Ningún régimen autoritario asciende en soledad. Bibliotecas enteras se han escrito sobre cómo las autocracias no se imponen de un día para otro: avanzan cuando quienes deberían limitar su poder lo legitiman y cuando el avasallamiento sistemático de las instituciones democráticas deja de escandalizar. La historia muestra que el momento decisivo no es solo aquel en el que el autócrata avanza, sino el de quienes, pudiendo frenarlo, eligen acompañarlo o hacerse los distraídos.
El pasado 13 de febrero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional amplió el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, incluyendo dentro de los temas a tratar el reemplazo de la actual Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795, sancionada en 2025). Lo que está en juego en esta discusión no es, como los voceros oficiales afirman, una “alternativa viable” desde una perspectiva fiscal y jurídica a la ley vigente: la aprobación de una nueva ley en estas condiciones significaría la convalidación legislativa del incumplimiento deliberado de una norma vigente y de una orden judicial firme.
Efectivamente, al sancionar un nuevo régimen sin exigir previamente el cumplimiento de la ley vigente, aprobada por amplias mayorías del Congreso, y de la medida cautelar que la respalda, entendemos que el Congreso estaría otorgando legitimación política a una conducta ejecutiva contraria al Estado de Derecho. Por supuesto que, por si fuera poco, la actualización presupuestaria incorporada en el nuevo proyecto profundiza una crisis del sistema universitario que no tiene antecedentes, al menos, en la historia de la democrática reciente. Pero vayamos por partes.
En diciembre de 2025 se conoció un fallo dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº11, en el marco de un amparo colectivo iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en el cual declaró inaplicable la cláusula del Decreto 759/2025 que, al promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, había suspendido su ejecución hasta que el Congreso definiera fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias. Como consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley, y estableció que la cautelar rige hasta que se dicte sentencia definitiva. En otras palabras, el Ejecutivo podía apelar -cosa que en estos días hizo-, pero mientras tanto debía pagar lo que la ley establecía en términos de salarios universitarios y recomposición de becas y presupuestos.
El Ejecutivo no acató ni acata ni la ley vigente ni el fallo judicial. Recordemos algo muy elemental: una medida cautelar debe ser de cumplimiento inmediato en tanto se supone que su incumplimiento produce un daño irreparable. Han pasado casi dos meses desde aquel fallo y el Poder Ejecutivo no ha cumplido nada.
Y, por si no fuera suficiente con lo anterior, los argumentos que el Ejecutivo utiliza para esta flagrante violación del Estado de Derecho, ponen de manifiesto que se trata de una posición deliberadamente autocrática. ¿Por qué? Porque no hay ninguna imposibilidad material para el cumplimiento de la ley en cuestión y la claridad con la que el Ejecutivo lo presenta parece casi una provocación. Veamos.
El 12 de febrero, en la apelación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación, se sostiene, entre otros argumentos más formales que de fondo, que aplicar la norma sin previsión de ingresos afectaría el equilibrio fiscal. En la misma semana en la que el Ejecutivo presentaba dicha apelación, el Congreso aprobaba una ley de modernización laboral cuyo costo, medido en términos del PBI según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), es el doble del que implicaba la Ley de Financiamiento Universitario el año pasado. Y es “apenas” el doble, según el Iaraf, porque el Ejecutivo debió eliminar de su proyecto original —en el marco de las negociaciones con gobernadores— las reducciones en impuestos coparticipables (como el impuesto a las ganancias a las empresas) que figuraban en la iniciativa original del Gobierno.
Es decir: el Gobierno dice que no tiene recursos para cumplir con lo que dice la Ley y la Justicia pero, en la misma semana en que sostiene eso, le propone al Congreso dejar de recaudar casi cuatro veces el costo de aquello para lo cual dice no tener recursos. Total normalidad.
Recordemos otra cosa. Argentina terminó los años 2024 y 2025 con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina —si uno toma para la comparación los últimos datos disponibles que produce la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior—. Es más, de cumplirse la Ley de Financiamiento Universitario, el gasto público en educación superior seguiría ubicándose por debajo del promedio regional.
Un trabajador o trabajadora, docente o nodocente, necesitaría un aumento de casi el 60%, para volver a tener hoy el mismo poder adquisitivo que su ingreso tenía en noviembre de 2023. El Gobierno propone —según ha trascendido—, en su nuevo proyecto de ley, compensar dicha pérdida con un aumento de apenas el 12,4 por ciento que, para colmo, se pagaría en cuatro cuotas entre marzo y septiembre; con una inflación que, en las estimaciones más conservadoras, viene siendo del 3% mensual.
El Gobierno grita que no hay plata. Pero en el presupuesto 2026 la Secretaría de Comunicación y Prensa tiene un presupuesto vigente que es casi tres veces al que se le asigna al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades. Más aún, sólo la Dirección de esa Secretaría tiene asignado un presupuesto que es exactamente el doble al destinado a toda la ciencia universitaria. Estamos hablando del presupuesto para cincuenta mil investigadores e investigadoras del sistema universitario contra el presupuesto de doscientos tuiteros. Nadie que sepa sumar puede argumentar que el recorte al sistema universitario obedece a un problema de falta de recursos.
El Gobierno de Javier Milei ha venido a destruir el sistema universitario y científico argentino. Lejos han quedado los intentos de disfrazar este objetivo con denuncias de “castas”, adoctrinamiento, o algún que otro balbuceo de ese estilo. En dos años no ha presentado una sola denuncia de nada y los datos presupuestarios, que son de acceso público, no dejan lugar a dudas sobre la irrelevancia de la norma vigente en términos de equilibrio fiscal o cualquier cosa parecida. El Gobierno ha venido a destruir el sistema universitario y científico y está dispuesto a llevarse puesto al Congreso y al Poder Judicial. Veremos qué legisladores siguen haciéndose los distraídos.
Los autores son, respectivamente, el rector en ejercicio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la abogada a cargo de la Secretaria Legal y Técnica de la UNGS.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/2026/02/16/legitimar-el-desacato/