La media sanción de la reforma laboral regresiva apunta hacia un triunfo histórico de la clase de los capitalistas. No sólo del gobierno. Sería en vano e incluso perjudicial tratar de menoscabar esa victoria. Peor todavía si se optara por la negación. Sí se impone evaluar las alternativas que se abren.
Los múltiples sentidos del cambio regresivo.
No se trata sólo de “reducción de los costos laborales”, que por cierto es muy gravitante, como cuando convierte en gratuito el despido. Tampoco se remite la reforma a la “pérdida de derechos” de trabajadoras y trabajadores, que marcan enormes retrocesos por cierto.
La normativa en trance de aprobación apunta a devolver a los patrones la plena capacidad para regir las relaciones sociales y técnicas con sus empleados. En el lugar de trabajo, por supuesto, como cuando le da libre albedrío para manejar la jornada laboral. Y fuera del sitio de empleo, como con la discrecionalidad para el otorgamiento de vacaciones. Más poder para el dueño, menos para el trabajador. Es un juego de suma cero.
Pesa el agregado a último momento de un pago disminuido de las licencias por enfermedad o accidente. De nuevo, se bajan costos. Pero sobre todo se le crea al trabajador el imperativo de pensarlo mucho antes de asumir que sufre una dolencia o lesión. Puede quedarse hasta con la mitad de su salario habitual.
Si decide divertirse y sufre un accidente deportivo que se embrome. Sólo cobrará el 50%. Castigo por apartarse de un sendero de vida sólo pensado para estar al servicio de los dueños de la empresa, no para disfrutar de las amistades y el tiempo libre.
En el campo jurídico no sólo apunta a la quita de derechos. También debilita la defensa de los que subsistan. Los tribunales nacionales de trabajo son una pesadilla patronal desde que el entonces secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón los creó en 1944. La nueva ley les quitaría el carácter nacional. Al menos en CABA serían subordinados al poder judicial “porteño”.
Se busca así la desarticulación de una instancia judicial creada bajo el signo de la defensa del trabajador que reconoce la relación de explotación entre patrones y asalariados. O al menos la existencia de una abismal desigualdad de recursos y poderío.
Ante la duda en las pruebas, los juzgados laborales emiten su fallo a favor del obrero (“in dubio pro operario”). Se trata del destierro de ese y otros principios judiciales de protección de los asalariados.
Dentro de un propósito mucho más amplio: Reencauzar a las relaciones laborales dentro del derecho civil y comercial común, una relación mercantil como cualquier otra entre ofertante y demandante de un servicio. Fuera el derecho del trabajo, como objetivo de máxima.
Otra línea presente en la norma es la de ir contra esa “anomalía argentina” que Adolfo Gilly analizó en un artículo de más que justificada fama: La fecunda acción sindical en el lugar de trabajo. Los cuerpos de delegados y comisiones internas en actuación permanente. Las asambleas de fábrica convocadas en horario de trabajo. La imposibilidad de despido de los representantes obreros. No se desarma del todo la “anomalía” en la nueva norma, pero se la restringe de manera significativa. Se lo refuerza con extremadas restricciones para el cumplimiento de una huelga. Todo es “esencial” o, por lo menos, “trascendente”.
Ese es otro terreno en el que las pretensiones derogatorias de las patronales se remontan al primer peronismo. Se hallan hoy en un momento propicio para empezar a lograrlo. Y confluye con el propósito que ya señalamos antes. De recuperación por las direcciones empresarias de la “soberanía” sobre el lugar de trabajo.
Acerca de lo anterior parecería caer de su peso el carácter “antisindical” de la nueva ley. Según y conforme. El embate directo contra el poder corporativo, sobre todo de los grandes sindicatos, quedó por lo menos frenado. Veámoslo con algún detenimiento.
“Nuestros” burócratas.
Las disposiciones que disminuían el aporte patronal a las obras sociales del 5 al 6% y limitaban el cobro de cuotas sindicales “solidarias” a trabajadores y trabajadores sin afiliación al gremio, no entraron al proyecto que finalmente se aprobó en el senado.
Lo que aparece obvio es que se preserva la capacidad de recaudación de los sindicatos, la fuente más directa de su poderío económico. Por la vía directa de las finanzas de la asociación gremial. Y además por medio de la enorme “caja” de las obras sociales.
Es cierto, claro. Pero sería insuficiente si no erróneo evaluarla como una concesión “pragmática” para la votación en el Congreso. Hoy los sindicatos no tienen una influencia considerable sobre las decisiones de los parlamentarios.
El propósito es más estructural. Frente a la idea de desarticulación del poder sindical, de vía libre para un sindicalismo debilitado y disperso, se impuso otra concepción. Querida por al menos una parte de las cámaras empresarias. Y de muy larga data.
Nos referimos al sindicalismo burocrático como “dique de contención” de corrientes combativas e incluso clasistas. Como permanente factor de desmovilización de las bases. Y difusor permanente de una ideología y sobre todo una práctica de conciliación de clases. De adaptación cotidiana a la lógica del capitalismo y sus valores.
Ese poder incluye en lugar destacado el manejo de recursos económicos. Las grandes burocracias llevan varias décadas anudando relaciones con sus afiliados de tipo más “mutualistas” que sindicales en sentido estricto.
