Tiene media sanción el presupuesto 2023, ahora el debate se traslada a la Cámara de Senadores. Mucho se discutió en la previa, respecto de algunas partidas y sobre el comportamiento político de las distintas bancadas. El oficialismo tuvo sus disidentes, nada menos que en la figura de Máximo Kirchner; mientras que la oposición se mostró divida sobre otorgar quorum y a la hora de las votaciones. Son todas expresiones de la crisis política actual en el país. De lo que poco se habló y discutió es sobre el mensaje elevado desde el Poder Ejecutivo, en donde se explicitan los objetivos del Presupuesto para el próximo año.[1] Se trata de la orientación de “política económica” pensada por el gobierno para el próximo año, más allá de ciertas partidas e incluso de la veracidad de los “supuestos” contenidos en la legislación a discusión ahora en el Senado de la Nación.
Señala el mensaje que el objetivo es el “crecimiento económico con inclusión social”, hasta ahora limitado por la “crisis de la balanza de pagos”, o sea, ausencia de divisas y por la “pandemia y la guerra” en Ucrania. Se destaca que para cumplir con los objetivos hubo que “reestructurar la deuda” con acreedores privados y con el FMI. Es curioso, ya que reconocen que el privilegio no es la “inclusión”, sino cumplir con los acreedores de la deuda pública, en general, producto de la especulación y el fuerte condicionante que supone el endeudamiento externo y su reestructuración. El mensaje pondera el crecimiento del 2021, premisa para cumplir con el objetivo de la “inclusión social”, desmentido por los datos de distribución del ingreso del INDEC[2], en donde queda claro que se favorece a la ganancia por sobre el salario, y ni hablar del resto de los ingresos populares, jubilaciones y subsidios para sectores sociales desfavorecidos.
El propósito explícito del mensaje destaca la necesidad de “estabilizar la economía”, bajando la inflación, para lo que se propone: “orden fiscal”, o sea, ajuste en acuerdo con lo suscripto con el FMI; “superávit comercial” y “fortalecer las reservas”, necesario para juntar divisas que acrecienten las divisas necesarias para cancelar vencimientos de deuda por la reestructuración, tanto con privados como con el FMI; y finalmente “desarrollo con inclusión social”, una meta que siempre queda como una ilusión.
Señala el mensaje, que los motores serán la “inversión”, la “producción”, las “exportaciones”, y el “mercado interno”. Muy discutible si se piensan en una preocupante tendencia a la baja de la previsión de inversiones, el mantenimiento de una lógica especulativa y un modelo productivo orientado a las exportaciones de bienes primarios, aceptado en la promoción de las exportaciones, pero dudoso respecto del objetivo del aliento al mercado interno, lo que requiere mejoras de los ingresos populares y de los beneficios de los sectores pequeños y medianos de la economía nacional.
Las metas y el contexto
La ley de presupuesto contempla un gasto total para el año próximo por 29 billones de pesos; un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno (PBI); un déficit del (-1,9%); una inflación del 60% para 2023, y un dólar a $269 para fin del próximo año. Prevé un aumento en las exportaciones de 7,1% y del 2% para importaciones, lo que resulta en un superávit comercial de más de 12.300 millones de dólares, repitiendo balance positivo como en los años previos, sin capacidad hasta ahora de retener esas divisas como incremento de reservas internacionales.
El presupuesto es un supuesto previo, un “dibujo” que cumple con los términos legales. Igual interesa el debate porque hay que ver cuáles son las orientaciones generales que un gobierno plasma en el presupuesto, en lo que imagina que va a ser la economía del año entrante, en los objetivos de “política económica” que se propone. Por supuesto que vivimos un tiempo de muchas incertidumbres, de los imponderables cotidianos en el contexto mundial y local. ¿Quién puede prefigurar que va a pasar en el 2023? El tema de la guerra en Ucrania, en Europa, que escala peligrosamente hacia una conflagración nuclear de impacto global. Es un marco para la expansión del gasto militar de los países, lo que al mismo tiempo estimula políticas de austeridad en otras áreas. La orientación del gasto público hacia armas y la defensa militar, con una predisposición a un futuro de ofensiva para la guerra, alienta la militarización de la economía y desalienta políticas sociales y de distribución progresiva del ingreso.
Al mismo tiempo, existen muchos imponderables sobre la economía argentina, especialmente en materia de inflación. Claro que hay crecimiento de la inflación mundial, junto a una tendencia a la recesión, según señalan los principales organismos internacionales. En la reciente reunión del FMI[3], sus previsiones son de deterioro de las condiciones de funcionamiento de la economía mundial para el 2023 y el 2024, o sea que el horizonte es recesivo en el corto, mediano y largo plazo, algo que también afecta a la Argentina. La Argentina es un país que viene creciendo desde 2021 más que el promedio de América Latina y el Caribe, pero tiene, como toda la región, un horizonte de descenso de la producción. Si se produce menos hay mucho menos para distribuir, o si se quiere, una disputa de cómo se distribuye ese menor crecimiento, sea entre capital y trabajo y al interior de la competencia inter-capitalista. De hecho, las predicciones de crecimiento en el proyecto de presupuesto 2023 verifican un 4% para el 2022 y una reducción al 2% para el 2023. Habrá que ver si la incertidumbre mundial, o la local, supone una cifra menor de crecimiento.
