Esta semana, el Ministerio de Finanzas informó sobre colocaciones financieras del 14/6 por 75.000 millones de pesos (equivalente a 4.800 millones de dólares) y 1.428 millones de dólares. Estos se componen de 500 millones de dólares en Letras del Tesoro a 224 días (vencimiento: 26 de enero de 2018), otros 500 millones de dólares en Letras del Tesoro a 364 días (vto.: 15 de junio de 2018) y 428 millones de dólares en Letras del Tesoro a 532 días (vto.:30 de noviembre de 2018).[1]
Suma más de 6.200 millones de dólares cuyo destino principal es el pago de deuda vencida, con el agravante que suma compromisos a futuro de cancelación de intereses que compiten contra otros gastos presupuestarios, sean de salud, educación, seguridad, empleo, entre muchos otros.
Vale el comentario ya que cuando se discute la orientación del gasto se insiste en que el Estado no tiene dinero, y no lo tiene porque el destino principal es la cancelación de intereses de una deuda que se acrecienta regularmente.
Por caso, puede discutirse la decisión gubernamental de cancelar pensiones de invalidez, que aun cuando se retrotrae la situación, lo que muestra es el sentido del ajuste fiscal, donde el privilegio pasa por los compromisos externos antes que la deuda social con la mayoría empobrecida de la población.
Según el Ministerio de Finanzas el stock de deuda pública ascendía a diciembre del 2016 a 288.448 millones de dólares y sin información fidedigna podemos afirmar que al presente superan los 300.000 millones de dólares, sin contar las deudas provinciales.
A diciembre del 2015 el stock era de 264.323 millones de dólares. En un año creció en 24.125 millones de dólares y la previsión para el 2017 aumentará sustancialmente, sea por los 38.000 millones de dólares autorizados por el presupuesto 2017, o por el nivel de vencimientos impagables con recursos genuinos ante el déficit fiscal y comercial, que solo puede cubrirse con ingresos de divisas del exterior.
Reservas internacionales y cancelación de deuda
El ingreso de capitales externos explica el crecimiento de las Reservas internacionales, que eran de 24.816 millones de dólares a diciembre del 2015 cuando asume el gobierno Mauricio Macri.
A marzo del 2017 crecieron hasta los 51.488 millones, más del doble. Los vencimientos del primer cuatrimestre del 2017 explican que a junio 2017 el monto haya bajado hasta los 44.641 millones de dólares que registra el BCRA.[2]
Se trata de una diferencia de -6.847 millones de dólares, que puede haber tenido destino en cancelaciones de intereses de deuda, que para todo el año se estiman en 15.000 millones de dólares.
Además de la deuda del Tesoro a que aludimos, vale considerar la abultada deuda del BCRA en LEBAC (Letras del Banco Central) y en pases pasivos (otras colocaciones onerosas del BC).
Según información del BCRA, las LEBAC suman 891.656 millones de pesos (equivalen a 56.107 millones de dólares para un tipo de cambio a 15,892)[3], contra una Base Monetaria de 794.101 millones de pesos. La base monetaria incluye la circulación monetaria y los depósitos en cuenta corriente en el Banco Central.
Así, resulta mayor la deuda del BCRA que el conjunto de la base monetaria y esas letras pagan 25,50% a 35 días, constituyendo un excelente negocio contra otras inversiones, caso del plazo fijo que el propio BC reconoce con tasas del 17,85% a 30 días.
El problema de la deuda pública es muy serio y condiciona al conjunto de la política económica de la Argentina, agravado con el argumento de que la relación deuda contra el PBI es baja, con relación a los niveles de endeudamiento de otros países.
De ese modo, es de esperar mayores niveles de deuda pública en tanto se generan las condiciones para el ingreso de capital de riesgo, las tan mentadas inversiones externas.
Bajar el costo laboral para atraer inversiones
Por eso no debe sorprender que el gobierno cargue otra vez contra los juicios laborales y que sirva para alentar las demandas de los grandes empresarios para bajar el costo laboral en la Argentina.
En el Diario La Nación se publica una nota que se titula: “Unánime apoyo de los empresarios al Presidente contra la “industria del juicio”. Diferentes cámaras y dirigentes expresaron su preocupación por la elevada litigiosidad en los fueros laborales, que “atenta contra el empleo y la competitividad”; impacto en las Pymes.”[4]
La nota remite a los dichos de Macri en contra de la “mafia de los juicios laborales” y que “la proliferación de juicios obliga a los empresarios a evitar contratar gente”.
Allí puede leerse al titular de la UIA, Miguel Acevedo diciendo: “Estuvimos conversando sobre el tema laboral y estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado”.
Una declaración que hace profesión de fe sobre la impunidad empresarial que no registra el trabajo y condena a la inseguridad a millones de personas, que según la estadística oficial son un tercio de las trabajadoras y los trabajadores.
En el mismo sentido se expresan, según La Nación, organizaciones empresarias de la banca extranjera, la construcción y el comercio, en lo que queda clara la fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo.
No se trata de un problema local, sino que esta ofensiva se expresa en las expectativas por cambios laborales y previsionales regresivos en trámite en Brasil y en la agenda de las clases dominantes a escala mundial.
La expectativa de las grandes empresas y del gobierno está puesta en las elecciones de octubre y en las condiciones políticas que se generen para disciplinar el conflicto social y la demanda de ingresos, en momentos en que se preparan las discusiones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Productividad y el Empleo.
Es una agenda muy exigente entre una mayoría afectada en sus ingresos, con crecimiento del desempleo, del 9,2% y 9,9% de subocupación, según el INDEC para el primer trimestre del 2017.[5] La situación está agravada en el conurbano bonaerense con 11,8% de desempleo; 10,3% en el Gran Rosario y 9,6% en el Gran Córdoba. Se trata de los tres distritos de concentración de trabajadores y población.
La disputa es por el ingreso, entre propietarios de medios de producción altamente concentrados, una minoría, y la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos y bajo las consecuencias del ajuste fiscal, el crecimiento de los precios (aun cuando tienden a bajar) y el escaso crecimiento que por ahora se solventa con más deuda pública.
Buenos Aires, 16 de junio de 2017
[1] Ministerio de Finanzas de la República Argentina. Resultado de la Licitación de Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria y de Letras del Tesoro. 14 de junio 2017. En: http://www.minfinanzas.gob.ar/resultado-de-la-licitacion-de-bonos-del-tesoro-en-pesos-a-tasa-de-politica-monetaria-y-de-letras-del-tesoro/ (consultado el 16/06/2017)
[2] BCRA. Principales variables. En: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp (consultado el 16/06/2017)
[3] Ibidem
[4] Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, 16 de junio de 2017. En: http://www.lanacion.com.ar/2034115-unanime-apoyo-de-los-empresarios-al-presidente-contra-la-industria-del-juicio (consultado el 16/06/2017)
[5] INDEC. Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH). Primer trimestre de 2017En: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_1trim17.pdf (consultado el 16/06/2017)