de recolección de firmas para un referéndum que consultara a la ciudadanía si estaba a favor o no de una nueva constitución, Perú Libre saboteó el proceso adquiriendo por fuera del espacio su propio kit de recolección de firmas al que, dicho sea de paso, nunca le dio importancia real, dado que, para ellos, como lo dijera un connotado dirigente perulibrista en una reunión con el propio expresidente Castillo, “lo de la nueva constitución es solo para la agitación”.
Pero los ataques de un lado y las sinuosidades o traiciones del otro no quitan la imperiosa necesidad de un cambio de fondo, de construir un nuevo pacto social. No podemos permitir que prevalezca el pacto de los mafiosos que hoy han secuestrado nuestras instituciones para destruirlas, rematar nuestras riquezas y perpetuarse en el poder.
Por ello, desde Nuestro Sur, para contribuir a una discusión real y una construcción participativa de este nuevo pacto social, impulsamos una serie de iniciativas de debate y formación sobre las razones, condiciones y caminos de un proceso constituyente. Entre el 2023 y el 2024 desarrollamos diversos talleres constituyentes regionales y macrorregionales que nos permitieron construir colectivamente una reflexión que estamos compartiendo a través de los Cuadernos constituyentesvii. El presente texto recoge parte de dicha reflexión para seguir alentando la construcción de ese nuevo pacto social que tomará algunos años más pero que, quizás, los procesos electorales del 2026 pueden acelerar.
Para ello, primero debemos ponernos de acuerdo sobre qué es una nueva constitución, una pregunta que puede parecer ociosa para algunos, pero no lo es.
¿Qué es y para qué queremos una nueva constitución?
No, una nueva constitución no es un monstruo que va a destruir nuestras instituciones democráticas y a generar caos, eso ya lo hizo el neoliberalismo, primero sutilmente en su modalidad “democrática” y ahora descaradamente en su modalidad mafiosa. No, tampoco es una varita mágica que va a resolver todos los problemas del país de la noche a la mañana.
Desde los defensores del statu quo suelen decir que quienes queremos una nueva constitución no tenemos ni idea de para qué, e incluso desde los sectores favorables al cambio se refuerza la idea de que mientras no tengamos una propuesta de nuevo texto constitucional no podemos avanzar. Ciertamente, como nos lo han enseñado en el colegio, una constitución es la norma suprema del Estado, la “carta magna”, la “ley de leyes” que establece la organización del Estado, las normas directrices que rigen el país y los derechos y deberes de las personas. Pero, ojo, un conjunto de connotados especialistas podría escribir el mejor texto posible, y no sería más que “letra muerta” si la ciudadanía no lo conoce ni asume como suyo.
Por supuesto que es importante definir con claridad el nuevo marco normativo al que aspiramos, pero una nueva constitución es, sobre todo, un nuevo pacto político y social. Es decir, es un gran acuerdo de los diversos sectores de la sociedad sobre cuáles son los valores, las reglas y las instituciones que van a ordenar nuestra vida colectiva. Y antes que quedar escrito en un papel, es más importante que ese acuerdo impregne las aspiraciones de las personas y, mejor aún, empiece a expresarse a través de sus prácticas.
En el Cuaderno constituyente 2: “¿Para qué queremos una nueva constitución/nuevo pacto social?” desarrollamos algunos contenidos con relación a qué tipo de sociedad, de Estado, de economía y de relación con la naturaleza queremos. Retomamos a continuación algunas de esas ideas.
Frente al neoliberalismo consagrado en la Constitución del 93 que pone al dinero por delante de la vida y la dignidad, queremos un nuevo pacto social fundamentado en los siguientes principios: la dignidad humana, la justicia social, la justicia ecológica y el pluralismo (político, económico, cultural y jurídico).
