La pandemia le ha dado la oportunidad a Alberto Fernández de presentarse como un jefe de estado responsable, que toma sus decisiones con alcance y tiempo adecuados, y que no vaciló en colocarse en el lugar de la cúspide en una cadena de mandos “piramidal”. El presidente optó, tras algunas vacilaciones iniciales, por la línea más dura en las restricciones a la ciudadanía, con ampliación de las facultades de inspección y control del aparato estatal en general, y un incremento de las funciones de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. El coronavirus ha cambiado las prioridades.
Hasta ese momento la renegociación de la deuda aparecía como primer objetivo del gobierno y después de realizada ésta, con el 31 de marzo como supuesta fecha límite, se trazarían las grandes líneas de política económica, se aprobaría el presupuesto nacional; de algún modo sería entonces que comenzaría el período de gobierno propiamente dicho. La epidemia ha venido a ocupar ese lugar, y la negociación de la deuda ha pasado a un segundo plano, por más que se siga negociando en busca de un acuerdo con los acreedores privados, que debería ser preámbulo de un nuevo trato con el Fondo Monetario Internacional.
La “peste” es ocasión y motivo para un posicionamiento crítico, frente a las políticas de los gobiernos y, por encima de ello, frente al orden capitalista en general.
El Estado aparece como un “Leviatán”, que se expande y fortalece en un “estado de excepción” cuyas consecuencias de mediano plazo sólo se verán una vez superada la crisis sanitaria. Algo que sí puede adelantarse es que la sociedad capitalista exhibe consecuencias del modo caótico y desconsiderado hacia los seres humanos en el que ha orientado su desbocado crecimiento de producción y población en búsqueda de la máxima ganancia. El virus ha impactado de modo especial sobre sistemas de salud mercantilizados y/o sujetos a fuertes recortes presupuestarios.
Valga como ejemplo el caso de EE.UU, donde sólo el test para la detección de la enfermedad cuesta una suma importante en dólares (cerca de 2000). Las reacciones de “estadistas” como Donald Trump y Jair Bolsonaro, con oscilaciones entre la negación, la soberbia optimista y la improvisación más chapucera, sirven como ejemplo de hasta dónde llega la degradación de las dirigencias políticas de la “democracias” realmente existentes.
Por imperio de las circunstancias, reforzadas por una decisión consciente, hasta la aparición del coronavirus, la renegociación de la deuda estuvo colocada en el centro de los objetivos de las políticas públicas. Hoy se expande la interpretación que la baja desastrosa en el precio de los bonos y la reducción casi a cero de las tasas de interés brindan condiciones favorables para una quita y una prórroga de plazos importantes. Eso está aún por verse. Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar todos los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.
En estos días de Covid-19 los grandes empresarios y los principales medios de comunicación le toman examen a la gestión Fernández. Si el presidente logra una buena “reducción de daños” tanto en el costo de vidas humanas como, más aún, en los perjuicios económicos que la pandemia irrogue a nuestro país, es posible que se le confiera la patente de “estadista”. Que no se intenten salidas disruptivas en la relación con los acreedores externos será una de las condiciones para que esto ocurra.
La amenaza del virus ha alterado muchos parámetros de la situación. El gobierno tomó una decisión temprana de declarar la cuarentena y luego prorrogarla. En los primeros días pareció contar con el beneplácito general. Esto comenzó a alterarse bastante rápido, sobre todo por el lado de los grandes empresarios, que comenzaron a presionar por el regreso a la actividad, incluso con medidas de provocación como despidos masivos o la amenaza de realizarlos. También utilizaron, como tantas otras veces, a las pequeñas y medianas empresas como “colchón” para sus reclamos. No hablan en nombre de la disminución de sus ganancias sino de la pérdida de facturación de sus proveedores y comercializadores PYME. Mientras, la cadena de la alimentación, y la industria y comercialización de medicamentos e insumos sanitarios, y los bancos prestándole al Estado, ganan como nunca. Los precios de los alimentos y de los insumos sanitarios aumentan en gran proporción. Las entidades financieras incluso se dan el gusto de ignorar las normas que pretenden obligarlas a dar crédito a bajo interés.
Por su parte los grandes medios de comunicación y la derecha opositora parecen haber dado por concluido el “período de gracia” que otorgaron al presidente Alberto Fernández ante las primeras medidas contra la pandemia y critican tanto sus errores y flancos débiles como el menor intento de afectar los intereses del gran capital o establecer mayores regulaciones, por limitado o vacilante que sea.
