Las inundaciones en Rio Grande do Sul provocaron cientos de muertes, desaparecidos y pérdidas millonarias. Su ubicación geográfica, el avance del agronegocio y las mega represas lo hacen más vulnerable frente al cambio climático. La política pública que prioriza la rentabilidad del monocultivo provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y menor absorción en los suelos.
Más de 140 personas muertas, otras cientas desaparecidas, municipios evacuados y el 80 por ciento del estado de Río Grande do Sul bajo las aguas. La inundación en el sur de Brasil es considerada la mayor en la historia del país. Esa región —donde domina el agronegocio con el monocultivo de soja— ya sufrió en el último año tres inundaciones y un ciclón, luego de tres años de sequías. ¿Cuáles son las causas de este desastre? Leonardo Melgarejo, activista e ingeniero agrónomo, responde desde Porto Alegre: «Hay una prioridad del punto de vista económico en relación a las políticas ambientales».
Rio Grande do Sul está conformado por 497 municipios, de los cuales 388 están padeciendo las consecuencias del temporal que comenzó el pasado 29 de abril. Debido a las lluvias que desbordaron el río Guaíba, más de dos millones de personas están afectadas en forma directa por las inundaciones o por la falta de energía, abrigo o agua.
El Movimiento Sin Tierra (MST) denuncia que «no hay manera de separar la tragedia ambiental de la cuestión agraria brasileña». Y manifiesta que no es posible luchar en defensa de la naturaleza «sin hablar de reforma agraria, de la derogación del marco temporal (una legislación sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas), el reconocimiento y regularización de las tierras de los pueblos y comunidades tradicionales». Alegan: «No hay posibilidad de una alternativa sin comenzar por señalar a los verdaderos culpables de la crisis climática».
La organización campesina organiza actividades solidarias para contribuir con la región. Mientras, ve cómo sus cultivos de arroz se pierden por el desastre: más de diez toneladas de arroz agroecológico está en riesgo.
El Instituto de Defensa de los Consumidores, que integra el Observatorio del Clima de Brasil, cuestiona que aún se niegan «las evidencias científicas», que se tilda a los defensores ambientales de «alarmismo» y que «la defensa del medio ambiente impide el avance económico». «Todo esto es producido por el accionar de las empresas, por la deforestación y por los gobiernos que flexibilizan leyes que destruyen nuestro país y nuestro planeta», sentencia sobre las inundaciones.
Deforestación, calentamiento del planeta y suelos que no absorben
Lo que ocurre en Brasil no es una sorpresa. En 2023 hubo precipitaciones por encima de lo normal (entre el 40 por ciento y el 50 por ciento más) en el sur y el sureste de Brasil. El reciente informe del «Estado del clima en América Latina y el Caribe 2023», de la Organización Meteorológica Mundial, señala la existencia de lluvias intensas concentradas en pocos días. Explica que esto se debe al fenómeno llamada La Niña, que tuvo lugar en el primer semestre del año pasado, y El Niño, ocurrido durante el segundo semestre del año.
En junio pasado, la misma región estuvo afectada por lluvias torrenciales que desencadenaron un ciclón extratropical, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Tres meses después, en septiembre, otra creciente provocó al menos 48 víctimas fatales, el desplazamiento de 21.000 personas y que casi 5.000 quedaran sin hogar. En tanto, los tres años anteriores habían sido de una grave sequía.
El estado de Rio Grande do Sul es uno de los mayores productores de cereales del país. Además, la zona cuenta con la mayor red hidrográfica brasileña. Respecto a esto último, Melgarejo considera: “Es un premio de la naturaleza que, por ser mal aprovechado, se transforma en una condición de horror. Difícilmente sufriríamos dramas de este tipo, pero con el aumento de la temperatura del planeta nuestra posición geográfica se convirtió en lugar donde ahora sobra agua, mientras que en el futuro podemos experimentar sequías”.
