http://www.lineasindical.com.ar/sistema-sigue-pendiendo-hilo-n-1439488.html
-¿Qué mirada tiene sobre el tema de las tarifas?
-Las tarifas son una consecuencia del modelo energético. Responden al modelo que comenzó en los ´90 con la privatización y luego con la extranjerización. Estos precios que hoy se establecen en Argentina, más allá de las movilizaciones, los fallos judiciales y las audiencias públicas no vinculantes, ratifican la política de subsidios a los grandes grupos económicos monopólicos de las empresas petroleras fundamentalmente. Los argentinos pagamos mucho más de lo que vale producir el barril de petróleo o el millón de BTU de gas, mucho más de lo que se paga en el mercado internacional. Los precios son una consecuencia del modelo energético. Y hasta que no cambiemos el modelo no hay posibilidad de modificar los precios finales. En ese contexto, las que están en peor situación son las empresas que tienen un contenido social, como son las cooperativas.
-¿Cuánto hay de cierto en el diagnóstico del gobierno?
-A este gobierno hay que reconocerle el paso que dio al haber admitido la crisis energética. Pero tomó una decisión que no tiende a solucionar la crisis, sino que busca garantizar la rentabilidad de las empresas monopólicas que detentan todos los servicios energéticos. Este gobierno no garantiza la política de inversiones de las empresas, no hace auditorías de las empresas para ver qué hacen con los miles de millones de pesos que reciben de subsidios. Tampoco lo hizo el gobierno anterior. Y otra cosa que hizo este gobierno fue transferir parte de los subsidios del Estado nacional, que se les dan a las empresas, al bolsillo de los usuarios; por eso el tarifazo. El tarifazo responde a eliminar los subsidios que otorgaba el Estado con los impuestos de todos los argentinos y pone en marcha este aumento tarifario que generó tanta reacción en la población, justa y razonable, porque no se puede pagar.
-¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior en esta situación?
-En mi opinión es una responsabilidad de carácter conceptual. Desarrolló un relato que tergiversó conceptos que son trascendentales a un tema tan importante como la energía. La energía es un bien común, es un derecho humano, no es un commoditie. El gobierno anterior confundió a los argentinos cuando en 2012 expropió el 51% de las acciones de YPF y habló de una estatización, y no fue eso. Porque YPF siguió perteneciendo a grupos internacionales, cotizando sus acciones en Bolsa. Confundió lo que es una empresa estatal. Si el Gobierno anterior hubiera generado una sociedad del Estado, estaríamos en un cambio de los paradigmas de lo que deberían ser las empresas para llevar adelante un modelo energético que permita el acceso de todos los usuarios a la energía. De eso se trata, de que se pueda acceder a la energía, no que sea gratis, para poder disputar una vida digna. Mientras tengamos el actual modelo que se basa en sostener la rentabilidad de los grupos económicos, y no en garantizar el acceso a la energía, no vamos a poder superar todas las situaciones que vivimos hasta ahora, de crisis energética, falta de inversiones. El gobierno anterior tuvo responsabilidades porque mantuvo los subsidios a las empresas y nunca hizo una auditoría.
-¿Y cuál es la responsabilidad de las empresas privatizadas?
-Tienen una responsabilidad significativa porque son empresas que lo único que les interesa es resolver la rentabilidad más alta en el menor tiempo posible. Son empresas que tienen claro que no vienen a hacer ninguna política social y que lo más importante para ellos es obtener ganancia y no les importa el modo: no toman personal, tercerizan a los trabajadores pagando menos salarios, achican la atención al público, obteniendo el mayor nivel de ganancia para ellos y sus socios.
-La plata que no fue a las inversiones, ¿a dónde fue?
-Eso nos gustaría saber a nosotros. No hay duda que se giró a las empresas matrices de los grupos multinacionales, fronteras afuera. No sólo no la invirtieron, sino que ni siquiera hicieron ni hacen el mantenimiento preventivo. La demostración de esto fue el último temporal en el centro sudeste de la provincia, donde más del 75% de la ciudad se quedó sin servicio varios días. No fue por la magnitud del temporal, sino porque no hay mantenimiento, y no se hacen inversiones de envergadura. Además, cuando se ven los balances de las empresas, vemos que siempre retiraron dividendos anticipadamente. Es una demostración de que a las empresas siempre les ha convenido quedarse en Argentina, no es cierto que no obtenían ganancia. Si no, ¿por qué no se fue ninguna empresa en estos años? Son empresas que se reacomodan, cambian de nombre, pero no se va ninguna. Tienen muy en claro que entraron al país ganando y se van a ir ganando.
-¿Cómo cree que se puede resolver esta situación?