Es decir, frente a una falsa libertad solo para el que tiene dinero, queremos libertad para que todas y todos puedan realizar sus sueños, es decir justicia social. Frente a la lógica del “sálvese quien pueda” y de un Estado que no interviene ni planifica (limitado a un rol subsidiario), dejando que avance la precariedad, el caos y la violencia; se necesita solidaridad y un Estado social activo que planifique, ponga orden y cuide. Frente a una lógica que lo convierte todo en mercancía – la cultura, los derechos, la naturaleza y hasta las personas-, se necesita poner a las personas y su dignidad en el centro. Frente a la discriminación, se necesita reconocer la pluralidad de lenguas, culturas, formas de economía, justicia, etc. que hay en nuestro país.
En el marco de estos principios fundamentales, es necesario definir, por ejemplo, una nueva distribución del poder, más aún ahora que la coalición mafiosa ha constituido un régimen parlamentario en el que el Congreso – y próximamente el Senado- concentra el poder y “hace y deshace” sin mayor controlviii. Es indispensable, entonces, hacer cambios en el régimen de gobierno para restituir el equilibrio y el control indispensable entre poderes. Por ejemplo, se debe precisar en qué condiciones el Congreso puede vacar un presidente. Así mismo, restituir la potestad del presidente de plantear cuestión de confianza sobre las políticas públicas que considere esenciales para su gobierno y que, si el Congreso lo bloquea dos veces, el presidente pueda cerrar constitucionalmente el Congreso. También es necesario establecer que el Poder Judicial pueda revisar las decisiones del Congreso si estas van en contra de la Constitución.
También es necesario hacer cambios en el régimen político, es decir, mejorar las formas en las que se relacionan la sociedad y el Estado, restituyendo, por ejemplo, el derecho de la ciudadanía a plantear un referéndum para hacer cambios a la Constitución; o mejorando la representación de los territorios en el Poder Legislativo para que no haya representantes solo de las élites o capitales de departamento sino de los diversos territorios, incluyendo los más rurales y alejados de los centros de poder. Mejorar el régimen político implican también: – otorgarle más poder a los Gobiernos Regionales y Locales de la mano de más mecanismos de participación ciudadana y de fiscalización, estableciendo, por ejemplo, la obligatoriedad de la política de ordenamiento territorial o de la aplicación de los presupuestos participativos; – darle más poder de decisión sobre el territorio a las comunidades campesinas y amazónicas, eventualmente, la posibilidad de gestionar presupuesto propio para algunas actividades o servicios; – proteger el derecho a la protesta que es el mecanismo más inmediato de participación política de la ciudadanía y una manera eficaz de fiscalizar a las autoridades o conquistar derechos.
Pero el poder es también económico, mediático o militar y estos poderes también deben ser regulados y fiscalizados para evitar abusos. En el caso del poder económico la Constitución actual considera a la inversión privada como el principal motor de la economía (artículo 58) por encima del trabajo y los trabajadores y trabajadoras y del propio Estado que queda limitado a un rol subsidiario (artículo 60). Por ello, si bien hubo crecimiento económico durante el boom de los precios de los minerales (2003-2014), siempre fue de manera desigual y caótica, a costa de debilitar las instituciones, contaminar la naturaleza, reducir oportunidades y derechos en el trabajo, generar precariedad e informalidad que han ido degenerando cada vez más en violencia.
Necesitamos, entonces, un nuevo pacto social que reconozca al trabajo, a los trabajadores y trabajadoras como principal motor de la economía. Necesitamos una economía al servicio de la gente, diversificada, que no dependa solo de los precios de los minerales en el mercado internacional, que genere trabajo digno y que no deprede ni contamine la naturaleza. Necesitamos para ello un Estado que:
– promueva el libre mercado, pero intervenga para asegurar condiciones de competencia justa, planificar y orientar el desarrollo económico en función de los intereses nacionales y el bienestar de la ciudadanía; – garantice una política social fuerte para corregir desigualdades y garantizar derechos;
– decida soberanamente cómo, cuándo y para qué usar nuestras riquezas priorizando el desarrollo nacional y el bienestar de las familias peruanas y, de ser necesario, renegocie contratos en función del interés nacional.
