El conflicto no solo tuvo reivindicaciones económicas, sino que al discutir la política económica y especialmente la tributaria, se pusieron en tensión algunas cuestiones claves del orden económico y habilita un debate sobre el rumbo futuro más allá de la disputa por la gestión estatal, lo que incluye el balance de la economía en Argentina luego de la crisis del 2001/02. Por ello es que los proyectos de país en discusión trascienden el escenario electoral y se miden en el conflicto social.
En estos días se puso en discusión la política fiscal y quién financia al Estado capitalista, especialmente cuando se difunde que los asalariados contribuyen con el 50% de la recaudación del impuesto a las ganancias, en un régimen tributario regresivo donde el IVA sigue siendo la principal fuente de financiamiento. Entre el IVA y Ganancias se concentra más del 50% de la recaudación tributaria, con especial afectación del ingreso de los trabajadores activos y pasivos y la mayoría de la población más empobrecida. Más allá de variadas valoraciones sobre el paro, la discusión facilitó acercar información a la sociedad sobre las distorsiones impositivas en el país, con eje en quién debe sostener la política social o las inequidades del capitalismo local.
Las apelaciones a la solidaridad entre los propios trabajadores contrastan con ganancias empresarias abultadas pese a la desaceleración de la economía, y en condiciones en que el negocio especulativo y financiero continúa exento del impuesto a las ganancias en discusión, por lo que sobresale que la reforma tributaria es una asignatura pendiente, incluyendo la coparticipación federal, irresuelta pese a que la reformada Constitución de 1994 mandataba un acuerdo que lleva casi dos décadas de retraso.
Entre los temas que se discuten aparece la política de ingresos y la inflación, es decir, precios y salarios, tanto como las mediciones estadísticas y la necesaria normalización del INDEC. Del mismo modo que se sustentan diferentes posiciones relativas a la política cambiaria, monetaria, financiera y de inserción internacional. En el fondo se discute el modelo productivo y de desarrollo, los principales beneficiarios y perjudicados en el orden económico. Por eso, además de disputar ingresos, en el paro se generalizan reivindicaciones que demandan cambios en la política económica y se cruzan con peticiones contrarias por más liberalizaciones de la economía que sustentan sectores hegemónicos de la economía, con clara decisión de no resignar posiciones de poder en la apropiación del ingreso y la riqueza. En ese marco deben inscribirse las presiones por una mayor liberalización y avances en tratados de libre de comercio, como los cumplimientos de tratados bilaterales de inversión que someten a la Argentina a litigios en tribunales externos, caso de la justicia de EEUU y las demandas de inversores especulativos, los fondos buitres.
Un dato relevante en esta discusión sobre economía y política es la modificación del ciclo económico, que ya no es de crecimiento, y no solo en Argentina, sino en la región, con serias preocupaciones en el presente y futuro cercano de Brasil, cuyo desempeño económico interesa más allá de lo que ocurra en su territorio y el impacto en su población. La economía está en discusión en el mundo, en la región y claro que también en nuestro país. La crisis de la economía mundial se despliega desde el 2007/8 sin mostrar horizonte cercano de superación y la respuesta ortodoxa de ajuste y reestructuración reaccionaria y regresiva reaparece recurrentemente en variados discursos locales. Suenan a restauraciones de políticas hegemónicas en los años noventa y reabren debates sobre el límite de lo posible a lo realizado en la “pos crisis” del 2001/2 en la Argentina y en la región. ¿Se puede ir más allá de lo realizada en focalizadas políticas sociales masivas? ¿Es posible la reforma tributaria progresiva? ¿Puede modificarse la legislación financiera legada por la dictadura?
El clima de restauración y/o cambio se visibiliza en iniciativas políticas diversas en toda la región, por lo que no solo existe iniciativa política en términos de gobierno y oposición, sino entre intereses económicos encontrados entre las clases dominantes y las subalternas. Es algo que queda claramente expresado en las negociaciones paritarias en curso y a desarrollarse y en nuevas rondas de conflictos socioeconómicos con base en la distribución del ingreso y de la riqueza. Se conoció esta semana la reapertura de la paritaria de los docentes universitarios, que habían anunciado una semana de paro en abril. Conflicto y negociación aparecen asociados.
Entre los organizadores del paro del 31 de marzo se anticiparon nuevas y mayores medidas de fuerza si no hay diálogo o se cambian algunas orientaciones económicas que afectan la capacidad de gasto del salario.
Nuestra reflexión apunta a señalar que el conflicto social es parte sustancial del debate político. Que no solo hay clima de elecciones y discusión sobre quien gobernará el país o las provincias, sino también la capacidad de intervenir social y políticamente desde el conflicto. No solo el voto define la institucionalidad democrática y queda claro que la conflictividad social es una forma esencial de intervenir en la política.
Buenos Aires, 3 de abril de 2015