Nos acercamos a los 10 años desde que en enero de 2006 el entonces presidente Néstor Kichner pagó al contado y por anticipado el total de la deuda contraída con el FMI. Fueron alrededor de 10 mil millones de dólares que no iniciaron el camino de “desendeudamiento” tan promocionado.
Los números hablan por sí solos. De una deuda pública cercana a los 178.000 millones de dólares heredada por el primer gobierno de los Kirchner, pasamos a tener una deuda de 240.000 millones de dólares, según los datos oficiales del tercer trimestre de este año. Esto es así luego de pagar durante 12 años cerca de 190.000 millones de dólares, según manifestó la ex presidenta Cristina Fernández.
Esta deuda no incluye a los bonistas que no entraron en los megacanjes de los años 2005 y 2010, que se calcula en 11.500 millones de dólares y que el actual gobierno de Mauricio Macri ha manifestado negociar para pagar.
Detalla el informe “Deuda Pública del Estado Argentino – III Trimestre 2015”:
“A fines del tercer trimestre de 2015, la mayor parte de la deuda del Estado Nacional corresponde a deuda intra sector público, que explica el 61% del total de la Deuda Pública Nacional. Los mayores acreedores son el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el Banco de la Nación Argentina (BNA)”
Según datos oficiales de la gestión saliente, el crecimiento de la deuda desde diciembre 2014 (221.000 millones de dólares) a setiembre 2015 (240.000 millones de dólares) fue de 19.000 millones de dólares. Creció también en ese período casi un punto porcentual la relación Deuda-PBI (de 42,8% a 43,7%).
Este informe detalla también la composición de la deuda pública con el sector privado, organismos bilaterales y multilaterales de crédito (94.000 de los 240.000 millones de dólares). El 80% es deuda en moneda extranjera y los vencimientos llegan hasta el año 2089, concentrándose más de la mitad hasta el año 2021.
Respecto a los vencimientos hasta el año 2038 a los que hay que habría que hacer frente, solo de esta deuda reconocida hasta setiembre (tanto con los privados como con el sector público), el informe habla de casi 3.900 millones de dólares por año de capital y cerca de 1.800 millones de dólares anuales de interés. Un detalle importante a resaltar es que de las obligaciones con el sector privado que vencen hasta ese año, un 72% del capital y un 81% de interés son en moneda extranjera.
Así llegamos a la asunción de un nuevo gobierno que ya ha manifestado públicamente su intención de recurrir al endeudamiento externo. No es una novedad ya que, según veníamos afirmando en varios artículos anteriores, fuera quien fuese el ganador de las elecciones, todos los pasos que se venían dando (acuerdo con el Club de París, pago de juicio en el CIADI, entre otros) apuntaban a recomponer relaciones internacionales para regresar al mercado de capitales.
Los pasos ya dados por el gobierno de Macri
El pasado 16 de diciembre el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay adelantó las próximas operaciones de endeudamiento externo. Habló de negociaciones en curso de préstamo-puente o de colocación de deuda a corto plazo por 5.000 millones de dólares con un grupo de bancos encabezados por la banca JP Morgan, e integrado por el Citibank, el Deutsche Bank, la banca Goldman Sachs, y con posibilidad que se sume el Santander y BBVA.
En esa línea, cinco días después, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, se reunió en Buenos Aires con Mauricio Macri y le prometió 5.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Prat-Gay, que estuvo en la reunión, dijo que el país necesita una inversión en infraestructura de “por lo menos 10.000 millones de dólares” al año “y eso no se puede hacer sin socios de la talla del BID”. Y habló de subir de 750 millones de dólares anuales que estaba desembolsando la entidad en los últimos años a, como mínimo, 1.250 millones de dólares anuales.