Se elaboran algunos proyectos legislativos que tienden a gravar con impuestos a las grandes fortunas, a modo de compensación, así sea en mínima medida, de la regresividad del sistema tributario. La respuesta es rápida y contundente: Los nuevos tributos serían “inconstitucionales”, e irían contra las empresas que sustentan la economía nacional. No faltaron los que sostienen que hay que bajar impuestos y no aumentarlos, y hasta circuló alguna convocatoria a la “rebelión fiscal”.
La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos. Le dio el control de la calle a las fuerzas policiales, lo que comprende un intento de legitimar a esas policías que tienen más de aliadas del delito organizado que de protectoras de la seguridad ciudadana. Incluso ha hecho intervenir al ejército en la distribución de alimentos, en consonancia con las anteriores declaraciones sobre “dar vuelta la página” en el tema de los crímenes de la dictadura o tildar de “inconducta” las acciones genocidas.
El gobierno no ha ampliado la injerencia de las organizaciones sociales en la atención y abastecimiento de los barrios populares, no les otorga participación en los indispensables controles de precios, no ha estimulado lo suficiente que la economía popular atienda necesidades sanitarias y de producción de alimentos. No ha sancionado con dureza las acciones represivas de la policía. A la hora de asesorarse en la toma de decisiones, junto con el indispensable comité de médicos y científicos, son frecuentes las consultas a las centrales empresarias y a la burocracia sindical. El extenso entramado de movimientos sociales y organizaciones de todo tipo está ausente de las convocatorias. Sólo algunos núcleos de sacerdotes que trabajan en los barrios tuvieron el honor de una reunión con el presidente.
El “negocio de la salud” se apresta a lucrar a pleno al compás del avance de la enfermedad. Apenas el ministro de Salud insinuó colocar bajo control estatal a la sanidad privada, el conglomerado de la medicina prepaga, sanatorios, empresas de emergencias médicas, etc. pidió urgente audiencia con el presidente y logró garantías de que, en principio, no se seguirán políticas con esa orientación.
El calificativo de “miserables” para los que despiden personal en estas circunstancias y la incitación a “ganar menos” a los que siempre logran desmesurados beneficios, que se le deslizaron al presidente, fueron tomados como si fueran una declaración de guerra. Desde el “establishment” la tendencia a retirarle el apoyo público al presidente se aceleró desde entonces.
En el tema de la deuda externa se ha aplicado un default selectivo de los bonos en dólares sometidos a legislación nacional, pero en el ínterin se pagaron doscientos cincuenta millones de dólares a los acreedores. Efectuar pagos en estas condiciones de extrema recesión económica y creciente necesidad de recursos por parte del aparato estatal, el pago de deuda es un verdadero atentado contra los acuciantes requerimientos de la sociedad.
El listado de capitulaciones frente a la gran empresa se extiende incluso a tolerar precios abusivos en las propias compras del estado, como quedó de manifiesto en una gigantesca adquisición de alimentos básicos. Por compras que se miden en centenares o miles de toneladas se iba a pagar un precio muy superior al que se le cobra al consumidor por obtener un kilo.
La información trascendió y la escandalosa operación debió ser cancelada, lo que no le quita lo que tiene de demostrativo sobre el accionar estatal.
Frente a ese conjunto de situaciones, una perspectiva de izquierda impondría avanzar en el sentido opuesto:
-Que el sector público asuma la dirección de todo el sistema de salud, con participación de los trabajadores de la salud en su gestión. Esto debe ir acompañado con políticas de reconversión industrial hacia la producción de respiradores, instrumental médico, elementos de protección, etc.
-Control popular de precios en la cadena de producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza, insumos sanitarios y cualquier otro bien necesario para atender las necesidades más urgentes.
–El abastecimiento de alimentos para todo tipo de comedores debe realizarse con la participación de las organizaciones populares y sus militantes. Las organizaciones de economía popular están capacitadas para tomar parte en la producción de alimentos y artículos sanitarios.
-Asunción por las organizaciones populares del cumplimiento del aislamiento, con inclusión preferente de los barrios carenciados en los que las deficiencias de las viviendas y la falta de servicios requieren medidas diferentes para cumplir la cuarentena.
