En un país que se publicita como «productor de alimentos», cada día es más difícil acceder a frutas, verduras y carnes. Los sectores populares son los más afectados por la disparada inflacionaria. Las políticas gubernamentales ineficientes e ineficaces, la propuesta de restar poder a los grandes formadores de precios y reducir la intermediación.
Los datos de inflación a febrero del 2023 preocupan. En efecto, el 6,6 por ciento de febrero de 2023, un acumulado del 13,1 por ciento en el primer bimestre del año y el 102,5% en 12 meses, preocupa en general, pero más aún en los sectores sociales empobrecidos. Es un tema agravado, aún más, cuando observamos el precio de los alimentos, que creció un 9,8 por ciento en febrero, un 17,2 entre enero y febrero y 102,6 por ciento en el acumulado de 12 meses.
Con ingresos populares en baja —sean salarios, jubilaciones o asistencia social diversa—, el deterioro de las condiciones de vida cotidiana de la mayoría de la población agrava la situación de empobrecimiento.
Un dato de la realidad es la desigualdad, manifiesta en la concentración de ingresos y riqueza en muy pocas manos y una ampliación del empobrecimiento social.
Hace rato que preocupa el tema inflacionario, y no alcanza con señalar que se trata de un fenómeno mundial, ya que la inflación en Estados Unidos se ubicó entre el 8 y 9 por ciento anual y ahora está cerca del 6 por ciento. En general, sea en Europa u otros países del sistema mundial, la inflación anualizada ronda entre el 8 y el 20 por ciento, claro que hay países con registros menores, muchos de ellos en la región latinoamericana y caribeña.
La especificidad de Argentina es que la inflación que es anual para varios países: es mensual en los registros locales. No es un tema nuevo, sino de largo aliento, que, en la última etapa, con alzas y bajas empezó a escalar desde el 2006.
Teoría, política, alimentos y pobreza
Hay un debate teórico y político sobre las causas de la inflación y las políticas antiinflacionarias. Es un debate inconciliable, sustentado en bases teóricas y políticas que pretenden objetivos diferenciados y expresan intereses económicos, políticos y culturales particulares.
Desde el liberalismo se sostiene un enfoque monetarista que desemboca en políticas de ajuste fiscal, elevando al déficit fiscal y a la emisión monetaria como los problemas esenciales.
La escuela keynesiana, con sus variantes, sustenta políticas de “acuerdos” entre distintos eslabones del proceso de producción y circulación, y resuelven el diagnóstico abusando de una multi-causalidad que puede explicitar variadas causas y efectos.
Obvio que en cada corriente existen matices, como los hay en quienes polemizan desde el marxismo, que asientan sus posiciones en la ley del valor de Marx y, por ende, el carácter monetario mercantil de la sociedad capitalista.
El debate está inacabado y puede parecer un diálogo sin escucha, imposible de sintetizar, y en el mientras tanto, los precios generan la creciente desigualdad, lo que supone la extensión del empobrecimiento.
La suba de precios afecta en primer lugar a las y los generadoras/es de la riqueza social: las y los trabajadores. A ello se suman un conjunto de sectores pequeños de la producción y la actividad económica en general, sin capacidad de intervenir en la disputa por el excedente económico.
Desde esta preocupación, del deterioro agravado de los empobrecidos, es que nos interesa específicamente qué ocurre con el precio de los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el índice de inflación, que oscila entre el 25 por ciento en el Gran Buenos Aires (GBA) y el 38 por ciento en el Noreste.
El gasto de los sectores empobrecidos es principalmente en alimentos y si éstos crecen en precio implica el deterioro de los ingresos populares, queda claro el resultado de mayor indigencia y pobreza.
Algunos datos provistos por el Indec para febrero y el GBA evidencia una suba de precios respecto de enero del 35 por ciento en carne picada común; 34,3 el cuadril; 33,5 la paleta; 32,8 la nalga y 28,6 por ciento el asado. En línea similar, aumento del 14,6 por ciento el arroz blanco; 13,2 los huevos de gallina; 9,9 el queso cremoso y yogur firme; y más aún: 72,4 por ciento la naranja.
Son solo algunos datos que ilustran la mayor suba de alimentos respecto del promedio de los precios que subieron 6,6 por ciento en febrero pasado y, recordemos, 9,8 por ciento los alimentos.
Claro que también se explica que la sequía agrega problemas, que genera escasez y pérdida de calidad en la mercadería. Es un tema asociado a otros países y vinculado al cambio climático, que pone de manifiesto que es un tema que transciende la coyuntura y que todo indica que es escasa la planificación de iniciativas que contemplen un problema estructural que debiera resolverse en el marco de la integración regional.
El precio de los alimentos: diagnóstico y propuestas
Mucho se discute sobre la fijación de precios en general, donde existen ramas monopolizadas en la producción y circulación de alimentos. Al tiempo que existe una diversidad de productores de frutas y verduras distribuidos por todo el territorio que producen, en simultáneo con una red inmensa de puestos de ventas diseminados por todo el país.
Consultados los pequeños comerciantes de barrio, productores de frutas y verduras, incluso profesionales que atienden a esos pequeños empresarios del campo o la ciudad, todos coinciden que un problema central está en la intermediación, por lo que una primera conclusión que habría que sacar remite a la necesidad de organizar la articulación entre esa masa de productores y distribuidores al menudeo, acercando la producción al consumo.
No se trata de establecer vínculos individuales entre productores y consumidores, sino que bien podrían desarrollarse formas comunitarias, cooperativas y de autogestión para la producción y circulación de frutas y verduras, sin perjuicio de otros alimentos en los que el país tiene elevada experiencia y desarrollo tecnológico, sea en carnes o lácteos, por ejemplo.
La propuesta involucra a trabajadores y consumidores, incluso con participación universitaria en la asistencia técnica y ámbitos específicos de las administraciones municipales provinciales y nacionales.
El mercado de alimentos, especialmente frutas y verduras, demanda la extensión de los “mercados centrales”, no solo los que hoy existen en varios territorios, sino que debiera extenderse como política de articulación de la producción, la circulación, el intercambio y el consumo, vía “ferias” o “mercados populares” con participación de trabajadores, productores y usuarios, impulsado por la política estatal.
Debe reconocerse que el precio aparece inducido por las grandes cadenas de circulación, fuertes concentradores de la producción y formadores de precios, a los que se adecúan los pequeños establecimientos.
Es un dato que el productor pequeño es el que menos posibilidades tiene de intervenir en la fijación de precios.
Eliminar o disminuir la intermediación resulta estratégico, lo que requiere una deliberada política estatal con recursos para sostener una logística adecuada y una planificación participativa que involucre a trabajadores, productores y consumidores.
La especulación intermediaria solo puede resolverse con planificación y participación, aunque es cierto que detrás de todo está la ley del valor y, por ende, unos precios atados al régimen de producción capitalista que domina las relaciones económicas y sociales en su conjunto.
