Situación de nuestros Pueblos Indígenas

Pero el pensamiento de Mayo fue traicionado y las promesas quedaron solo en papeles… luego se ratificó el olvido.

Los constituyentes de 1853 dieron un paso definido contra los pueblos indígenas escribiendo en la Constitución acerca de que el Estado debía “Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo” texto que se mantuvo hasta la reforma de 1994 en la que fue derogado.

Durante largos años se consideró que la frontera no implicaba solo un concepto geográfico, sino dos, uno territorial y otro cultural, porque lo incivilizado debía estar fuera de la sociedad pro-europeísta de ganaderos y latifundistas; que el progreso debía lograrse teniendo una sola Nación y una sola cultura – con religión incluida – pues la diversidad de grupos humanos representada por los indígenas iba contra los planes del poder que seguía perteneciendo al pensamiento colonial, a diferencia de lo bien aceptada que estaba la diversidad para los inmigrantes blancos.

Uno de los voceros de tales ideas fue el maestro Sarmiento, quien publicó en el diario El Progreso del 27/09/1844 y replicado en El Nacional del 25/11/1876: ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandarí¬a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así¬ son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado…

Siglo XX… masacres y luchas por la organización

Se vivieron sangrientas cacerías humanas cometidas por las “policías bravas” y el ejército en Santa Fe, Formosa y el Chaco entre 1918 y 1947, también en la Patagonia y otros lugares, sin olvidar las marchas a Buenos Aires en 1946 y 1947 de los pueblos de la Puna reclamando la propiedad comunitaria de sus tierras, hasta que en la década de 1960 se dieron algunos intentos organizativos con el objetivo de poder enfrentar los ataques de los terratenientes, empresarios y jueces. Pero, recién en abril de 1972 se celebró el Primer Gran Parlamento Indígena en Neuquén, donde se planteó la necesidad de contar con una fuerte organización y luchar por leyes favorables. A partir de aquí se crearon diferentes agrupaciones, centros de difusión de idiomas, cosmovisión e historia, comisiones de especialistas en temas diversos, incluyendo intentos de fundación de partidos políticos.

A pesar de la etapa pre-dictadura, nuestra gente se vinculó con organizaciones indígenas de América dando pasos importantes, como la creación del Consejo Mundial de Pueblos Indios (1975) con delegaciones regionales en los continentes.
Ya en la década de 1980 se logró la participación en la ONU dentro de foros y comités de temas especiales, también Convenios internacionales que reflejaron la realidad y los derechos de los pueblos indígenas.

A comienzos de 1990 los diferentes grupos comenzaron a trabajar para conformar un importante movimiento continental con el objetivo de oponerse a los festejos del “V Centenario – 1492/1992” del llamado “Descubrimiento de América”. Así fue que el año 1992 se constituyó en un hito divisorio de aguas, generador de una mayor toma de conciencia acerca de la memoria histórica, la realidad del momento y la resistencia.

Las leyes tan esperadas y prontamente violadas

Formosa fue la provincia que dio el puntapié inicial con la ley Integral del Aborigen en 1984, y le siguió en 1985, la Ley Nacional Sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, más tarde las provincias adhirieron a ésta.

En 1994 con motivo de la reforma constitucional, algunos pueblos indígenas pudieron participar a través de convencionales leales a las reivindicaciones, se logró derogar el viejo artículo discriminatorio y reemplazarlo por otro que dice:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. (Art. 75 inc. 17)

Hoy, un importante número de leyes nacionales, provinciales y convenios internacionales, expresan fundamentales derechos: a la consulta y participación de los pueblos que se vean afectados por medidas gubernamentales; a la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan y suspensión de los desalojos; conservación de bosques nativos y régimen de protección con límite a la extranjerización de las tierras; a la educación intercultural y bilingüe; a la identidad y uso de los nombres indígenas; a disponer de medios de comunicación; a la restitución de restos mortales y muchos otros que se vinculan a los mencionados.

Lamentablemente, cada uno de estos derechos son violados sistemáticamente por gobiernos y empresarios apoyados por jueces que incumplen la legislación, obligando a las organizaciones indígenas iniciar procesos judiciales largos e intrincados, cuyas sentencias en la mayoría de los casos no son favorables a los reclamos.

A pesar de todo, los pueblos indígenas continúan resistiendo.

1- Art. 64 inc. 15, a los pocos años en una de las reformas pasó a ser Art. 67 inc. 15 que es el que más se recuerda.

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