¿Qué vínculo existe entre el cierre de programas de investigación en Ciencias Sociales y la Ley de Reforma Electoral? Germán Pinazo reflexiona sobre el conocimiento, la ciencia y la ignorancia libertaria.
Estos últimos días el Gobierno Nacional ha llevado adelante dos iniciativas que, para quien esté distraído o distraída, pueden parecer desconectadas. Por un lado, ha discontinuado programas y líneas de financiamiento a las actividades científicas que no se encuentren alineadas con un supuesto “plan estratégico 2024-2025”. Básicamente se trata de ataque a las Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha convocado a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y, entre los temas que busca discutir, se encuentra la denominada “ley de reforma para el fortalecimiento electoral”.
¿Qué tienen en común ambos temas? Veamos. Según el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, dicha Ley no sólo busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, sino que modificaría el actual sistema de financiamiento de los partidos políticos. Esta modificación apunta a tres cosas: reducir el financiamiento público de los partidos, eliminar topes al financiamiento privado y acabar con los espacios de publicidad electoral que tenían que ceder los medios a cada partido de manera igualitaria.
Lo curioso (y aquí reside el vínculo con la otra noticia de la que hablábamos al principio) es que la pertinencia de esta propuesta es argumentada desde un supuesto fortalecimiento del sistema democrático, que busca «reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos». Sin embargo, nadie que sepa cómo funcionan las democracias contemporáneas en el mundo capitalista puede sostener algo parecido sin ponerse colorado.
Los límites al financiamiento privado de los partidos y la prohibición de que aquellos con más recursos puedan comprar un mayor espacio publicitario persigue un objetivo obvio: que la información a la que acceden quienes van a votar no esté determinada por el poder económico asimétrico de los agentes cuya rentabilidad depende directamente de los resultados electorales, y que las decisiones que toman y van a tomar quienes acceden a cargos públicos estén lo menos condicionadas que se pueda por ese poder económico asimétrico.
No hace falta tener un premio nobel para comprender lo anterior; aunque, casualmente (o no), el último nobel de economía fue entregado de manera compartida a economistas que han aportado al estudio “sobre cómo las instituciones se forman y cómo afectan la prosperidad”. Efectivamente, en uno de los libros más conocidos de Daron Acemoglu y James Robinson titulado “Los orígenes económicos de la dictadura y la democracia”, los cientistas sociales señalan, entre muchas otras cosas, que las élites económicas y los grupos de interés pueden tener una influencia desproporcionada sobre las políticas, lo que puede desvirtuar el proceso democrático. Es decir, que esas elites pueden dominar los partidos políticos, asegurando que los sistemas electorales no representen adecuadamente a la mayoría y que la manipulación de las instituciones por parte de los grupos más poderosos es un tema clave de los sistemas democráticos.
Sólo un ejemplo más de un país admirado por el Ejecutivo: una investigación realizada en Estados Unidos demostró que, entre 2010 y 2018, al menos 10.000 proyectos de ley escritos directamente por corporaciones económicas fueron ingresados en los cincuenta congresos estaduales del país. La investigación demostró que los legisladores literalmente “copiaron y pegaron” proyectos escritos por las grandes corporaciones del país y que más de 2.100 de esos proyectos se convirtieron en ley.
Los funcionarios del Gobierno Nacional parecen desconocer estas cuestiones elementales. Es interesante, en línea con este desconocimiento, que el Presidente de La Nación haya publicado una nota de opinión en el Diario La Nación el 3 de enero pasado titulada “El retorno al sendero del crecimiento”, que comienza utilizando al experiencia de Corea del Sur como ejemplo de prosperidad. Sin embargo, la prosperidad a la que hace referencia el Presidente tuvo como condición de posibilidad una reforma agraria (recordemos, Corea del Sur, no del Norte), sumamente profunda a finales de la década del ´40 y una nacionalización de los depósitos bancarios y el comercio exterior durante los ´50; todas medidas que serían calificadas por este gobierno como de “zurdos empobrecedores”.
Llama la atención que, o bien el Presidente desconozca la experiencia del país que utiliza como ejemplo, o bien apueste a que nadie lo haga. También sorprende que ningún formador de opinión haya notado semejante curiosidad, que figura en el primer párrafo de la nota. Resulta elocuente porque pone de manifiesto que el ataque a las Universidades Públicas (que el Gobierno viene llevando adelante desde su primer día de gestión) y a las Ciencias Sociales, es un ataque deliberado a una forma de producir conocimiento que es, por su propia naturaleza (aunque no lo desee) un límite a la forma en que hace política el Gobierno Nacional. Cualquier tipo de conocimiento que respete las reglas de la lógica y que se fundamente mínimamente en la historia, es potencialmente peligroso.
Para que los funcionarios tomen las medidas que toman y que las legitimen como las legitiman, tiene que haber del otro lado la menor cantidad de gente posible que sepa cómo funcionan las democracias en el mundo o cómo funciona el capitalismo. No se puede decir a la vez, como hace el Presidente, que cualquier impuesto es un robo y que Corea del Sur es un ejemplo, frente a una persona que tiene un conocimiento muy elemental de historia. Sólo se lo puede hacer, sin hacer el ridículo, si uno tiene (paradójicamente) la fuerza del Estado y lo impone con violencia. Las Ciencias Sociales no son el divertimento de unos privilegiados. Los y las cientistas sociales se ocupan de temas tan fundamentales para la vida en común como el funcionamiento democrático o el estudio comparado de políticas públicas y sirven para entender que, entre otras cuestiones, proyectos como la “ley de reforma para el fortalecimiento electoral” ya fueron discutidos en el mundo y que son pésimos, si de lo que se trata es de mejorar la vida en común. Las Ciencias Sociales y las Humanidades, además, no son las áreas del conocimiento que más recursos reciben en la Argentina, en un año donde además el presupuesto universitario y de ciencia y tecnología se encuentra en pisos históricos. Las razones del recorte en los programas y líneas de financiamiento no hay que buscarlas, por lo tanto, en asuntos de orden presupuestario; de lo que se trata, quizás, es de un intento, autoritario, de ir eliminando los límites a una política que es poco resistente frente a la evaluación lógica y la evidencia
Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/01/ciencias-sociales-ignorancia-planificad/