En cuanto a los derechos, es importante restablecer algunos que ya antes estuvieron constitucionalmente reconocidos, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, que sí estaba desarrollado en la Constitución del 79 y que Fujimori “borró” para dejarnos a merced del caos, el negociazo inmobiliario o el tráfico de terrenos. Explicitar algunos que en teoría sí están protegidos por el marco constitucional, pero al no estar escritos en la Constitución terminan siendo desconocidos por las propias instituciones que deberían garantizarlos, por ejemplo, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas o el derecho a la protesta. Así mismo, incorporar nuevos derechos en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de nuestros tiempos: el derecho al cuidado, los derechos digitales o el derecho a la verdad. Y en el caso de aquellos que en teoría están reconocidos por la Constitución del 93 -salud, educación, etc.- aunque se haga énfasis en el “libre acceso” antes que, en la obligación del Estado de garantizar su ejercicio, hace falta, precisamente, establecer garantías institucionales presupuestales y de participaciónix.
También es fundamental que se reconozca a todos los sectores de la población y, por ende, sus respectivos derechos. No es posible que en pleno siglo XXI la Constitución no mencione a los jóvenes, ni a los pueblos indígenas, ni a las personas LGTBIQ y que solo mencione una vez la palabra mujer (y en el artículo relacionado al matrimonio, ¡como si la mujer solo existiese en su condición de esposa!). Necesitamos una constitución que nos reconozca a todas y todos, que reconozca nuestra diversidad de lenguas, culturas y naciones. Al respecto, incluso entre quienes están a favor de una nueva constitución existen dudas y discrepancias sobre la posibilidad de reconocernos como un Estado plurinacional. Cabe señalar que esto no implica desconocer la integridad territorial ni la unidad política del Estado. Tampoco se trata de una vuelta al pasado o una reminiscencia nostálgica. Asociar lo indígena al pasado es caer en un esencialismo fácil; lo indígena en nuestro país está vivo y, por lo tanto, en permanente adaptación y recreación. Por supuesto, siempre hay un riesgo de fetichizar lo indígena o cualquier otra identidad particular e instigar con ello la fragmentación cuando, por el contrario, se necesita articular a esas diversas identidades y sectores poniendo en evidencia que los une la misma exclusión por parte del Estado y las élites gobernantes. Pero articularlos no debe significar homogeneizarlos sino, reconocer sus particularidades culturales, sociales y económicas, y reconocerlos como ciudadanos con iguales derechos y deberes en un Estado plurinacional y descentralizado, asunto que va mucho más allá de cuotas electorales o escaños reservados sino que tiene que ver con garantizar políticas sociales interculturales, poder de decisión sobre los territorios y los bienes comunes que se encuentre en estos, eventualmente presupuestos propios, etc. ¿Qué tipo de representación política y qué tipo de instituciones corresponderían a un Estado plurinacional? Dependerá de la voluntad política, cohesión y nivel de hegemonía que pueda construir el sujeto político correspondiente, y no de alguna “bajada de línea” academicistax.
La lista de asuntos a ser considerados en un nuevo pacto social podría continuar en una decena de páginas más, pero cerraremos esta pequeña muestra señalando que el concepto de naturaleza no aparece ni una sola vez en la Constitución del 93, tampoco la crisis climática, a pesar de que somos un país con una gran biodiversidad –concepto que tampoco es mencionado en dicha Constitución- y, a la vez, uno de los más vulnerables a la crisis climática. Urge, entonces, un nuevo pacto social que le dé prioridad al cuidado de la naturaleza y de la vida o incluso, reconozca a la propia naturaleza como sujeto de derechos, tal como lo hacen las constituciones de Bolivia o Ecuador.
Cabe recordar, una vez más, que no se trata única ni principalmente de que todo esto quede escrito en un nuevo texto constitucional, sino que sea sentido común, que sea ampliamente asumido y defendido por la mayoría de peruanas y peruanos. Nueva constitución, ¿ha llegado el momento o hay temas más urgentes? Para ir cerrando este breve trailer de lo que será la película constituyente quisiéramos poner sobre la mesa dos temas que generan cierta polémica entre quienes estamos a favor de un nuevo pacto social: ¿Es este el momento de exigir una nueva constitución? ¿La manera de hacerlo es plantear una Asamblea constituyente?
