La ocurrencia real de crímenes atroces y la batalla contra el “garantismo” han abierto la puerta para futuros atentados contra la voluntad popular y el federalsimo.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa Javier Milei desplegó una visión punitivista extrema a propósito de los repulsivos crímenes ocurridos en estos últimos días en territorio bonaerense. En cuanto a anuncios genéricos propuso el aumento de todas las penas establecidas en la legislación y la baja de edad de imputabilidad.
Además enalteció la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y denostó una vez más las visiones críticas sobre el sistema penal que cuestionan la acción del Estado en la materia en lugar de centrarse de modo exclusivo en la acción de los delincuentes. Las personalizó en el jurista Raúl Zaffaroni, una de las “bestias negras” del presidente.
Asoció a esa mirada al gobernador Axel Kicillof, a quien ha puesto en los últimos días en el lugar de contrincante, mientras entroniza a la “seguridad” como tema principal del debate público, por encima del escándalo krypto.
La opción del presidente expresa su preferencia por la agenda anti woke y su deseo de “meter bala” a quienes cometen delitos. Sin ninguna atención a mecanismos preventivos o problemáticas sociales vinculadas.
Hay que reconocer asimismo que conecta con el hartazgo social ante los crímenes, que suelen afectar a modestos trabajadores y no perdonan ni a niñes. La inoperancia o la complicidad de distintos componentes del aparato del Estado, a comenzar por la policía, es un agravio cotidiano contra los ciudadanos de a pie.
No debería menospreciarse ese problema porque las estadísticas no corroboren el “baño de sangre” del que habló el presidente. El dolor por los hechos sangrientos reconoce una de sus vertientes en la impotencia y la indignación ante el dolor y la injusticia de las pérdidas, más allá de su incidencia numérica.
Dicho esto, es ineludible la condena a la visión anacrónica del “castigo” de parte de los gobernantes de hoy y su aval indiscriminado a la brutalidad policial. También la propuesta de “reformas” que en parte servirán para llenar las cárceles con “perejiles” mientras el crimen organizado campea suelto.
Hay que agregar a la cuenta la arremetida contra la figura del femicidio, siendo que una gran porción de los asesinatos ocurre en la esfera familiar o mediando relaciones afectivas.
Milei sabe que su concepción de la “seguridad” y la propaganda en torno a ella puede serle redituable en general. Y que le sirve para desperfilar a quien se insinúa como un rival político central para los comicios de medio término. La Libertad Avanza se jugará muchos legisladores y repercusión nacional en “la provincia” para las elecciones parlamentarias de este año.
En ese contexto el presidente Javier Milei ha lanzado esta semana una amenaza de intervención federal a la provincia de Buenos Aires. Lo que merece tratamiento aparte, ya que tiene una intensidad institucional mayor que las fintas electorales y es autónoma de las desmesuras gubernamentales en materia de política criminal.
La intervención en el horizonte
Vayamos al textual de Milei:
“Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
El mecanismo de la intervención federal, previsto en la Constitución Nacional (CN) en su artículo sexto, fue durante más de un siglo objeto de todo tipo de abusos. Se recurría a él con suma frecuencia, con el consiguiente desplazamiento del gobierno provincial intervenido.
Si bien lo que se invocaba era la garantía de la forma republicana de gobierno, prevista en la cláusula constitucional, la vaguedad de esa causal era la tapadera para el desplazamiento de poderes políticos provinciales en conflicto o simplemente con poca afinidad con el poder ejecutivo nacional.
Tal situación quedó superada a partir del retorno del régimen constitucional, en 1983. La frecuencia del uso de este instrumento disminuyó desde entonces hasta el punto de que el último desplazamiento de poderes provinciales se produjo en 2004, hace más de 20 años.,
Se recurrió a esa herramienta ante una situación tenebrosa: Firmes sospechas de complicidad o al menos encubrimiento de autoridades provinciales de Santiago del Estero en un doble crimen. Fue dispuesta por ley del Congreso, previo reclamo en ese sentido de fuerzas de la oposición. Se logró un consenso amplio y un extendido acuerdo de la sociedad civil con esa medida
Si el actual gobierno tomara el camino del retorno a la intervención federal marcaría un ominoso retorno al pasado.
