El presidente presentó un presupuesto 2025 para el ajuste. Ratifica lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei desde que asumió en diciembre de 2023.
Las metas presupuestarias son de relativa y escasa importancia porque dependen de lo que el gobierno imagina en materia de crecimiento. En esa materia predice un rebote del 5% para una caída de este año que puede ser de un nivel similar. Con lo cual en los dos primeros años de gobierno tendríamos crecimiento cero entre la caída del 2024 y el crecimiento de 2025.
Por lo demás no hay ninguna evidencia de que habrá un crecimiento este año. Y de haberlo no hay indicios de que implique distribución del ingreso y mejora de las condiciones de vida de la población para el próximo año. En particular cuando se ratifica que la prioridad es el equilibrio fiscal, orientado al pago de la deuda.
Se confirma una vez más el carácter de hipoteca del endeudamiento. Se privilegia el pago de los intereses y la renovación de los vencimientos de capital, sobre todo con expectativas que siguen abriéndose respecto de que el Fondo Monetario Internacional pueda liberar nuevos recursos que ampliarían el compromiso de la Argentina a futuro.
El ajuste permanente.
Eso facilita los objetivos del gobierno, que están asociados al ajuste y que en este caso muy particular se consolida en el tema de jubilados y de los salarios estatales. Se potenciará asimismo la disminución de transferencias a las provincias, pidiendo a los gobernadores que actúen en consecuencia y que repliquen la política de ajuste que está planteada al nivel del estado nacional.
Lo que se intenta es que los socios políticos en el parlamento que consolidan los objetivos del ajuste y de la reestructuración reaccionaria del gobierno de Javier Milei repliquen esa política en las provincias. Eso supone deterioro de las condiciones de vida en los ámbitos provinciales, disminución de los salarios de los trabajadores provinciales y municipales y declive del cumplimiento de derechos económicos y sociales en las provincias. Y por lo tanto la consolidación de una línea de ajuste.
La disminución de la inflación aparece como un objetivo. Siempre a partir de un diagnóstico que se verifica como erróneo, que es el de que se trata de una cuestión monetaria. Y por lo tanto se refuerza el propósito de no emisión monetaria y una potenciación de la política del ajuste.
Lo increíble.
Por eso el supuesto que definen las cifras del presupuesto 2025 no es creíble en materia de recuperación de la actividad económica y caída de los precios. Especialmente de uno de los precios que es el de la divisa, el tipo de cambio, donde la apuesta del gobierno es a contener con la “tablita” que supone la pequeña devaluación del 2% mensual, tratando de que converja la devaluación con la caída de los precios en escala global.
Claro que no es el único precio que interviene para definir el proceso inflacionario de la economía argentina. Sí es un precio muy importante para definir la inflación, tal como el de las tarifas que hasta ahora vienen relativamente contenidas. Hubo incrementos muy relevantes de las tarifas de servicios públicos pero todavía tienen mucho para seguir creciendo. Y deteriorar en consecuencia las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por eso decimos que ya sea por el lado del tipo de cambio, sea por el de las tarifas o el del conjunto de los precios, es difícil que se cumpla con la propuesta de disminución inflacionaria que está planteada en el presupuesto de 2025.
El horizonte es de crecimiento de la conflictividad, como se está mostrando respecto a jubilados y jubiladas. Logran una solidaridad muy extendida en el ámbito social y político para confrontar con el veto a la movilidad y la perspectiva que alienta el gobierno de una más profunda y reaccionaria reforma jubilatoria y laboral. Son objetivos estratégicos que están planteados no solo en la ley “bases” sino en la perspectiva y las demandas del capital más concentrado en la Argentina. Y obviamente contenidos en los compromisos suscritos con el FMI.