Estos últimos días se produjo una exhibición del lugar subordinado que ocupa la política económica argentina en relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en particular y los centros del poder capitalista mundial y local en general. Se hace acuciante la búsqueda de otro rumbo.
Tras intentar “calmar a los mercados” con un resultado opuesto y en medio de la corrida cambiaria y la inflación creciente, la ministra de Economía Silvina Batakis viajó a Washington durante el fin de semana. Una vez más, Argentina asiste a una gestión que ve en la “rendición incondicional” frente a los poderes fácticos el único camino transitable.
La funcionaria a cargo del área económica sale al exterior en el momento más crítico. Y de hecho se postergó para después de su regreso la adopción de medidas sustantivas. O mejor, de aquellas “iniciativas” para las cuales haya obtenido aval en el país del norte.
Difícil imaginar una expresión más elocuente de sometimiento a poderes externos al país. Y de la subordinación al FMI. Nada se hace sin un consentimiento del organismo internacional que monitorea el pago de la deuda fraudulenta.
En lugar de pensar en alguna acción innovadora, en movilizar apoyos desde las bases, el tiempo parece detenerse a la espera de que Silvina Batakis “traiga algo” de su intercambio con representantes del Tesoro norteamericano, del Fondo y de otros organismos.
El diálogo ministerial también se extiende en dirección al capital privado, como la U.S. Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos), inversores y analistas de ámbito de Wall Street y multinacionales como General Motors, Amazon, Google y Chevrón.
Mientras tanto, en los límites de Argentina, las mayores certidumbres son el ritmo creciente de la inflación y las incesantes presiones devaluatorias, que de imponerse conducirían a su vez a nuevos aumentos de precios. Y con ello a un refuerzo del ritmo de deterioro del nivel de vida popular.
Con el periplo norteamericano se evidencia que no hay otra propuesta que las políticas de ajuste fiscal, siempre pensadas desde el descenso del gasto estatal. Y por lo tanto, a partir del recorte de las asignaciones dirigidas a las clases populares.
El FMI ya ha manifestado que espera un “ahorro” del sector público de alrededor del 7 por ciento para el segundo semestre del año. Desde el punto de vista popular todo va en dirección a mayor pérdida de poder adquisitivo y más pobreza.
La ministra, desde Washington, ratificó que las metas fiscales pactadas con el FMI se mantendrán inalteradas. El ajuste no está puesto en duda.
El gobierno nacional luce desorientado, sin ninguna propuesta innovadora. Y con desacuerdos internos irresueltos, que no parecen albergar proyectos diferenciados, sino disputas en torno a posiciones de poder cuya eficacia se diluye de modo progresivo.
2023 cada vez más lejos.
En estos últimos días se habla cada vez con menos tapujos, de que el actual presidente podría no terminar su mandato.
Patricia Bullrich, por ejemplo, ha manifestado su disposición: “…quiero hacerme cargo ya de la gente” y también: “La gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023, desde ahora tenemos que accionar y actuar frente a un gobierno que es un agujero negro”.
Ha habido especulaciones sobre mecanismos institucionales para solventar la situación. Incluso la algo exótica propuesta de imponer una “cohabitación” a la francesa, con un jefe de gabinete proveniente de la oposición de derecha.
Eso en un contexto político de ofensiva contra el nivel de vida, las condiciones de trabajo y los derechos de trabajadores y pobres. Con las fuerzas empresarias, partidarias y comunicacionales que sostienen la interpretación de la crisis que culpa al “populismo”. Y por lo tanto propugnan un nuevo avance liberalizador y privatizador sobre la economía, que permita un triunfo estratégico del gran capital.
Ese programa admitía hasta hace poco un compás de espera hasta 2023, en tanto se dedicaban a la búsqueda de los avances parciales que pudieran conseguir de este gobierno. Algunxs de sus propulsores apuestan ahora, ante la manifiesta debilidad de la actual gestión, a que se acorten los tiempos y puedan asumir la dirección plena del aparato estatal, tras un final más o menos abrupto del período en curso.
Los medios de comunicación aprovechan el clima reinante para sembrar temores de que dirigentes de organizaciones sociales encabecen alguna “pueblada” que se enfrente a la noción de orden público que preconizan.
Se aprovecharon algunas exclamaciones poco afortunadas de Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos para presentarlas como una amenaza de desencadenar actos de violencia o instigación a saqueos de supermercados. Los medios trabajan sobre su lectura de 2001, como una coyuntura de caos y atentados contra la sacrosanta propiedad privada. En ese entendimiento su “repetición” sería lo peor que podría pasarle a Argentina.
Al salvataje del gobierno.