-Lo primero que hay que tener en cuenta es que la energía tiene un valor estratégico imprescindible para un país, o una región. Lo segundo, es que la energía no se siembra, no se fabrica, sino que está en el subsuelo, y es de todos los argentinos. Por eso decimos que es un bien social. Entendemos que para salir de la situación actual necesitamos tener un modelo energético que no sólo cuide y preserve la energía en el presente, sino que planifique, haga un uso racional y con un Estado protagonista para garantizar el recurso a las futuras generaciones que en caso de no tenerla van a sufrir graves consecuencias. Hoy vemos un mundo donde por la decisión de quedarse con la energía de otros, se desarrollan conflictos bélicos, sociales y políticos. Resulta imprescindible hacer un uso eficiente pero para eso no puede ser el lucro, la ganancia, la mentirosa competencia, la que prime en el modelo energético. Esto es lo que ya conocemos en Argentina y lo que nos ha llevado a la contaminación, al saqueo de recursos, a los monocultivos, a la megaminería y al fracking. Hay que cambiar el modelo energético y también el modelo productivo. Sin eso no hay perspectiva de que podamos tener una Argentina como nos merecemos y que dé respuestas a todas las necesidades que tenemos. De Argentina se llevaron, desde los ´90 hasta la actualidad, más de 6 mil millones de barriles de petróleo y el equivalente en metros cúbicos de gas. Eso significa – haciendo un promedio con un barril de 20 dólares, lo que es un precio barato – que se llevaron cerca de 240 mil millones de dólares. Imaginemos cuántos problemas sociales podríamos haber resuelto con ese dinero. Sin embargo esas riquezas se fueron y nosotros seguimos cada vez con problemas más graves. Esto es la demostración de que estos temas tienen que ser manejados con soberanía, por el pueblo. Las empresas tienen que tener conducción social, con intervención del Estado, de los usuarios, de los trabajadores y las organizaciones ambientalistas.
-¿Están en riesgo los trabajadores con estas políticas?
-Los trabajadores están en riesgo por las políticas de pleno ajuste económico y social que está aplicando el Gobierno y por las intenciones de impulsar reformas laborales a la baja, con flexibilización y otras iniciativas que buscan hacer perder derechos a los trabajadores que costaron mucho conseguir. En ese contexto, la decisión de que exista un Comité para la revisión integral tarifaria en la provincia de Buenos Aires, algo que no muchos saben, hace correr riesgo a los trabajadores. Ese Comité intentará establecer una nueva estructura tarifaria, algo que hace mucho que no se hace en Argentina. El problema es que esto se va a hacer entre poca gente, a escondidas, y en 60 días, cuando esto requeriría un proceso de por lo menos 6 meses, con participación de todos los sectores, en particular de los trabajadores. Porque la discusión de la nueva estructura tarifaria implica que ahí vayan los costos laborales como están hoy establecidos, la planta técnica mínima que hoy tienen las empresas. Pero viendo el camino que tiene este gobierno de achicar y flexibilizar, va a ser un peligro para los usuarios (que van a tener que pagar un precio de la energía que no es el que vale), y para los trabajadores, porque nos van a intentar quitar los derechos que hoy tenemos y que buscará reducir, para que las empresas tengan mayor ganancia. Es un tema no menor en el que hay que participar. Hoy las empresas ya están reclamando un 30% de aumento de las tarifas a partir de febrero de 2017, es decir, para dentro de 3 meses. Y si se hacen audiencias públicas, estas son NO vinculantes, entonces no sirven para nada, son un instrumento que no tienen resultado positivo para aquellos que quieren discutir en serio.
-¿Cree que los funcionarios del gobierno anterior deben dar explicaciones ante la justicia?
-Todo aquel que deba responder ante la Justicia debería hacerlo si así se le solicita, sea por las razones que sean. Eso lo determina la Justicia. Lo malo es que muchas veces los jueces no generan justicia, sino que generan actos tremendamente injustos para los trabajadores.
-¿Qué va a pasar en el verano con el servicio eléctrico?
-El sistema sigue pendiendo de un hilo. Y hasta tanto no se resuelva la repotenciación de la Central 9 de Julio que debería comenzar a operar el 1 de febrero, el servicio seguirá siendo precario como fue en los últimos 17 años. EDEA tiene una gran responsabilidad porque no hace las inversiones necesarias y ayuda a este estado crítico. Y ahora se ve agravado por la decisión del Gobierno de quitar los motogeneradores de algunas zonas, antes de que comience el verano sin buscar una alternativa. Esto hace que el problema se agrave. Mientras por un lado, el Gobierno licita la compra de equipamiento para generar 200 Mw nuevos, acá en Mar del Plata, que tiene una crisis aguda de gas y de electricidad, toma la decisión de levantar generación y pone en situación peligrosa el panorama para el verano. También debemos remarcar que producto de la crisis del gas y la falta de nuevas conexiones a edificios y viviendas, muchos usuarios se han inclinado a la utilización de electricidad para sus hogares y esto generó que el mayor consumo en 2015 no fuera en el verano sino en el invierno. Algo similar está sucediendo este año. La crisis es importante, y en nuestra zona no hay respuestas para garantizar la continuidad y la seguridad del servicio.
-¿La Repotenciación de la Central 9 de Julio puede tomarse ahora desde una idea objetiva más concreta?
-Por primera vez en más de 17 años la repotenciación está en marcha, con las obras de infraestructura para la colocación del nuevo equipamiento. Debería estar funcionando, por contrato, el 1 de febrero de 2017. En ese sentido podemos decir que el desarrollo de las obras está en marcha. Aspiramos a que esto se cumpla en los plazos establecidos en el contrato porque va a ser de gran ayuda, incorporando 100 Mw nuevos a la Central. Por otro lado, también es la posibilidad cierta de que la empresa, que últimamente tenía déficit económico-financiero, a partir de febrero pase a ser superavitaria. Aunque eso también nos hace estar pensando en el peligro de que algún funcionario, de los que nunca faltan, pretenda entregarla a manos privadas, cuando ahora es una sociedad anónima con mayoría estatal. Nosotros esperamos que siga siendo una empresa que garantice la energía y el servicio al centro-sudeste. También es necesario aclarar que con esta repotenciación no está terminado todo nuestro histórico reclamo porque es necesario incorporar más Mw de generación, pero será una discusión que deberemos encarar luego.