Sobre lo primero, existe la idea de que, si bien una nueva constitución es importante, “el pueblo tiene necesidades más urgentes como llegar a fin de mes con algo en el bolsillo y sobrevivir a la delincuencia y al crimen organizado”. Se plantea aquí una falsa dicotomía, primero porque empezar a resolver lo urgente en el corto plazo no impide que, al mismo tiempo, se vaya resolviendo lo importante y con perspectiva de largo plazo y, segundo, porque el problema económico y la inseguridad ciudadana, para continuar con esos dos ejemplos, tienen que ver con medidas concretas, pero también con políticas de largo plazo y con el marco constitucional o pacto social. Veamos.
Como lo señalamos líneas arriba y lo desarrollamos en el Cuaderno constituyente 1 (pp. 4-6), con el modelo neoliberal consagrado en la Constitución del 93 nuestra economía creció durante el boom de los precios de los minerales (2003-2014), pero siempre de manera desigual y caótica, a costa de debilitar las instituciones, reducir oportunidades y derechos en el trabajo, contaminar la naturaleza y generar precariedad e informalidad. Mientras algunos sectores -como la gran minería o la agroexportación tenían privilegios como millonarias exoneraciones tributarias, otros sectores -como, por ejemplo, la agricultura familiar y campesina-, quedaban abandonados a su suerte, sin ningún apoyo. Por eso es que ahora, 5 años después de la pandemia y a pesar de los altos precios de los minerales en el mercado internacional, no logramos recuperarnos y, como hemos visto, las cifras de pobreza, vulnerabilidad y hambre son muy altas. Esto demuestra que no solo tenemos dificultades coyunturales, sino que se trata de un problema estructural de nuestra economía que es dependiente de la exportación de materias primas sin valor agregado, con baja productividad (sobre todo en las MIPYMESxi y la agricultura familiar que es donde trabaja la mayoría), baja recaudación de impuestos y concentración en pocas empresas (monopolios y oligopolios).
Lo que ocurre con el Banco de la Nación es otro ejemplo de esta aplicación extremista y absurda de la subsidiariedad del Estado: podría ofrecer crédito barato para micro y pequeñas empresas, pero no se le permite competir con el oligopolio de 4 grandes bancos – Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Interbank y Scotiabank- que concentran el 83% del mercado bancario y cobran de las tasas de interés más altas de la regiónxii.
En el último año la situación no ha hecho más que empeorar, con una farra fiscal por parte del Congreso que le pretende regalar S/. 27 mil millones anuales a las grandes empresas en exoneraciones tributarias (de los cuales 2 mil millones anuales corresponden solo a las grandes agroexportadoras)xiii. Además, el presupuesto del Estado se ha reducido en términos reales por primera vez desde 1990, limitando, por ende, sus posibilidades de reactivar la economía con programas de crédito o empleo temporal o con algún paquete de inversión pública en infraestructura que podrían ser eficaces medidas de corto plazo. Todo esto a pesar de que la actual Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni de creación de impuestos.
Por otro lado, para combatir la inseguridad ciudadana también se necesita recursos para, por ejemplo, ampliar, capacitar y equipar dependencias tanto de la Policía como de la Fiscalía especializadas en la lucha contra el crimen. Y así como es imprescindible derogar las leyes procrimen, es necesario cambiar la actual Constitución para devolverle al Ministerio público -autónomo respecto del poder Ejecutivo- la función de indagación preliminar que ha sido encargada a la Policía -dependiente del Poder ejecutivo- por parte del último Congreso. Así mismo, devolverle al Poder Judicial la potestad de revisar las leyes del Congreso si éstas contravienen el marco constitucional. Pero más allá de estas modificaciones específicas y urgentes a la actual Constitución, es indispensable cambiar su núcleo central que pone el lucro por encima de todo y limita al Estado en su capacidad de planificar y poner orden, lo cual ha generado que actividades como la tala o la minería ilegales hayan proliferado sin control. Se ha bloqueado la posibilidad de que el Estado haga ordenamiento territorial en serio, es decir, decidir qué actividades económicas priorizar y dónde, generando caos, conflictos por el territorio y los bienes naturales, además de represión y criminalización hacia quienes protestan en defensa de estos.