Diversas organizaciones oficialistas han salido a pronunciarse, en un intento de contrarrestar la sensación de que el gobierno está acorralado y no atina a buscar la salida del laberinto.
Los partidos que integran el Frente de Todos (FdT) han publicado un documento de apoyo al gobierno, que se refiere a que “La crisis nos exige abrir y ampliar caminos para que el pueblo se exprese y se vaya institucionalizando la participación popular.”
Entre las limitaciones que pueden señalarse en el texto se encuentra la de que sigue entronizando al FdT como “una herramienta imprescindible para derrotar a la derecha”, en momentos en que el gobierno de esa coalición no acierta siquiera a ensayar una táctica defensiva frente a las acciones desestabilizadoras.
Otra es que “participación popular” es un concepto cuidadosamente soslayado desde la cúpula de distintos componentes de la alianza que gobierna. Más bien sus acciones van en sentido contrario. Allí está el invento de un “triunvirato” para discutir en estricto secreto el rumbo de la crisis, privando al conjunto social no ya de la participación en sino del conocimiento acerca de las decisiones de las cúpulas.
Para el martes 26 fue convocada una marcha por la CTA de los Trabajadores y sectores de la CGT de apostura más “combativa” en ocasión del aniversario de la muerte de Eva Perón. Los organizadores llevan consignas de enfrentamiento con los causantes de la situación crítica que vive el gobierno. Será al ministerio de Desarrollo Social y con antorchas.
El diputado Hugo Yasky declaró, a propósito de los objetivos de la marcha: “Donde hay una necesidad hay un derecho. Ahora quieren que renunciemos al legado de Eva. ¡Aquí nadie se rinde! El martes la calle les va a mostrar que no van a poder con el pueblo”.
Diputadas y diputados del FdT publicaron un texto de repudio a las que caracterizan como “maniobras y expresiones de neto corte golpista” y “una acción sistemática de desestabilización política y económica.” Allí se alude incluso a declaraciones militaristas del teniente coronel Aldo Rico, una figura del pasado sólo reflotada por la complacencia de algunos medios.
El próximo sábado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizará una acción frente a la Sociedad Rural, bajo el lema “Basta de especular, primero la Patria”. Retoman así los dichos del presidente acerca de la retención de los granos por parte de las patronales agrarias y tratan de hacerles sentir su protesta. Se condena la acción, pero no se proponen sanciones concretas.
Mientras tanto, la primera medida en relación a la no liquidación de los granos, ha sido el establecimiento por el Banco Central de un complejo mecanismo para que los exportadores puedan recibir un tipo de cambio más favorable. Primero retos, luego concesiones, ya un clásico de las relaciones de este gobierno con el poder económico.
Ninguna de las manifestaciones de la UTEP tiene un eje que rebase el de la defensa del gobierno. La propuesta más radical que se enarbola es el salario básico universal. Que puede discutirse, pero es claro que no cuestiona para nada las relaciones de poder imperantes y mucho menos la configuración actual de la sociedad.
Quebrar los límites de lo posible.
En esas condiciones los movimientos independientes de los poderes fácticos y de las grandes coaliciones partidarias tienen que marcar su presencia. El jueves 28 la Unidad Piquetera realizará una marcha a Plaza de Mayo y a otras plazas en el resto del país.
El problema que se presenta es cómo evitar que convocatorias como esa aparezcan como parte de una rutina. El modo de lograrlo es enarbolar consignas que apunten a ampliar “los límites de lo posible” que el sistema imperante trata de imponer.
Romper con la mentalidad “consensualista” que aspira a hacer acuerdos con los activos propulsores del empobrecimiento popular: Controles de precios estrictos, con participación popular y aplicación a rajatabla de la ley de abastecimientos, es un camino a seguir en la emergencia.
Con una mirada de mayor aliento, el monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de los bancos son otras acciones a propulsar.
La chatura posibilista está agotada. Quienes persisten en ese camino le abren la puerta, a conciencia o no, a las propuestas más reaccionarias.
Esta es una oportunidad para que las distintas expresiones de la izquierda y los movimientos sociales muestren el camino de una ruptura. Que implique una quita de confianza y un cuestionamiento activo a la entente de las patronales, las elites políticas y los grandes medios de comunicación.
Y la creciente disposición a recorrer un camino propio, ante la evidencia de que el propugnado por los que hoy predominan conduce a una catástrofe para trabajadores y pobres.
Una vez más la sociedad argentina atraviesa un momento crítico. Las soluciones que vengan de abajo y trasgredan la mera administración de lo existente pueden tener una oportunidad.
Fuente: https://tramas.ar/2022/07/27/soluciones-del-fondo-o-soluciones-de-fondo/