La atención médica, el turismo, la ayuda escolar, el club o el campo de deportes para el fin de semana en familia. La capacitación que facilite el ascenso de categoría o el paso a un mayor nivel de calificación. Son servicios que se superponen y sobrepasan la labor sindical. “UPCN: Líder en servicios” promocionaba su labor una conducción.
El gremialismo es así vivido no como herramienta de lucha frente a la patronal sino como instrumento de mejora individual o grupal. También de condiciones más vivibles por fuera del espacio de trabajo. De seguridad frente a contingencias de salud.
Nada de esto es objetable en sí mismo, al contrario. Claro que cuando se lo acompaña con la carencia de democracia sindical, el no funcionamiento gremial en el lugar de trabajo, la actuación de los delegados sobre todo como gestores de trámites individuales, las cosas cambian.
El sentido del vínculo sindical se aleja de la lucha. Incluso apunta a la “colaboración” con los jefes y los patrones. Ambos trabajarían en conjunto para el “beneficio” del trabajador. Siempre que este sea disciplinado y cumplidor. O al menos amigo o protegido de las jerarquías indicadas.
Los indicios van en dirección a que frente al antisindicalismo visceral de “teóricos” como Federico Sturzenegger, primó un antigremialismo selectivo y pragmático. El de aquellos cuyo vínculo o pertenencia orgánica con el gran empresariado es más firme y permanente.
Para muchos ideólogos proempresariales aún late una sensibilidad histórica con raíces claras. El intento de la dictadura de Juan Carlos Onganía de dar lugar a sindicatos localizados y convenios por empresa terminó muy mal para dueños y gerentes. SITRAC-SITRAM exime de mayor comentario.
Las clases dominantes tienen memoria, de eso no hay duda.
Un momento difícil y sus desafíos.
Valga como una primera síntesis que el sentido disciplinador y “apaciguador”, no sólo económico y de plexo jurídico de la reforma es muy relevante. Eso en medio de una derrota de proporciones para la clase trabajadora argentina. La que abarca muchos otros aspectos además de los acá reseñados.
Se integra a la “batalla cultural” de los capitalistas y las derechas. Un combate más profundo y permanente que el que vociferan los comunicadores libertarios. E incluso personajes de mayor fuste como Agustín Laje.
Una brega que se inscribe en una confrontación histórica con décadas de transcurso. Que puede rastrearse en el mundo, en su sentido actual, desde al menos las variadas muestras de crisis de las políticas keynesianas y el Estado de Bienestar. Allá por la década de 1970.
La que observa una temporalidad semejante en nuestro país. Fue la dictadura de 1976 la que encabezó una contraofensiva de proporciones epocales en pos del retroceso del poder de los trabajadores y el derecho laboral. La derrota y el genocidio ampliaron sus posibilidades, sin llegar a permitirle un triunfo pleno.
Hubo otras tentativas desde entonces, todos las conocemos. Con éxitos sólo parciales. La votación del miércoles 11 de febrero marcó un nuevo avance que puede abrir el paso a una nueva época. A caballo de un gobierno radicalizado como nunca en su defensa y promoción del gran capital.
Gestión que no tiene enfrente defensores consecuentes de las condiciones de vida, trabajo y derechos de trabajadores y pobres. Al contrario, la apelación a la justicia social de sus opositores parlamentarios aparece cada vez más desteñida. La plena complicidad del otrora “centro republicano” es cada vez más clara.
La dirigencia burocrática ha optado por la negociación y la autopreservación. No llamó al paro. Convocó a la plaza con cierto desgano. Todo indica que se resigna al debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva si mantiene su poder más o menos intacto en otros terrenos. Y su acceso a otras opciones de “legitimación” que no incluyen la movilización consecuente ni la huelga, como hemos visto.
Organizaciones sociales, sindicalistas de base, partidos y agrupaciones de izquierda, diversas instancias de acción colectiva, se han manifestado en contra y poblaron la plaza el miércoles con persistencia y dignidad.
El gobierno se las compuso para que la imagen de los carros hidrantes, las motos policiales y el estruendo de gases y balas de goma fueran las predominantes. No las de la plaza llena por la protesta. Ahora transita la judicialización, las acusaciones disparatadas de “terrorismo”, la intimidación hacia futuras marchas. Repertorio conocido.
Estamos frente a un proceso de lucha en condiciones difíciles. En lo inmediato, el gobierno fue legitimado en las urnas. Con un alcance más amplio, no puede ignorarse que ha cundido la mentalidad individualista.
Con la consecuente desconfianza hacia la organización, la acción colectiva, la apuesta a proyectos transformadores. Las “ideas de la libertad” tienen por ahora un respaldo extendido. Para algunos armado de entusiasmo, en otros casos con un dejo escéptico.
Quienes apostamos a una sociedad argentina y a un mundo distinto tenemos responsabilidades. En primer lugar la de mostrar en el pensamiento y en la práctica que no sólo existen los individuos y las familias, como sostenía Margaret Thatcher. Y que sí hay alternativa.
Tienen vigencia las consignas contra la reforma laboral a la que se ha llamado con justicia “esclavista”. Y están más vivos que nunca los lemas sobre la burocracia sindical y todos los propiciadores de la resignación y la pasividad.
Con la contraposición de los que abogan por la acción independiente de la clase obrera y el conjunto del pueblo.
Imagen de portada: Radio Nacional de Córdoba.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/02/13/la-reforma-laboral-y-un-triunfo-historico-del-capital/