El pronóstico de inflación según el presupuesto del 2023 es de 60%. Es incierto el pronóstico, porque si fue difícil bajar la inflación en el 2022 y con una situación agravada en el plano mundial es muy previsible que no se cumpla esa previsión para el 2023.
Por lo tanto, en el plano del contexto, sea internacional, global o nacional, hay que imaginar un 2023 de alta inflación y regresividad en la distribución del ingreso, porque si contamos que hay desaceleración de la economía, incluso perspectiva recesiva de la economía mundial y de la argentina, eso impacta en baja de ingresos populares, especialmente salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Por eso decimos que habrá regresividad en la distribución del ingreso, que es lo que hasta ahora viene verificando las cuentas del INDEC más allá del crecimiento importante de la economía argentina con la recuperación económica desde 2021.
En materia de contexto, un gran condicionante del funcionamiento de la economía argentina para el 2023, y mas adelante, 2024 y mas allá, es el acuerdo con el FMI. Se trata de un acuerdo que incluyó diez auditorías trimestrales, de las cuales ya se han realizado dos, o sea, que en el año 2023 y en 2024 continúan las auditorias trimestrales del FMI. Esas auditorias controlan las pautas suscriptas en marzo pasado entre la Argentina y el FMI y condicionan la “política económica” local, expresadas en las metas presupuestarias. Por ello las metas que apuntan a disminuir el déficit fiscal y a generar condiciones para mejoras de las reservas internacionales, derivadas principalmente del superávit comercial.
Respecto del ajuste, destaquemos que éste no se orienta hacia los principales rubros del gasto público, caso de los subsidios a las empresas, con la demora en la aplicación de la eliminación de los subsidios por tarifas de servicios públicos a empresas privatizadas. Es probable que para el año 2023 estén en plena aplicación y habrá que ver la magnitud de esa adecuación tarifaria, e incluso la respuesta de la población a esas facturas incrementadas. El segundo gasto en importancia, por su magnitud, son los intereses de la deuda pública, en donde no están previstos recortes, por lo que inducimos que el ajuste fiscal se aplica sobre el gasto público de contenido social.
Por eso destacamos en el contexto, la importancia del acuerdo con el FMI, que condiciona la política macroeconómica en la Argentina, algo que está reflejado en el presupuesto 2023.
En concreto, si para este año 2022 el consumo tenía un nivel de expansión del 6,5%, para el 2023 está prevista una expansión solo del 2%. Tiene una predicción de un menor crecimiento del consumo, y en ese sentido es muy importante la disminución del consumo público, del consumo del Estado y más aún, de la inversión pública. Si la inversión en este 2022 había tenido un crecimiento del 10%, y eso se propagandiza con mucha fuerza, la previsión es que la inversión crezca menos del 3% para el 2023. Sabemos que el capitalismo tiene como elemento definitorio a la inversión. Si no hay crecimiento de la inversión, no hay reproducción de la lógica del capital, de la lógica del capitalismo. La importancia de la inversión pública en el régimen económico es muy importante.
Ratifica la Argentina con este presupuesto la tendencia al crecimiento de las exportaciones y una fuerte restricción de las importaciones, porque Argentina tiene como objetivo de política económica defender la tenencia de divisas. Argentina necesita de dólares, para pagar la deuda, en primer lugar, para sostener la credibilidad en el plano internacional, y es uno de los compromisos suscriptos con el FMI. Por eso ante la necesidad de dólares, la lógica es acrecentar las ventas al exterior, lo que supone un mayor crecimiento previsto de las exportaciones y una restricción al proceso de importación. Surge así un problema, porque Argentina es un país industrialmente dependiente de las importaciones. No hay crecimiento de la producción industrial de la Argentina sin crecimiento de las importaciones, y como se planifica una merma en las importaciones, no solo habrá un escenario de desaceleración o de recesión, si no de una apuesta restringida al crecimiento industrial. Con ello, se ratifica la tendencia a la proyección de un modelo productivo primario exportador, de aliento a la producción primaria y al estimulo a las exportaciones para generar un excedente de divisas que favorezca el cumplimiento con el FMI y las principales premisas de funcionamiento de la economía argentina.
El problema es el modelo productivo y de desarrollo
Mucho se discutió en la previa y en la sesión de los diputados sobre algunas metas y propósitos, caso del cobro de impuesto a las ganancias del poder judicial, sin embargo, insistamos que el tema de fondo está en los objetivos que explicita el Proyecto presupuestario para el 2023.
Por eso señalamos que el gran condicionante económico para el país resulta del acuerdo con el Fondo. Argentina debe denunciar ese acuerdo por lesivo y derivado de una deuda odiosa.
Insistamos que no es el espíritu ni del poder ejecutivo ni de la mayoría de los bloques legislativos, pero es imprescindible para pensar en términos de políticas soberanas en materia económica, que apunten a resolver insatisfechas necesidades de la población.
Al mismo tiempo, desde allí es que pueden pensarse cambios al modelo productivo y de desarrollo, lo que supone cambiar la inserción en la economía mundial.
Todo un desafío para pensar en políticas alternativa y alternativa política para otro rumbo de la sociedad argentina.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2022
[1] Oficina Nacional de Presupuesto, en: https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2023/mensaje/mensaje2023.pdf
[2] INDEC. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Cuarto trimestre de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_04_225023F8C53A.pdf
[3] FMI. Informes de perspectivas de la economía mundial. “AFRONTAR LA CRISIS DEL COSTO DE VIDA”. OCTUBRE DE 2022, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