La intervención federal ha sido caracterizada por muchos constitucionalistas como un “recurso extremo”, ya que produce objetivamente un daño a la autonomía provincial y a la representación política. En la práctica, se reemplaza a un gobierno local electo por voto popular por un interventor en cuya designación no interviene la ciudadanía., en detrimento de la legitimidad que otorga el sufragio.
La intervención como arma política.
Las intervenciones regidas por intereses políticos y sin causas institucionales reales fueron un factor de alteración y desvalorización de todo el ordenamiento constitucional.
Uno de los más brillantes constitucionalistas argentinos del siglo XX, el también dirigente socialista Carlos Sánchez Viamonte, sostuvo que la correcta aplicación de la intervención federal “…excluye toda posibilidad de intervenciones políticas, es decir, aquellas en las que las causas determinantes son de carácter político circunstancial o de interés político, no del gobierno federal, sino de los gobernantes o ciudadanos momentáneamente en el ejercicio de las funciones gubernativas nacionales.”
A modo de balance histórico, C.S.V. escribe: “… (la intervención federal) no ha cumplido nunca o casi nunca la finalidad propuesta por la letra y el espíritu del artículo 6° de la Constitución.”
Se lo ha utilizado “…para hacer tabla rasa de las instituciones provinciales del gobierno propio que caracteriza la autonomía provincial en nuestro régimen federativo, sin otro propósito que el de imponer arbitrariamente la voluntad del Poder Ejecutivo nacional o, más claro aún, de los ciudadanos pertenecientes a un determinado sector político que usan y abusan de la ventaja que les proporciona el ejercicio de las funciones ejecutivas nacionales.”
El constitucionalista completa ese análisis con un elocuente balance cuantitativo (hasta 1959) de lo acaecido desde 1853 en adelante: 148 intervenciones federales de las cuales sólo 46 fueron dispuestas mediante ley del Congreso. El resto se hicieron durante el receso parlamentario la mayoría, pero en no pocos casos, durante el período de sesiones.
Ese recurso constante al decreto “interventor” fue un motivo por el que en la reforma constitucional de 1994 se hizo expreso el requerimiento de que el Congreso sea la autoridad en esas decisiones. Y que si se encontraba en receso debía ser convocado de inmediato en relación con la intervención de una provincia.
Pueden invocarse casos en que las intervenciones frecuentes no tuvieron una finalidad antidemocrática, sino más bien al contrario. Así las dispuestas por el presidente Hipólito Yrigoyen a provincias con gobiernos conservadores elegidos mediante flagrante fraude electoral. Fueron así y todo el elemento confirmatorio de los atropellos que constituyeron la regla.
El peligro de bajar la guardia.
No es hora de tranquilizar las conciencias con la enunciación de las dificultades que tendría la actual gestión para realizar sus propósitos dada su insuficiencia de votos y la valla puesta por requisitos constitucionales. A esta altura ya hay ejemplos claros en que esos obstáculos han sido superados, DNU y vetos mediante. Esto incluyó abdicaciones y complicidades que no hay por qué descartar de plano en este caso.
Es cierto que lo primero que salta a la vista es la acción deliberada en cuánto a la continua introducción de nuevos temas en el debate público, de preferencia controversiales, disruptivos. Un cambio permanente de objeto de atención, que a menudo deriva en que cuestiones de menor gravedad sirvan de tapadera a otras de mayor importancia. El escándalo krypto potencia esta tendencia.
No cabe soslayar sin embargo la coherencia de fondo del elenco de gobierno: El abuso institucional en general y la mirada punitivista en particular, exceden al oportunismo también evidente en la amenaza contra la provincia.
Hay que tener en cuenta, que como ha quedado claro más de una vez, la finalidad distractiva es compatible con la real voluntad de acción. Baste el flamante ejemplo de que se esgrimió el nombramiento por decreto de dos ministros de la Corte con la clara finalidad de desplazar de la discusión el affaire financiero. Pero el resultado práctico fue la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Hay que sostener la atención en torno al avasallamiento de los componentes democráticos de nuestro sistema institucional. Y tomar en cuenta lo suficiente que el derecho constitucional no es por sí sólo un freno para la vocación autoritaria del gobierno nacional.
Fuente: https://tramas.ar/2025/03/02/discurso-presidencial-punitivismo-e-intervencion-federal/