En enero próximo vencerá la Letra con la cual se obtuvieron los dólares del Banco Central para pagar la deuda con el FMI. Esa letra se canjeará por bonos que agravarán aun más la situación de endeudamiento ya que no solo devengarán un 7% de interés en dólares (cuando la letra original casi no pagaba interés) sino que además podrán ser negociados en los mercados de capitales. Así lo afirma Héctor Giuliano en su artículo Deuda Pública y Letras en el Banco Central: “una deuda intra-Estado (la de las letras) impagable pasa a convertirse así en un bono transferible-igualmente impagable aunque mucho más caro- lo que implica colocar mas deuda con terceros”.
Se suman además nuevas disposiciones legales del actual gobierno para emitir letras y bonos que aumentarán aún más la deuda pública. Giuliano detalla en su nota dos medidas tomadas por el macrismo:
a) Canje de Letras intransferibles con vencimientos en 2016 y 2020 (16.000 millones de dólares) por bonos con vencimientos en 2022, 2025 y 2027 (a tasas de interés cercanas al 8%).
b) Cambio del estatuto de estos títulos de deuda pasándolos a bonos transferibles a terceros, como garantía de préstamos a recibir del BCRA para recomponer reservas y/o colocar en el mercado para obtener fondos.
Otra decisión tomada por la administración de Macri, a la que Giuliano define como “estatizar deuda externa privada”, fue licitar este lunes nuevos bonos a corto plazo (Bonar 2016) por 2.000 millones de dólares para entregarles las divisas a las empresas importadoras y que éstas paguen deudas que tienen con sus proveedores externos, muchos de ellos sus propias casas matrices. Son parte de los casi 5.000 millones de dólares reconocidos por el gobierno, que significan dólares que se van y deuda que le queda al Estado. “Se estudia aplicar el mismo régimen para las deudas acumuladas por las empresas transnacionales en concepto de giro de utilidades/dividendos a sus casas matrices del exterior que suman entre 10 y 12.000 millones de dólares”, detalla Giuliano.
La Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes dio a conocer el documento “Balance y perspectivas sobre la Deuda Pública de Argentina, 2015-2016”.
Allí lanzó la siguiente advertencia:
“… el gobierno saliente, amén de no ´desendeudar´ a la República, ha creado las condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento, que ya empieza a ser motorizado por el actual gobierno. Los problemas estructurales de la economía que se han profundizado durante la gestión del gobierno saliente, disimulados durante algunos años por los elevados precios de las exportaciones primarias y que se manifiestan, entre otros, en el fenómeno conocido como la ´restricción externa´, se presentan ahora con crudeza. Los lineamientos de la política económica declarados por el nuevo gobierno dan la pauta de que éste inaugura un nuevo ciclo de endeudamiento como forma de soslayar los verdaderos problemas y las verdaderas soluciones. Con la modificación del esquema de subsidios, la quita de impuestos a las empresas y la devaluación, producirá un cambio de la estructura de los precios relativos que cambiará, a su vez, la estructura de los ingresos fiscales en sentido regresivo: pagarán más los pobres y menos los ricos. El endeudamiento del Estado para rellenar la falta de los impuestos empresarios será un medio a través del cual sus gerentes en el gobierno transferirán a sus bolsillos ingresos del resto de la población: los trabajadores. Para el pago de deuda, esos impuestos serán recargados a la población trabajadora o se le quitarán servicios estatales. Los bancos prestamistas se adjudicarán una parte de los ingresos fiscales que año por año recibirán del Estado argentino por los intereses. Como si fuese liviana la carga desde la época de la dictadura militar por la deuda odiosa de la Argentina, el nuevo gobierno está dispuesto a inaugurar una nueva deuda odiosa: un tributo permanente del pueblo a los bancos trasnacionales. La Deuda, así tratada, será factor desencadenante de mayor inflación, devaluación y del consecuente ajuste que beneficiarán a algunos pocos e impactarán negativamente en la economía en general y sobre todo de los que menos tienen. La Deuda así continuará creciendo de manera absolutamente ilegítima, comprometiendo los planes de desarrollo y la soberanía política, económica y cultural de nuestra nación”.