Como vemos, los parches y medidas de corto plazo, que sin duda son urgentes y necesarios, no son suficientes para resolver de raíz y de manera sostenida los profundos problemas del país. Se necesita avanzar, al mismo tiempo en la construcción y aplicación de un nuevo pacto social sobre el rol del Estado, las prioridades de la economía, el uso del territorio y nuestros bienes naturales. Las medidas de corto plazo apagan el incendio, pero el nuevo pacto social de largo plazo evita que vuelva a encenderse.
Además de estas razones, otra evidencia de que el actual sistema no da más es que desde el propio poder político y económico empezaron a hacer sus propios cambios a la Constitución del 93 de manera autoritaria porque ya no les resultaba funcional para mantener sus privilegios. De hecho, esa sola imposición e ilegitimidad de los cambios hechos a la Constitución por parte de la coalición mafiosa para su impunidad y negociazos (modificando más de 65 artículos), usurpando el poder constituyente del pueblo, ya es razón suficiente para cambiar una constitución que ya no es la fujimorista sino una peor: la Constitución de la coalición mafiosa que ha secuestrado a nuestro país, está destruyendo la poca institucionalidad que teníamos y despilfarrando nuestras riquezas.
Finalmente, recordemos que la propia ciudadanía ha manifestado reiteradamente en encuestas y calles su hartazgo con este sistema y su demanda de cambio. Aunque por ahora estamos más en un momento destituyente, lo cierto es que el proceso constituyente ya se abrió. Lo que toca es convertir el hartazgo, la rabia o el miedo en esperanza, la crítica en propuesta, la fragmentación en articulación, para pasar de un momento destituyente a un momento constituyente, es decir, ese momento en el cual “se constituye o crea un nuevo orden con nuevas instituciones y nuevas reglas, es decir, se construye un nuevo pacto social”xiv.
El camino a una nueva constitución: ¿procedimiento legal o proceso político social?
Ahora bien, para canalizar y transformar el ánimo destituyente en uno constituyente, ¿una asamblea constituyente es la única manera?
No podemos perder de vista que nuestro objetivo es construir no solo un nuevo texto constitucional -en el papel- sino un nuevo pacto social -en la conciencia colectiva- y que ello solo puede ser resultado de un proceso constituyente que “no es solo una suma de procedimientos legales; es, sobre todo, un proceso social y político. La convocatoria a una asamblea constituyente o la reforma de una constitución por parte del Congreso es solo una etapa de dicho proceso social y político”xv.
La asamblea constituyente, entonces, no es necesariamente el punto de partida ni, dicho sea de paso, el punto de llegada. No podemos simplemente esperar que se convoque una asamblea constituyente. Primero porque esta no va a “caer del cielo”, hay que exigirla y construir las condiciones para que se dé, pero también porque si esperamos la convocatoria a dicha asamblea para recién empezar a dialogar sobre qué necesitamos y queremos que esté en una nueva constitución, probablemente nos cueste mucho ponernos de acuerdo. El diálogo y movilización sobre la nueva constitución debe darse ya: reuniones de trabajo, asambleas, diálogos y entrevistas presenciales y en redes sociales, piquetes informativos, etc. Para empezar a construir ese nuevo pacto social no necesitamos pedirle permiso a nadie ni ningún procedimiento legal que nos habilite. El poder constituyente está en el pueblo soberano y ninguna ley puede limitarlo. Dicho proceso de diálogo y movilización constituyente debe darse antes, durante y después de la asamblea constituyente. Ahora bien, ese mismo proceso podría también encauzarse a través de una reforma integral a la Constitución por parte de un Congreso que represente mínimamente la voluntad ciudadana. Aunque una asamblea constituyente permitiría un espacio y tiempo de debate más amplio, integral y sistemático, los mecanismos que se usen para lograr una nueva constitución dependerán del proceso político y social. No nos confundamos: el mecanismo o la ruta legal es importante, pero lo más importante es el proceso político y social.
