– Sin lugar a dudas la política de subsidios que nosotros vinimos criticando termina en este panorama: o paga el Estado, o sea, nosotros a través de los impuestos; o paga directamente la empresa, o termina pagando el usuario. Y acá lo que pasó es que terminó pagando el usuario. Obviamente que esto genera una serie de situaciones de injusticia en los sectores populares, que tienen menos poder adquisitivo, y se pone un freno al acceso a la energía para los ciudadanos. Esto es problemático porque una vida digna debe incluir el acceso al agua, electricidad y gas. En otros casos, posiblemente serán los menores, esta adecuación de las tarifas tiene que ver con establecer un precio acorde a lo que debería ser el costo del producto.
Pero tenemos un problema. El problema es que todo está basado en que el que tiene dinero puede pagar y el que no tiene dinero se encuentra ante la imposibilidad de poder utilizar, en este caso, el gas en pleno invierno. Entonces, son cuestiones que, lamentablemente, deberían haberse resuelto de otra manera y tomar medidas al respecto con un tema fundamental en Argentina que tiene que ver con los costos.
Nosotros seguimos manejándonos con costos internacionales. Entonces, cuando baja o sube el valor del petróleo, Argentina pierde de una u otra manera. ¿Por qué? Porque no tenemos establecidos los costos internos. Un barril de petróleo, para extraer en Argentina, no sale 100 dólares, ni 110, ni 70. Cuesta 12 o 14 dólares, según la cuenca de la que estemos hablando y no hay precio en relación a estos costos internos. Por lo tanto, tenemos esta situación que genera un estado de necesidades que no se pueden abordar.
-Para que esos precios reconozcan efectivamente los costos argentinos, ¿qué debería estar pasando? Porque mucha de esa energía que estamos consumiendo la estamos importando, ¿no?
– No tenemos una política energética basada en la soberanía. Lo que tenemos, desde la década del ’90, es una política energética que no se ha modificado, al contrario, se ha profundizado, que tiene que ver con el proceso de privatización y lo peor de todo, con la extranjerización. Entonces, acá cuando se desarrollan las políticas de subsidios, las empresas nunca dejaron de percibir lo que tenían que percibir o lo que tenían que ganar. Ellos mantuvieron, aunque haya retraso en el pago, siempre lo que necesitaban.
Entonces, tenemos una situación en la que no se ha cambiado el modelo energético. Se puede estar de acuerdo con lo que hace Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay o Ecuador, pero allí hay políticas energéticas que se corresponden con el resguardo de su soberanía; y nosotros seguimos en el proceso de entregar los recursos.
Las empresas petroleras se han llevado más de 100 mil millones de dólares de nuestro país, y todo eso es de los argentinos. Pagamos en la boleta de gas un impuesto al gas importado. ¿Qué responsabilidad, qué culpa tiene el usuario argentino de tener que estar pagando impuestos, si no hemos sido los argentinos los que hemos definido por qué camino transitar en materia energética? Las decisiones que se tomaron y que generaron que se agotaran nuestras reservas de gas – teníamos para 32 años de reservas descubiertas por el Estado Nacional- fueron decisiones gubernamentales que ninguno de los gobiernos constitucionales de Menem hasta hoy han modificado. Por el contrario, este gobierno las siguió impulsando y sosteniendo. Esto terminó con las reservas y ahora terminamos importando gas y, como importamos gas, lo tenemos que pagar los usuarios. Pero nunca fuimos consultados. Nunca los argentinos hemos sido consultados para decidir si queremos que se produzca el petróleo, cuánto producir y para qué producirlo. Estamos como en el siglo XVIII: exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos importados los zapatos a los franceses. Ahora exportamos crudo, no hay valor agregado y compramos las naftas especiales. Este año las naftas ya han subido más de 33% en el valor final al consumidor y tenemos que estar importando porque no producimos lo propio. Bueno, esto es lo que hay que cambiar, esto hay que modificar.
-Nunca hubo una política planificada de los gobierno en cuanto a las reservas de petróleo y gas…
– Tenemos 14 millones de argentinos que no tienen gas natural y que tienen que recurrir al gas licuado de petróleo, a la garrafas, y se pagan fortunas por un producto que la tendencia, como dicen los economistas, es de costo cero. Porque cuando uno va a buscar petróleo extrae gas, es como ir a buscar agua y sacar barro, así de esperable.
Lo otro que sigue sucediendo en Argentina es que ahora se está tratando de rematar, de regalar, de entregar Vaca Muerta. Todo esto es porque hay hidrocarburos no convencionales. Además, es una discusión en sí misma por lo que significaría implementar y desarrollar el frackting en gran escala en Argentina: las consecuencias que podría tener en temas de contaminación, de la utilización de millones de litros de agua, de los 500 productos químicos que se utilizan. Pero más allá de eso, que es así de importante y donde los argentinos tampoco podemos participar en la decisión, ahora se está discutiendo una nueva Ley de Hidrocarburos. Esta nueva ley la discute el gobierno con los 10 “jeques” que tenemos en la Argentina y que son los gobernadores de las provincias petroleras. Sobre el petróleo, un recurso nacional y de todos los argentinos, discuten entre ellos a ver quién se queda con la mejora tajada, quién saca mejor provecho de esta situación. Pero esto es lo que hay que modificar. Deberíamos tener una democracia más participativa y debería ser consultado el pueblo si quiere o no quiere tal o determinado tipo de producción porque es el pueblo el que va a padecer o va gozar de esta circunstancia.
Hay tres decretos que desregularizaron las situaciones del campo energético; 3 decretos de la época de Menem, con otros decretos se vuelve para atrás todo, no se necesita una ley, sin embargo ningún gobierno constitucional, hasta el día de hoy, lo hizo. Lo que significa que siguen sosteniendo y profundizando la política de empleo de los grupos multinacionales.
Fuente: www.fetera.org.ar