Transferir al estado con control de los trabajadores a las empresas que despidan personal, aumenten sus precios en violación del congelamiento, o acaparen bienes provocando desabastecimiento.
-Nacionalización de los bancos con una concepción de servicio público para la actividad financiera. Que todo el sistema atienda con prioridad el cobro de sueldos, jubilaciones y prestaciones sociales y la atención crediticia de las necesidades básicas a tasas negativas.
-Establecimiento de impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas y sanciones especiales a los que han realizado fuga de capitales u otras maniobras de evasión.
-Suspensión por tiempo indeterminado del pago de la deuda externa y formación de comités de investigación para el rechazo de la deuda ilegítima u “odiosa”, codirigidos por las variadas entidades sociales y expertos que mantienen un enfoque crítico en toda la problemática de la deuda.
-Retiro de las fuerzas armadas de las calles, cualquiera sea el motivo de su actuación. Sanciones graves a policías o gendarmes que cometan cualquier acto de abuso.
La pandemia constituye también una confrontación entre el lucro empresario, la incitación al individualismo, el estímulo al control social por las fuerzas represivas y la xenofobia; y las inmensas posibilidades de solidaridad, autoorganización, autogestión, control popular y estatal sobre las acciones de los empresarios. Enzo Traverso alerta sobre el avance de una política inmunitaria, concebida para que cada persona se proteja de las demás, quebrantando la existencia de un espacio común, de afectos e intereses compartidos.
De cómo se afronten estas contradicciones depende no sólo la gestión de la salud pública, sino el futuro de una confrontación de clases que va en aumento, en la medida que la desigualdad, la precarización y la injusticia creciente colman la paciencia de vastos sectores de las clases subalternas.
En las próximas semanas tendremos que tomar parte en una fuerte puja en torno a cómo se instrumente la continuidad de las políticas de salud pública y sobre quiénes se descarguen las consecuencias de la crisis. Asimismo será una pugna por darle a las fuerzas represivas el máximo de control sobre las personas, con la menor fiscalización posible de esas facultades. La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, ampliación de sus oportunidades de negocios, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero, etc. Frente a ello urge lanzar propuestas desde una perspectiva popular y de izquierda, difundirlas, y en la medida de lo posible imponerlas.
Un punto focal para las luchas y los debates en el futuro cercano es qué mundo emergerá cuando se supere la pandemia. Esa vuelta a la “vida normal” nos debe conducir al cuestionamiento radical del supuesto estado de normalidad en esta época. Un estudioso ecuatoriano la define así “Se trata de una (a)normalidad producida por la globalización del capital, sustentada en la aceleración del consumismo, productivismo e individualismo, en la ampliación imparable de los extractivismos y la especulación.” Habría que agregarle la tendencia a la superexplotación y precarización de los trabajadores, ese “modelo Uber” que se nos presenta por los capitalistas como la modalidad tan deseable como inevitable de una “quinta revolución industrial” signada por el arrasamiento de los derechos obreros. El imperativo de la hora es que la definición de la salida del coronavirus sea también el escenario de transformación del panorama de pesadilla que amenaza la vida del planeta.
A los movimientos y organizaciones obreras y populares que cuestionan el capitalismo, a los y las intelectuales que tratan de acompañarles, les cabe la reflexión y la acción, el diseño de la teoría y la práctica para la salida del coronavirus. Habrá varias líneas de disputa con las clases dominantes y sus aparatos de hegemonía. Para mencionar tres: a) Si la “suspensión” de las rebeliones populares dejará lugar a un nuevo ciclo de vigorosas protestas o continuará el impasse. b) Si las dirigencias políticas logran aparecer como “estadistas” que supieron salvar a sus sociedades de males mayores o quedan como gestores de una catástrofe. c) En el consenso genérico en que el mundo post Covid-19 será distinto, si eso da lugar a un cuestionamiento activo de los daños múltiples y crecientes que el capitalismo le infiere a toda la humanidad o al mundo en que vivimos o se retomará sin demasiadas modificaciones de la acumulación de ganancias sin límites ni reparos.
La decisión sobre esos puntos y muchos otros, se jugará en los tiempos posteriores, inmediatos y no tanto, al final de la pandemia. El escenario de la lucha de clases está abierto para la disputa.
Buenos Aires, 11 de abril de 2020