Es en esa misma perspectiva que debemos plantearnos la composición de una eventual asamblea constituyente. Hace 5 años atrás cundía el entusiasmo con la idea de la representación de organizaciones sociales y de “independientes”, pero la primera asamblea constituyente chilena -denominada Convención constitucional y que estuvo dominada por una representación de corte corporativistaxvi– tras el estallido de 2019 nos dejó importantes lecciones al respecto. Una nueva constitución no puede ser solo la suma de agendas particulares de sectores igual de particulares, tiene que ser una visión de país, una integralidad política y, por lo tanto, quienes integren una eventual asamblea constituyente, sean representantes del sector que sean, tienen que defender un proyecto político que integre a los demás sectores. Por ello el rol de los partidos políticos es fundamental porque son los espacios en los que se debe canalizar y articular los intereses de los diversos sectores de la sociedad. En el caso de los partidos de izquierda, nos tocará asegurar una representación efectiva de esos diversos sectores, prestando especial atención, por supuesto, a aquellos que nunca fueron tomados en cuenta para estas decisiones: campesinos, indígenas, mujeres, sectores populares, jóvenes, etc., pero asegurando que tengan un proyecto de país. Esto no quita que se implementen mecanismos de cuotas o escaños reservados que den algunas garantías mínimas como, por ejemplo, la paridad de género para que las mujeres –que son el 50% del país- estén adecuadamente representadas, así como la participación de representantes de los pueblos indígenasxvii.
Pero, nuevamente, no todo se define en una asamblea constituyente ni en su composición sino en la hegemonía cultural y política en la sociedad. Para construir dicha hegemonía se necesita un sujeto constituyente y, en estos tiempos de individualismo exacerbado y fragmentación social promovidos por el neoliberalismo y las plataformas digitales donde se multiplican pequeñas “burbujas” casi personales antes que grandes comunidades con intereses afines, ese sujeto será múltiple y diverso. El sujeto político constituyente tendrá que agrupar a diversos sectores sociales, aunque, es posible que alguno de estos tenga mayor peso y capacidad de conducción política en la medida en que logre una hegemonía dentro de este bloque y sea capaz de articular sus diversos intereses. Sin duda, la identidad étnica y cultural tendrá un peso relevante -sino principal-en la configuración de este sujeto político constituyente.
Es tarea, entonces, de las izquierdas y las fuerzas del cambio, aprovechar el proceso electoral para avivar la conciencia ya existente en el pueblo peruano de que este pacto de élites y mafias no da más y de que necesitamos un nuevo pacto social de las mayorías; para plantear qué valores, reglas e instituciones queremos que guíen nuestra sociedad y nuestro Estado; para activar el ánimo constituyente; para contribuir a construir un sujeto constituyente articulando actores y luchas. El poder constituyente es nuestro y no tenemos que pedirle permiso a nadie para ejercerlo.
Notas:
i. Las encuestas realizadas de cara a los últimos procesos electorales dan cuenta de cómo el porcentaje de votantes que no tienen definido su voto o han decidido no votar por ninguno de los candidatos en carrera, ha ido creciendo de una elección a otra. Por otro lado, el porcentaje de intención de voto con el que los candidatos “encabezan” -aunque hoy suene irónico- las encuestas ha ido bajando cada vez más.
ii. Del quechua ch’arwi: enmarañado, enredado, desordenado. Equivalente al uso metafórico de la palabra “ensalada” en castellano para denotar algo enredado y confuso.
iii. A enero de 2026.
