El seudodebate “más o menos Estado” obtura el análisis crítico de la realidad actual. Y al ensombrecer la reflexión dificulta las respuestas eficaces contra agresiones en curso que tienen al aparato estatal como sujeto activo.
La actual gestión de gobierno no puede ser analizada bajo la premisa de que tiende a un “Estado ausente”. No todo es abandono de responsabilidades, despidos de personal, desmantelamiento de organismos.
Por supuesto que no se entenderían las actuales políticas sin asignarle un lugar importante a esa “retirada” estatal. La que está arropada por el discurso de que será el “mercado” el que asuma las tareas que no deberían ser ejercidas por los aparatos del Estado. Con miras a una mayor libertad económica y a que la burocracia se reduzca a un mínimo, disminuya sus costos. Y allane el camino a la “libertad” cuyo fondo verdadero es la explotación y la alienación.
Difícil es el arribo a una comprensión del proceso en curso si no se percibe un talante muy activo por parte del Estado. La función pública se empeña todo el tiempo en producir nuevas normas, presentar proyectos, activar la discusión pública sobre los temas más diversos.
En lugar destacado, se ocupa de la represión y criminalización de la protesta social. Y lo hace envuelto en una ideología “antiterrorista” y de fortalecimiento institucional de las policías, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. Allí nadie baja ningún gasto. Y se amplían las tareas en materia de “seguridad interior”.
También es afirmativa y movediza la política exterior. Dispuesta a dar vuelta todo lo necesario para producir el alineamiento completo y entusiasta con las posiciones imperiales de EE.UU. Más las políticas destructivas del Estado de Israel.
Allí está además la “batalla cultural”, desplegada con variados recursos del aparato estatal, tanto materiales como simbólicos. De la nutrida vocería presidencial a la “guerrilla informática” dotada con cargos públicos y dinero estatal, son vastos los artefactos entregados a esa tarea.
Para los de abajo no hay libertad. Todo para los de arriba.
Una acción estatal que toma fuerza creciente, es la de intervención sobre las relaciones entre capital y trabajo. No nos referimos acá a las “flexibilizaciones”, como las facilidades para el despido de personal. Sino a las autoridades de la política laboral que interfieren de modo grosero en los convenios colectivos para imponer una pronunciada y continua desvalorización de los salarios.
El mismo Estado que por la mañana tumba la paritaria nacional docente, en gesto de “abstención”, ese mismo día puede “pisar” las negociaciones salariales de los sindicatos más numerosos y gravitantes.
La carga del dogmatismo “anarcocapitalista” no debe confundirnos. El pragmatismo y el intervencionismo tienen su lugar. Claro que siempre a favor de los intereses del gran capital, para proteger sus ganancias y sus inversiones, reales o ficticias. Javier Milei y su elenco se proponen construir una economía asentada en la producción primaria y los servicios. Y se dedican a favorecerla más por acción que por omisión.
En esa línea está el tratamiento privilegiado a ciertas actividades económicas, como ocurre con el extractivismo en sus principales manifestaciones. El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (R.I.G.I), incluido en la llamada “ley bases” y hoy en curso de aplicación se utiliza sobre todo para atraer grandes empresas trasnacionales.
Nada de “libre competencia” ni de pluralidad de la oferta en condiciones equitativas. Respaldo puro y duro para apoderarse de ramas completas de actividad con exenciones impositivas y garantías que disminuyan el tan ponderado “riesgo empresario”. Ya lo dijo el jefe de Estado, los “monopolios” son beneficiosos.
Estrategia, no descuido.
La negligencia o la incuria no forman parte del repertorio del gobierno. Aunque algunos de sus actos u omisiones puedan tomar ese aspecto, se trata de un rumbo estratégico. Dentro de la amplia producción de “reformas promercado” se concentran los más variados ataques contra las condiciones de vida y de trabajo de millones de argentinas y argentinos.
La ofensiva contra las diversas formas de organización popular está en marcha. Y es de esperar que se acelere y profundice en todo momento. La intimidación y judicialización de los piqueteros marcó el principio del gobierno. El intento de debilitamiento definitivo de las organizaciones sindicales tiene aún mayor gravitación.
Podemos apreciar en estos días la total limitación del derecho de huelga, a través del flamante decreto 340/2023. “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. De nuevo el Estado alistado para la prohibición y el “castigo” de cualquier acción independiente que provenga desde abajo.
Más allá de la esfera material, se procura una revulsión de valores arraigados en torno a la solidaridad; la justicia social, la superación del pasado dictatorial, la construcción de una democracia con mayor horizontalidad y participación. Allí el Estado de la “libertad” tiene la palabra una vez más.
Ese conjunto articula bien con la labor propagandística de los “recortes” y supresiones so pretexto de ahorro presupuestario. Así en el campo de los derechos humanos. Van desde la al parecer inminente degradación institucional del Archivo Nacional de la Memoria o el Museo del Terrorismo de Estado hasta la producción de videos reivindicadores de la “lucha antiterrorista” y de “nuestras amadas fuerzas armadas”.
Siempre en fechas bien elegidas, en explícita disputa por el significado de los hechos históricos y los posicionamientos políticos.
La pelea de fondo.
Se disputa el presente, la historia, la memoria. Y sobre todo la perspectiva de futuro, más lejos que el corto plazo. La cerrada mirada clasista y el impulso refundacional de la actual administración no va a ser detenida con la apelación a un porvenir electoral en el que se reviertan ciertas políticas y se regrese a un “Estado presente”. Hoy no son los cambios legales ni las medidas administrativas herramientas aptas para esa finalidad.
Al proyecto estratégico del gran capital se necesita responderle con una proyección revolucionaria que no busque refugio en la burocracia estatal sino que propulse desde la sociedad civil la energía creadora que permita desarticular tanto los mecanismos de coerción como la maquinaria de construcción del consenso.
La hora no es de prolijos programas de gobierno, sino de vigorosos lineamientos para la acción. Que trasciendan la coyuntura para apuntar a transformaciones de fondo. Las que erijan un mapa social igualitario y justo. Y que sean, ellas sí, irreversibles.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/05/23/el-estado-manejado-por-el-enemigo/