La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,8%, o sea, un 25% anual, superando la cifra del 2017 y con un pronóstico similar para febrero y que se proyecta para todo el primer semestre que incluye aumentos programados de tarifas y la liberalización del precio de los combustibles, con un petróleo con precio internacional en ascenso. Además, los precios mayoristas escalaron 4,6%, agravando los pronósticos. Lo curioso es que se augura un segundo semestre de esperanza en la baja de los precios para sostener la expectativa favorable de la sociedad en el rumbo actual.
Como hemos sostenido en variadas ocasiones, la inflación de precios es un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, ya que solo suben precios los que pueden, sea el Estado cuando se trata de precios regulados, caso de las tarifas, o las empresas que deciden por su cuenta en un mercado solvente dispuesto a pagar esos valores. A los trabajadores activos y pasivos no les resulta sencillo imponer el precio de la fuerza de trabajo y mucho menos aumentarlo. Solo basta con el ejemplo de jubilados y jubiladas para notar que ahora recibirán un tercio del ajuste que debieran percibir, gracias a la nueva fórmula de actualización de haberes votada en el Parlamento por el oficialismo y parte de la oposición.
Libre mercado en los precios
Es la libertad de mercado dirían los ortodoxos de la economía, con un discurso que bien les cierra a los sectores hegemónicos y que converge con la política del gobierno.
Desde el gobierno se sostiene el objetivo de las metas de inflación definidas a fines de diciembre de un 15% de inflación para todo el 2018. Con la proyección del indicador de enero solo se puede inferir una presión en la política de ajuste fiscal como parte de la ofensiva del capital contra el trabajo.
El encierro gubernamental en Chapadmalal colocó el acento en la unificación tras la estrategia del ajuste para disminuir el déficit fiscal.
La estrategia oficial se extiende a la lógica gran empresaria contra los ingresos populares y a favor de la ganancia, algo a sostener en las negociaciones colectivas de trabajo.
Por eso, la variable de ajuste de la economía son los ingresos populares: los salarios, las jubilaciones y pensiones, los beneficios sociales, la política de ingresos y de seguridad social.
¿Es un tema nuevo? No, es histórico, precisamente luego de la crisis de los 70 cuando opera una tremenda ofensiva capitalista contra los derechos salariales, laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
En efecto, en una larga tradición de luchas históricas, el movimiento social, especialmente de trabajadores y trabajadoras arrancó limitación a las horas de trabajo, mejoras en las condiciones salariales y de trabajo, con beneficios sociales extendidos y sustentados desde la legislación estatal.
Con la disminución de la tasa de rentabilidad a fines de los 60 y comienzos de los 70 se inició una ofensiva que continúa a escala planetaria para reducir derechos y conquistas sociales. Para el caso argentino el tema se verifica con la dictadura genocida, los 90 con explícitas políticas neoliberales y en la actualidad.
El consenso social está en disputa
La predica gubernamental y del empresariado hegemónico disputa consenso desde el accionar ideológico propagandístico de los principales medios de comunicación y sus comunicadores, periodistas, panelistas y voceros invitados, asociados a la difusión de un sentido común favorable al discurso del ajuste y en definitiva a la recomposición del orden capitalista.
Concentran la tarea en desprestigiar las iniciativas políticas que confrontan con el diagnóstico oficial y del poder y demandan otra distribución del ingreso y de la riqueza, que en estas horas s e concentra en la movilización del 21F.
Iniciada como un reclamo de camioneros por sus reivindicaciones escaló a una movilización de un amplio abanico sindical y social que articula a sectores de la CGT, ambas CTA, la CTEP y otros movimientos sociales y populares, con pretensión de organizar el descontento y la protesta.
El eje de la crítica es a la política económica del gobierno Macri, lo que habilita una discusión sobre una perspectiva de organización económica con otros objetivos.
¿Es ello posible? Si, solo si se logra ganar el sentido común de la sociedad, por ejemplo, discutir el tipo de inversiones que el país requiere para superar el límite de la pobreza, el desempleo, la miseria y la insatisfacción social de necesidades múltiples.
El asunto es que en el discurso oficial se sostiene la necesidad de lograr inversiones con el destino que los inversores decidan, sea para ampliar el parque automotor u obras de infraestructura para sostener un modelo productivo y de desarrollo para favorecer la ganancia y la acumulación de capitales.
Como no se quiere discutir el rumbo de las inversiones ni la política económica se embarra la cancha. Ayuda en este sentido la corrupción en ámbitos sindicales y sociales, claro que se tapa la propia corrupción gubernamental, con cuentas en el exterior y fuga de capitales de parte de funcionarios. Evasión fiscal y connivencia familiar y empresarial.
Desde esas denuncias contra la corrupción se pone en duda al conjunto de las luchas sociales, incluso denostando las demandas de los más empobrecidos.
La “política” está en discusión
En definitiva, se discuten estrategias e iniciativa política. Queda clara la orientación oficial y de un sector de la oposición que converge, con matices, con las demandas del sector económico hegemónico local y global.
Por su parte, en el amplio arco opositor el debate estratégico es diverso y limita las posibilidades de unificación más allá de los reclamos reivindicativos inmediatos, eje de la unidad del 21F.
Las diferentes estrategias están en juego en la disputa del consenso de la sociedad, entre los que destaca la propuesta por volver a la lógica de gobierno de las administraciones kirchneristas y un polo visible de una parte de la izquierda partidaria. Entre esos proyectos existen innumerables organizaciones y propuestas que buscan articular un posicionamiento que organice las aspiraciones por otro orden social.
Estas estrategias, o parte sustancial de ellas comparten la movilización y reivindicaciones del 21F, pero recelan de un camino en común más allá de la protesta y demanda inmediata, lo que supone habilitar espacio para la hegemonía que disputa el macrismo, por ahora en el ámbito electoral y con pretensión de extenderse como nueva propuesta de dirección del orden político en la Argentina, coincidente con una lógica similar en otros países de la región y del mundo.
La renovación del sistema de partidos, o de la democracia en el capitalismo, con empresarios o representantes directos a la cabeza de los gobiernos remite a la crisis de la representación o de la política, lo que demanda creatividad para resolver el problema para quienes sustentan una posición por otro orden social posible, contra y más allá del régimen del capital.
Por eso sostenemos que las discusiones actuales transitan el camino de la unidad en acción en lo inmediato y un proceso de más larga duración por el rumbo de la “política” para darle carnadura a un proyecto social con perspectiva por la emancipación social.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2018