Los procesos electorales constituyen acontecimientos que definen rumbos en la política. Es el caso de las PASO de agosto pasado en la Argentina. El inesperado resultado electoral movió las piezas del tablero. Tres candidatos quedaron muy cerca del 30% cada uno, pero encabezados por la ultraderecha “liberalizadora”. Esta fue la gran sorpresa y que convocó a interesantísimos debates sobre el contenido del voto, junto a elucubraciones sobre incertidumbres para el próximo turno de gobierno entre 2023 y 2027.
El dato relevante es que la población votó, aún con un 30% de ausentismo, el más alto en las series de votaciones desde 1983. Entre los ausentes y el triunfo de los ultras liberales se consideran distintos niveles de disconformidad con la situación de elevada inflación, empobrecimiento en alza y deterioro de condiciones de vida de millones de personas. La sensación es que todo saltó por los aires y ya no hay previsibilidad cierta, con muchas incógnitas sobre lo que vendría.
Por un lado, el FMI despejó el camino para un desembolso de fondos, que venía demorado por meses y empujó, en acuerdo con el gobierno una devaluación del 22% en el primer día hábil luego de la elección. Con esa medida, todos quienes pudieron subir precios lo hicieron, más allá de cualquier límite cuantitativo dispuesto por la devaluación.
El aumento “por las dudas” o “por lo que se viene”, mayores devaluaciones e incluso una hipotética dolarización, elevó el costo de vida más allá de cualquier racionalidad económica.
Ratifica así que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los factores aceleradores de la inflación, un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza. Otro argumento para demandar la anulación del acuerdo con el FMI y por ende la suspensión de pagos e inmediata auditoria sobre las deudas del país.
Por otro lado, se reestructuró la política electoral y las tácticas de los contendientes.
Un golpe fuerte recibió el macrismo, atrapado en festejar la suma de votos por derecha, pero que curiosamente lo dejaba afuera de la segunda vuelta, un tema a verificar el 22 de octubre.
Recién ahora, luego de algunas elecciones provinciales y la designación de Carlos Melconian como futuro ministro de economía parece haberlos sacado del letargo del golpe por no encabezar las preferencias electorales en las PASO.
Imaginaban un triunfo cantado para dirigir el gobierno del próximo turno y en la foto de la fecha están afuera. Tan es así que ahora no solo batallan contra el oficialismo, sino también en contra de los ultras liberales, una política acompañada por los principales medios de comunicación, Clarín y La Nación, que ahora descubren el peligro que representa Javier Milei.
La movilización electoral por Milei conmovió al oficialismo, quien luego de la devaluación lanzó un conjunto de iniciativas compensatorias, algunas de fuerte impacto, como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, una histórica reivindicación del movimiento sindical.
Fueron varias las medidas, entre las que destaca la devolución del IVA y diversos bonos o recursos que se distribuyen entre sectores de bajos ingresos.
Lo que no se hiso en años, ante el cambio de situación política, en pocas semanas fue posible avanzar con reivindicaciones históricas asociadas a la distribución del ingreso, más allá del impacto en la macroeconomía y los equilibrios fiscales suscriptos con el FMI.
¿No era que no se podía? Massa escuchó el mensaje de Lula: “andá y hacé lo que tengas que hacer para ganar”.
Hay que ver si alcanza para ganar, o para ingresar en la segunda vuelta, pero pone de manifiesto que se podría haber avanzado con Vicentin y generar una empresa testigo como inicio de un cambio del modelo productivo en el sector primario exportador.
Los límites de los gobiernos los pueden desbordar procesos sociales de masas, y siete millones de votos a la ultraderecha, muchos de los cuales fugaron del oficialismo, son una razón de más para cambios, aun compensatorios e incluso en pensar en ir por más.
¿Qué sería ir por más?
Cambiar el modelo productivo y romper con la lógica mayoritaria de las clases dominantes y los partidos que disputan la gestión del capitalismo local.
Ese modelo emergente desde 1975/76 es lo que debe modificarse, que tiene como ancla la legislación financiera y de inversiones externas más la hipoteca del endeudamiento público que condiciona la política económica desde la genocida dictadura.
La Argentina genera divisas por su inserción exportadora en el mercado mundial. sin embargo, esas divisas son apropiadas por un núcleo concentrado del poder económico. Es lo que explica el carácter acreedor del país.
Es que las cuentas públicas señalan que los activos externos suman 424.535 millones de dólares, menos los pasivos por 331.607 millones de dólares, supone un saldo favorable de 92.928 millones de dólares.
Claro que esas cuentas muestran una discriminación en donde el sector público es deudor, ya que el sector gobierno tiene activos por 11.526 millones de dólares y pasivos por 109.767 millones de dólares.
Mientras, el sector privado acusa activos por 377.453 millones de dólares y pasivos por 181.608 millones de dólares, con un saldo favorable de 195.845 millones de dólares.
De esos activos, en moneda y depósitos suman 243.968 millones de dólares, una parte de la cual se encuentra en cajas de seguridad o en el colchón.
Esa masa de dinero es producto de la monetización del excedente económico producto del trabajo social en la Argentina. Hay que disputar ese excedente para un proceso productivo y de desarrollo que atienda en primer lugar las demandas de los sectores populares.
Por eso hay que ejercer un fuerte control del comercio exterior, de la banca y el circuito que define la concentración primaria exportadora del país. Remito al complejo de la soja, los hidrocarburos, el litio, el cobre, parte del consenso productivo del poder para la explotación de bienes comunes y de la fuerza laboral en nuestro país.
Desde allí puede pensarse en otro modelo productivo y de desarrollo, sobre la base de la soberanía alimentaria, energética o financiera.
Pretendo señalar que, así como se avanzó en medidas compensatorias ante el impacto del voto en las PASO, la movilización popular puede inducir cambios estructurales en el orden económico social y romper con esa lógica instalada del “progresismo”, de que no se puede porque la correlación de fuerzas no da.
Ahora, la fuga de votos y la opción por la ultraderecha indujeron cambios de política económica que motivaron la adhesión en actos masivos de las centrales sindicales y variados movimientos sociales.
La política responde a procesos de movilización, por lo que se hace necesario potenciar la organización y movilización social, no solo para inducir cambios coyunturales y relativos a reivindicaciones democráticas, sino que deben promoverse dinámicas de luchas y organización popular por cambios profundos que afecten los intereses de los sectores dominantes.
Ir por más supone organizar la fuerza política y social para disputar gobierno y poder. Ampliar el espacio de la izquierda en el parlamento y en las calles constituye un desafío ante la continuidad del ajuste y la reestructuración regresiva que anticipa el avance de las derechas ajustadoras en el país.
Julio Gambina