La organización World Wide Fund for Nature (WWF) indica que el aumento de las represas en la Amazonía «amenaza el flujo natural de sus ríos y altera los ciclos naturales». Melgarejo, en una entrevista realizada por el Grupo de Mujeres Brasileñas, agregó: «Cuando vemos imágenes de las regiones antiguas del planeta, con ríos sinuosos llenos de curvas, indican que la sabiduría de la naturaleza ha establecido mecanismos que reducen la velocidad de circulación de las aguas. Las represas vienen haciendo el servicio contrario, generando inestabilidad en esos mecanismos. La fuerza de la velocidad del agua se agrava por el hecho de que los suelos están impermeabilizados porque las barreras biológicas fueron interrumpidas«.
A principios de abril, el Código Forestal del estado fue modificado y el gobernador Eduardo Leite sancionó una ley que flexibiliza el uso de represas en áreas de preservación permanente. «El escenario es complejo, pero si además se flexibilizan la legislación ambiental y las normas que exigen cuidados en las zonas costeras, las consecuencias son escenas como las que estamos viendo», comentó al respecto Suely Aráujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil, en una entrevista brindada a The Intercept.
Por otro lado, Rio Grande do Sul se encuentra en el punto de confluencia de frentes fríos que llegan desde el sur del planeta y frentes cálidos que descienden del norte. Los «ríos voladores» de la Amazonía transportan la humedad y conducen por aire el agua acumulada en la atmósfera en esa zona. Pero ese proceso también se ve afectado por el aumento de la temperatura del planeta y por la deforestación.
Entre 2020 y 2021, la Amazonía brasileña perdió 8.712 kilómetros cuadrados de selva. «El volumen del agua que transportan los ríos voladores es mayor por la reducción de la capacidad de contención de los ríos», prosigue el activista.
A la acumulación de agua se suma que el suelo perdió sus capacidades de absorción. «La naturaleza determina una multiplicidad de organismos que se superponen y forman una red de protección de la vida. Cuando sustituimos esa red por cultivos, que producen rentabilidad; cuando sustituimos la biodiversidad por campos de soja, estamos provocando un proceso de degradación ambiental que genera a su vez un proceso invisible que afecta la posibilidad de absorción del suelo«, señala.
La bancada ruralista y las inundaciones en Brasil
Melgarejo apunta: «Rio Grande do Sul viene siendo gobernado por personas capturadas por intereses económicos, con una visión de corto plazo que está desarticulando la legislación ambiental y provocando la desmoralización de la alertas con relación a estas preocupaciones. Las administraciones negacionistas nos trajeron a este punto».
Buena parte de los parlamentarios oriundos de ese estado integran la bancada ruralista en el Congreso Federal, conocida como la “bancada del buey”. Esos legisladores trabajan “día y noche para destruir la legislación ambiental”, denuncia Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima.
Durante su gestión como ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles tomó medidas para flexibilizar los delitos ambientales de la agroindustria. En 2019, el actual gobernador Eduardo Leite (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) propuso modificaciones al Código Ambiental. Los mismos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa del estado sin debate y de forma exprés. Dichos cambios desarticularon la protección ambiental frente a intereses inmobiliarios.
En 2021, el Congreso Nacional aprobó una ley que da a los municipios la posibilidad de regular las zonas de restricción a la vera de los ríos, lagos y lagunas en sus límites urbanos. «Esto fue un gran retroceso, porque en los municipios la presión inmobiliaria es enorme, e implica una tendencia de reducción de las áreas de protección», explica Aráujo.
Actualmente, se está discutiendo en el Congreso Federal un nuevo “paquete de Destrucción” que amenaza derechos socioambientales e indígenas. El mismo contiene 25 proyectos de ley y tres enmiendas constitucionales con altas probabilidades de avance inmediato, alertan desde el Observatorio del Clima. Las iniciativas versan sobre la reducción de protección ambiental de monte nativo (poniendo en peligro 48 millones de hectáreas) para su uso con fines agrícolas y mineros; sobre la reducción de la reserva legal en la Amazonía; y sobre la flexibilización de actividades agrícolas y mineras en tierras indígenas.
En Argentina, la Fundación Barbechando —lobbista del agronegocio en el Congreso— está construyendo una bancada a semejanza de la brasileña. Allí ya se encuentran 22 legisladores del Pro, el peronismo, el radicalismo y la La Libertad Avanza.
