El Ministro de Economía aclaró rápidamente que el premio para la Argentina era por estar el país “por debajo del 5% del índice de hambre”[1] y no de la pobreza. Es una situación que el país mantiene junto a Chile, Brasil y Uruguay, mientras que Bolivia y Paraguay, entre los vecinos, están aún por encima de ese guarismo.
La pobreza y el hambre son cuestiones muy distintas, aunque asociadas, en un país que existe población subalimentada, pero también con gran capacidad para atender las necesidades alimentarias, siendo la disposición de recursos suficientes el límite para la población menos favorecida.
Pretendemos llamar la atención sobre el hecho que la pobreza está más allá del hambre y se manifiesta en la imposibilidad de resolver necesidades sociales más amplias, como la salud, la educación, la vivienda o la recreación.
Esto dicho en un país con alta densidad de población mayor con ingresos jubilatorios relativamente escasos con relación a los necesarios. La estadística del ANSES asegura que más de la mitad de los jubilados nacionales percibe la mínima, en una pirámide de ingresos cada vez más achatada. Pero también son millones los que reciben ingresos escasos derivados de una política social masiva, no universal, que puede y hasta cierto límite, paliar las necesidades básicas, pero no las extendidas, y explican la pobreza más allá de los indicadores que se esgriman.
Agreguemos que la pobreza se mide de distintas formas y que en Argentina se tiene en cuenta la pobreza estructural y la pobreza por ingresos. La primera remite a las necesidades básicas insatisfechas y que se miden con cada censo de población. La segunda está asociada a la capacidad de resolver una canasta mínima. Por eso, puede haber pobres estructurales con ingresos superiores a los mínimos, y al revés, población sin, o con bajos ingresos y con patrimonio, por lo que la estadística no los incluye como pobres estructurales. Se puede vivir en barrios de emergencia con grandes ingresos, o en viviendas heredadas en zonas más ricas y con ingresos escasos o nulos. En otros países, los indicadores son diversos y no siempre fáciles de utilizar para comparaciones no felices.
Los datos de la pobreza están discontinuados por el INDEC desde el 2013 y la referencia ofrecida por la Presidenta remite a esa remota evaluación, muy criticada desde distintos ángulos profesionales, más allá de la cercanía o lejanía con los objetivos y propósitos del gobierno. La difusión de datos actualizados sigue siendo una asignatura pendiente por parte del INDEC.
Distintos estudios remiten a porcentajes estimados del 16 al 25% de pobreza, una cifra menor al pico del 2002, pero muy superior a la media histórica de la Argentina. Ello pone de manifiesto problemas estructurales del orden económico social en la Argentina y que se derivan de los cambios profundos generados en los últimos 40 años, desde el rodrigazo, la dictadura y la década del 90. Son procesos que contaminan el presente y se mantienen como problemas y desafíos a resolver por la sociedad, y claro, en el ámbito de la política, que parece lejana si aludimos a los principales discursos y proyectos que disputan el gobierno local.
Seguridad versus soberanía alimentaria
En la reciente reunión de la FAO2 se pasó revista a la situación de la alimentación de la población mundial y en ese marco el estado de la seguridad alimentaria, enfatizando los avances en ese sentido, vinculados a las metas del milenio que se analizan en este 2015. Sin embargo, es importante mencionar que desde el movimiento campesino mundial se ha generalizado la concepción de la soberanía alimentaria, crítica, contradictoria y diferente al concepto de seguridad alimentaria sustentado por el organismo internacional y el discurso hegemónico en materia de producción agraria y alimentaria.
La seguridad alimentaria no cuestiona el modelo productivo, ni su impacto social, aun cuando la FAO pone el acento en su cónclave en la alimentación y el cambio climático. El supuesto de la seguridad alimentaria parte de la utilización de la producción agraria en las condiciones tecnológicas y formas productivas que generalizan y dominan las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, principales beneficiarias del orden productivo del capitalismo contemporáneo.
Por su parte, la soberanía alimentaria recupera para los pueblos, las comunidades, la agricultura familiar y la pequeña producción agraria la capacidad de decidir qué producir, para quién, cómo, y con quién llevar adelante el proceso productivo. No se trata de alimentar de cualquier modo, sino respetando el metabolismo de la naturaleza, del que el ser humano es parte. Esta concepción parte de criticar el modelo productivo hegemónico, y la concepción que conlleva la categoría de la seguridad alimentaria.
Entre ambas posiciones puede pensarse la transición para la resolución del hambre, utilizando la articulación de la seguridad alimentaria con soberanía, como se sugiere en los objetivos de política pública en el Estado plurinacional de Bolivia.
Ello supone alimentar a la población que tiene límites de ingresos para el acceso de alimentos, mientras se modifica el modelo de producción para generalizar una política sustentada en la soberanía alimentaria.
Convengamos que en la Argentina, la discusión entre seguridad y soberanía alimentaria es un debate pendiente, asumido como discurso de un activo militante por otro modelo productivo y escamoteado por las clases dominantes y sus representaciones políticas e ideológicas. Estas adornan sus mensajes con el ropaje de la asistencia alimentaria (asistencialismo) para sustentar el mecanismo de la obtención de ganancias y de la acumulación para la dominación capitalista.
Buenos Aires, 13 de junio de 2015
[1] http://www.eldestapeweb.com/pobreza-kicillof-defendio-cristina-y-resalto-el-premio-la-fao-n6613 (consultado el 12/06/2015)
[2] El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015. En: http://www.fao.org/publications/en/ (consultado el 12/06/2015)