La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos a la ex presidenta. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación política. Desde vastos sectores que incluyeron a la izquierda se repudió el hecho.
Ha sido proscripta la máxima líder de la fuerza de oposición más poderosa. Lo ha dispuesto un tribunal integrado por tres individuos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad frente a la voluntad popular. No tienen que someterse a la opinión pública, para subrayarlo ni hablan con los medios de comunicación. “Los jueces hablan por sus sentencias”, reza un viejo proverbio. Y estos tres jueces vaya si hablaron en su veredicto del martes 10 de junio. Son la cabeza de un poder al que se supone “independiente” y ratificaron dos sentencias anteriores de tribunales subordinados.
Claro que la corte suprema de justicia está sometida a opiniones, situadas por encima de ellos y de su supuesta “independencia”. Son las de los poderes fácticos. Ésos a quienes nadie vota. Los que no tienen plazos ni divisiones, ni límites para ejercer sus poderes. El poder económico y los grandes medios de comunicación, siempre en interacción, fueron los grandes impulsores y artífices de la ratificación de la condena a la ex presidenta.
Pisaron el acelerador de modo ostensible cuando fracasó el proyecto de “ficha limpia”. Redoblaron el empuje una vez que Cristina Fernández de Kirchner se postuló como candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Ese distrito que alberga millones de argentinas y argentinos, en gran parte pobres y peronistas.
Querían “sacarla de la cancha”. Frustrada la vía legislativa el instrumento apto era uno de esos fallos que el conservadorismo rancio suele calificar de “histórico” y “ejemplarizador”. Decisiones judiciales que no suelen equivocarse en su profundo sentido antidemocrático y su firme vocación antipopular.
Seamos claros, acá no importaron tanto las discusiones jurídicas; la valoración de las pruebas, la interpretación de las leyes, las competencias de las distintas autoridades en relación a los hechos que se juzgan.
Importaba sobre todo impartir la señal de que no hay democracia que valga ni libertades que defender si el poder real decide que alguien no podrá ser votado por el pueblo. Aunque no haya dudas, como en este caso, de que una proporción sustancial de la ciudadanía está dispuesta a hacerlo. Peor aún, justamente por eso. No es una práctica local sino internacional. El antecedente de Lula en Brasil es muy significativo en ese sentido. Los profetas del imperio impulsan y aplauden.
La ex presidenta tiene “deudas” con esos poderes fácticos: La renacionalización de las jubilaciones y de algunas empresas públicas, la ampliación de las políticas sociales, el intento de fijar impuestos más amplios para los exportadores. También durante sus gobiernos se abrieron cauces para el juzgamiento a los genocidas. Y se podría seguir.
Se las quieren hacer pagar. Pero sobre todo “cobrarle” a la mayoría del pueblo argentino. Pretenden vía libre para aplastar el salario, sepultar los derechos obreros, triturar a los sindicatos, destruir el sistema jubilatorio, la salud y la educación públicas. Más allá de los límites y contradicciones de sus gestiones, algunas enormes, CFK no es representativa de ese programa de máxima del gran capital.
Con ella condenada y en prisión (domiciliaria o carcelaria, no es lo esencial) se quiere abrir mejor el cauce para el capital más concentrado. Entre los efectos buscados al servicio de ese fin está el de desmoralizar, atemorizar y dispersar. A todas y todos los que los grandes empresarios tienen enfrente, en acto o en potencia: El conjunto de las clases explotadas, oprimidas y alienadas.
Lo que vendrá.
Es en vano esperar que los de arriba tengan algún límite en el alcance de sus acciones y en la ética que las sostiene. Menos aún en el plano legal. En Argentina hemos asistido a la derogación por decreto de una reforma constitucional y a la aquiescencia de los jueces ante ese acto de barbarie jurídica. Si no se les pone freno desde abajo asistiremos a nuevas y mayores arbitrariedades.
Si no hay resistencia con espíritu de contraofensiva vendrán por todos y todas. Así lo entendieron ayer dirigentes y ciudadanes de a pie que no son kirchneristas y estuvieron firmes a la hora de solidarizarse con la candidata proscripta. Y sobre todo en el repudio a la aberración contenida en el fallo y sus implicaciones políticas.
Si la idea de “gobierno del pueblo” puede recuperar sentido para trabajadores y pobres en nuestro país se impone la lucha contra el sistema como un todo, no sólo frente a sus peores manifestaciones. Lo que no disminuye un ápice la urgencia y la importancia de denunciar esta muestra flagrante de destrucción de la sustancia misma de la democracia.
La historia de la lucha de clases continúa. La de las propensiones indomables del pueblo argentino también. La sentencia de los egregios magistrados no es apelable. En otros planos, las relaciones de poder sí son susceptibles de revertirse.
No se debe permitir ninguna proscripción. Ni reconocer legitimidad a un sistema social y político que las tenga como base.
Foto: France24
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/11/asi-no-hay-democracia-cristina-proscripta/