iv. Human Rights Watch (2025). “Legislar para la impunidad Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2025/07/peru0725es%20web.pdf
v. Según las encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos, la confianza en que las elecciones ayudarán a mejorar la situación de país se ha reducido: de 52% el 2021 a 43% para las elecciones de 2026 (Instituto de Estudios Peruanos (2026). Informe de opinión de enero de 2026. Encuesta telefónica a nivel nacional. IEP https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/wp-content/uploads/2026/01/IEP-Informe-de-opinion-enero- 2026-informe-completo.pdf).
vi. Nuestro Sur (2025). Cuaderno constituyente 1. pág. 10.
vii. En dicho periodo realizamos 4 talleres constituyentes macrorregionales y 3 talleres regionales con alrededor de 200 participantes de 50 provincias provenientes de 22 regiones, 80 organizaciones sociales y políticas, 14 docentes nacionales y 4 internacionales, todos ellos de diversas generaciones, culturas y experiencias de vida. Como resultado de este proceso, se ha publicado en el año 2025 el Cuaderno constituyente 1: “¿Qué es y por qué necesitamos una nueva constitución/nuevo pacto social?” Para el año 2026 está prevista la publicación de los Cuadernos constituyentes 2 y 3 sobre para qué necesitamos una nueva constitución y cómo construirla, respectivamente.
viii. En la práctica se anuló la posibilidad de que el presidente de la República cierre el Congreso constitucionalmente si este le deniega dos veces la cuestión de confianza, se creó un “Senado todopoderoso” y se limitó la potestad del Poder judicial de revisar las decisiones del Congreso, entre otras reformas. Para mayor detalle ver el Cuaderno constituyente 1.
ix. Para un mayor desarrollo de estos conceptos ver el Cuaderno constituyente 2 de Nuestro Sur.
x. Para una aproximación a la agenda planteada por las propias organizaciones indígenas, ver la Agenda de los pueblos para el Bicentenario (2022). https://www.derechoysociedad.org/wpcontent/ uploads/2022/11/Libro_Agenda_Legislativa_2022.pdf o la Agenda grande de AIDESEP (2022). https://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/Resumen_Ejecutivo-_consolidado- Agenda_Grande_AIDESEP.pdf
xi. Micro, pequeñas y medianas empresas.
xii. Alarcón, L. (2023, 12 de febrero). Oligopolios: docena de mercados dominados por pocos grupos económicos. Ojo público. https://ojo-publico.com/sala-del-poder/oligopolios-peru-docena-mercadosdominadospor-pocas-empresas
xiii. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2025). Estimación potencial de los gastos tributarios 2026. SUNAT (https://mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/Estimacion_Gastos_Tributarios_2026.pdf)
xiv. Nuestro Sur (2025). Cuaderno constituyente 1. p. 28.
xv. Nuestro Sur (2025). Cuaderno constituyente 1. p. 25.
xvi. Por ejemplo, 103 de los 155 miembros de la Convención Constitucional no tenían militancia en la política tradicional. Para un análisis del proceso constituyente chileno ver Titelman, N. y Leighton, T. (2022). “¿Por qué ganó el rechazo a la nueva Constitución chilena?” Nueva Sociedad No 301, septiembre-octubre de 2022. Pp. 4-14- https://static.nuso.org/media/articles/downloads/COY_Titelman_301.pdf
xvii. Para una propuesta de representación indígena en el Parlamento, y que podría adaptarse a una asamblea constituyente, ver Bustamante, M. (2024). (Sub)representación política de los pueblos originarios en el Perú. Una propuesta para escaños reservados en el Congreso peruano. Fundación Friedrich Ebert. https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/21933 Así mismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) han estado trabajando junto al Jurado Nacional de Elecciones una propuesta de distrito electoral indígena, así como otros cambios a la normativa electoral para garantizar la representación política de los pueblos indígenas (https://dar.org.pe/aidesep-y-cna-presentan-agendaconjuntapara-fortalecer-la-participacion-politica-de-los-pueblos-indigenas/)
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/02/26/una-nueva-constitucion-ni-apocalipsis-ni-varita-magica/