Cierto razonamiento señala que luego de la convertibilidad la divisa pasó de $1 a $4, por lo que ahora, los 20 pesos por dólar antes de la corrida podrían ser 80 pesos por dólar, y así equiparar aquel proceso de devaluación.
Los próximos días podrían sorprendernos al respecto, máxime si entre las condicionalidades del FMI se sostuviera un mayor nivel de corrección cambiaria para hacer competitivas las exportaciones locales y modificar el saldo negativo del comercio internacional, proyectado en torno a los 11.000 millones de dólares para el 2018.
Más allá de la cotización de la divisa, el BCRA estuvo vendiendo dólares “baratos”, sostienen en el mercado, para evitar el alza desmedida en la cotización. Ha sido poco eficiente la medida, máxime cuando se verifica una pérdida de reservas de casi 9.000 millones de dólares entre el máximo acumulado el 11 de enero y el 9 de mayo, de 63.906 millones de dólares a 55.196 millones según el sitio en internet del BCRA.
Resulta interesante constatar que a comienzos de enero la Argentina toma deuda externa pública por 9.000 millones de dólares, los que ingresaron al BCRA y sirvieron en este periodo para financiar la especulación cambiaria y elevando, por ende, la necesidad de financiamiento estructural a la que debía servir ese y otros préstamos asumidos por el gobierno en lo que va del año.
Por eso no alcanzan con los 9.000 millones de deuda de enero, que eran parte de unos 30.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento externo según afirmó oportunamente el Ministro de Finanzas.
¿Cuántos dólares necesita la Argentina para hacer sustentable la política económica del macrismo?
Los déficit son varios y se anotan más de 10.000 millones de dólares por déficit comercial y otro tanto por saldo negativo de turismo exterior, más cifra similar por remesas de utilidades al exterior.
A ello debe sumarse la dolarización del excedente, lo que se manifiesta como demanda de dólares por inversores de diverso tamaño, estimado en 20.000 millones anuales.
Todo suma por lo menos 50.000 millones de dólares. Al parecer, el mercado mundial vuelve a cerrarse para la Argentina, con base en el temor del impago de los compromisos externos. La solución de última instancia es el FMI, donde la decisión de sostenimiento financiero requiere de una faceta técnica y otra política.
La primera la procesan los funcionarios del FMI, que anticipan fuertes presiones para bajar el déficit fiscal y avanzar en reformas estructurales, básicamente las reaccionarias reformas laborales (a lo Brasil) y previsional (aumento de la edad de jubilaciones y achatamiento mayor de la pirámide de ingresos previsionales).
En el plano de la política pesan los accionistas del FMI, especialmente EEUU que tiene el paquete mayoritario en las decisiones en el Directorio. Desde el Tesoro estadounidense ya dieron el acuerdo y se espera una conversación entre Macri y Trump que el gobierno argentino descuenta favorable. En el mismo sentido se inscriben las conversaciones amigables con Christine Lagarde, Mariano Rajoy y otros jefes de Estado.
Se especula con la economía y también con la política. Resulta impensable para el empresario gobernante con política liberalizadora y profesión de fe por el capitalismo, a cargo de la coordinación del G20, un rechazo de la asistencia financiera del organismo rector de las finanzas globales. Resulta una especulación por afinidad ideológica.
Como el FMI no alcanza, las gestiones se extienden a otros organismos del sistema mundial, con la pretensión de obtener un blindaje que actúe ante eventuales corridas más allá de la actual.
La economía argentina tiene ciertos problemas estructurales que la hacen inviable sin el ingreso de capitales.
De un lado, los inversores productivos presionan ante esa necesidad para reducir el costo de producción y disciplinar el conflicto social, una tradición local derivada de la histórica organización social y popular de la Argentina, en muchos casos evidenciada en legislación laboral y social sustentando derechos.
Por su parte, los prestamistas se entusiasmaron con el arreglo con los buitres y otros mecanismos de liberalización en la circulación de capitales y liberaron recursos a tasa de interés más alta que otras colocaciones en el mundo. Incluso prestaron 2.750 millones de dólares al 7,91% y a 100 años.
Esa voluntad de crédito se frenó con el correr del presente año ante las dificultades de cumplir con los compromisos financieros y muy especialmente ante los límites que el macrismo ofrece para el logro estratégico demandado por reducir el costo laboral y disciplinar al movimiento sindical y social.
Imaginarios en danza y presión de pinza
La presión por la devaluación existe desde los grandes exportadores, pero también existe pensamiento profesional de consultores al respecto y muy probable sea contenida como sugerencia entre las propuestas en negociación con el FMI.
En cierto imaginario intelectual, la devaluación supone comienzo de la recuperación económica, algo verificado recientemente entre 2002 y 2007, e incluso sostenido en el tiempo. Devaluaciones importantes ocurrieron en enero del 2014 y al comienzo del gobierno Macri a fines del 2015.
Aun así, el otro supuesto importante que fue condición de posibilidad del crecimiento desde 2002 fue la suspensión de los pagos de la deuda entre fines del 2001 y hasta la renegociación del 2005, del 2010 y el acuerdo con los buitres en el 2016.
Más de uno piensa en ambas medidas en la coyuntura: suspensión transitoria de pagos y mega devaluación. Todo para lograr competitividad del capitalismo local y reanimación económica sin modificar el modelo productivo y de desarrollo, lo que llevaría en un tiempo corto a nuevos problemas de sustentabilidad.
Claro que la suspensión de pagos es imposible de pensar bajo el macrismo y la hegemonía parlamentaria actual, mientras que la devaluación exacerbada es siempre un escenario posible para la hegemonía económica y política en la Argentina contemporánea.
Lo real es una doble presión ejercida para el ajuste y las reformas estructurales. De un lado el gobierno, aun cuando viste su discurso de gradualismo. Por otro lado, los empresarios más concentrados, especialmente aquellos con disposición a invertir en infraestructura, energía, comunicaciones, la industria automotriz y otros sectores estratégicos definidos desde el gobierno y el capital transnacional.
El FMI cristalizaría esa presión avalando una profundización del ajuste y las reaccionarias reformas estructurales. Desde el poder mundial se presiona con el organismo internacional intentando superar la aversión social de la población por los históricos resultados regresivos de la intervención del FMI en la Argentina y otras partes del mundo.
La gran incógnita es la respuesta popular, no ya por los anuncios o sugerencias anticipadas, sino a partir de la aplicación de las medidas luego del acuerdo del gobierno Macri con el FMI.
Una cosa fue hablar del aumento de tarifas y otra muy distinta cuando empezaron a llegar las facturas de los servicios públicos. La reforma previsional solo pudo discontinuar la fórmula de actualización de ingresos y ante la protesta social se contuvo en continuar con otros objetivos más profundos y reaccionarios, tanto como postergar la mentada reforma laboral.
El efecto inmediato resulta en encarecimiento de la vida cotidiana, lo que genera mal humor social, que puede escalar en protesta, organización y movilización por un cambio, no en el sentido pensado por el marketing gubernamental. Ello juega, claro está en la perspectiva de renovación política del 2019 y en las posibilidades de pensar en construcción política de contenido alterativo.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2018