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El gobierno pretende derogar la actual ley de alquileres que se encuentra en vigencia durante los últimos tres años, esto sumado a la crisis económica para la clase trabajadora trae mas incertidumbre y preocupación. Al respecto hablamos con Carla Rodríguez, militante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET.
Consultamos a Carla sobre esto y expresó “no podrían haber elegido un momento mas inoportuno para incrementar esta situación objetiva de inseguridades múltiples que viven miles de familias trabajadoras, informales, formales, capas medias bajas, jóvenes”, incluso cuando el grueso del diseño de la ley ha tenido una pretensión de ejercer algunas medidas regulatorias sobre el mercado y no las están cumpliendo, no están regulando nada, los instrumentos mas interesantes como el programa de alquiler es lo primero que cerraron. Existen muchas experiencias aún en países capitalistas de la Europa occidental, incluso hasta en la Gran Bretaña de la peor época conservadora donde los estados ejercieron regulación de las políticas públicas de alquileres y tiene que ver con un rol activo en constituir stock físico, donde el estado tiene que poner en juego sus inmuebles, tiene que hacer alianzas público-comunitarias y si no quiere gestionar de manera centralizada debe territorializar, esto es gestionar con gobiernos locales y con organizaciones de la sociedad civil, tal como se hace en otros países del mundo y sabemos que funciona. Hasta el momento nunca se ha puesto en práctica en nuestro país.
Para saber a ciencia cierta que cantidad de inquilinos, propietarios y viviendas ociosas existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberemos esperar la finalización del procesamiento del último censo realizado en el año 2022. Lo que si sabemos es que hacia la finalización del año 2001 la tendencia histórica en la Ciudad de Buenos Aires era tendiente a la propietarización, porque se incentivaba el acceso de las capas trabajadoras y capas medias a la pequeña propiedad privada. Desde la crisis del 2001 en adelante lo que se refleja es la curva ascendente del proceso de inquilinazación, no por una cuestión de alcance de bienestar si no todo lo contrario se va agravando el tema estructural que es la recomposición y la creciente financiarizacion de suelo. Un suelo que esta cada vez mas caro y ligado a una lógica de especulación y mercantilización y todo entra en la maquinaria de la dolarización, y si a esto le sumamos la falta de créditos desabancarizados sin regulación estatal y redistributiva, la vivienda se convierte en una mercancía cada vez mas cara. Creció en mas de 20 puntos el alquiler, no solo el formal, también el informal, entonces tenemos a familias viviendo en piezas sin servicio en villas y barrios autoconstruidos. La gente vive cada vez de manera mas insegura en viviendas mas feas y chiquitas y con la incertidumbre de no saber donde habitar, a eso le llamamos “alienación residencial” nos arruina la vida y la de nuestras familias. El estado conoce de otras formas de habitar pero esconden todo debajo de la alfombra o no son desarrolladas. Tanto los gobiernos nacionales como los provinciales hablan del alquiler social pero no lo implementan, se les transfieren suelos a las empresas de manera natural, pero no parece natural discutir, trabajar y favorecer el habitar a la mayoría de la población.
La ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una herramienta virtuosa ya que por autogestión se han construido mas de 70 conjuntos de viviendas con unas1300 familias y han construido mas barato, al 70% de sus homónimos por ejecución empresarial y se ha recuperado suelo. Ahora hay un proyecto de apoyo al fomento de la producción social autogestionaria del hábitat y por tercera vez el movimiento de Ocupantes e inquilinos junto a otras organizaciones han ingresado al congreso pero no lo tratan.
La vivienda en las sociedades capitalistas como la nuestra representan un problema estructural y serán necesarias un conjunto de herramientas y alternativas pata movilizar diferentes actores y capacidades. El estado deberá regular y combatir a especuladores, en este momento las capas trabajadoras están destinando hasta el 80% de su salario a la vivienda porque todo lo termina regulando “AirBnB” deberá también hacer redistribución del ingreso, activar el suelo público, hay que permitir que las cooperativas de construcción construyan por autogestión articulando con las cooperativas de vivienda y discutir con los mas jóvenes otros modelos de habitar y no solo el alquiler individualizado del mono ambiente, hay que promover formas de tenencia segura y que el estado ponga suelo al derecho real de superficie, que no se lo desprenda.
Debemos aprender y comprender que la tierra no es una mercancía y que la tenemos que habitar solidariamente.