Como viene siendo costumbre, no fueron las instituciones competentes las encargadas de denunciar los posibles episodios de espionaje a los negociadores de La Habana, sino la Revista Semana (http://bit.ly/1fVeY0F). A pesar de haber iniciado 10 días atrás una investigación contra miembros del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional número 1 (Bitec-1), la Fiscalía General de la Nación, amparada en una supuesta reserva judicial, no reveló ante la opinión pública nacional los posibles nuevos episodios de escuchas ilegales.
A pesar de ello, el país conoció gracias al semanario, la manera de operar de miembros de la inteligencia del Ejército Nacional quienes quisieron reactivar, clandestina e ilegalmente, desde un restaurante en el sector de Galerías, en Bogotá, la denominada “sala gris” (http://bit.ly/1frxfSN) que cinco meses atrás había sido desmantelada por la propia fiscalía y sus equipos trasladados a su Bunker.
Frente a la gravedad de las acusaciones, el propio Presidente de la República, salió a repudiar los hechos calificándolos de “inaceptables”. “No es aceptable bajo ningún punto de vista que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado. (…) Por eso, en este caso específico, le he dado instrucciones a al ministro de Defensa, a las fuerzas militares y al Ejercito que investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta donde llegó ese uso ilícito y quien está detrás de esto”. (http://bit.ly/1fVeY0F)
Con el ánimo de apaciguar los ánimos en un clima preelectoral, sumándose a las declaraciones del Presidente y amparado en la vieja tesis de las “manzanas podridas” el Ministro de Defensa ordenó la destitución del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución, brigadier general Jorge Zuluaga.
Reglón seguido afirmó “(…) los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas, han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”. (http://bit.ly/1eogUBN)
Sin embargo, nos queda difícil a los colombianos quedar tranquilos frente a tamaña violación de nuestros derechos por parte de las propias fuerzas del orden, ya que no es algo nuevo en nuestro país. Hay que aceptar con enorme preocupación que este tipo de prácticas, propias del terrorismo de Estado, se han convertido en sistemáticas y masivas contra la población civil.
Éste raro caso denunciado contra miembros del propio gobierno, nos preocupa mucho más ya que estaríamos, al parecer, en presencia de un terrorismo de estado de nuevo cuño o mejor dicho recargado y sin límites, propio de la ultraderecha, que no sólo tiene por objeto conculcar libertades de la población civil, sino que va más allá, contra la vida en democracia.
En términos de responsabilidad política no es suficiente aceptar la tesis de las “manzanas podrías” frecuentemente utilizada por el Ministro Pinzón. Tampoco es convincente la idea de los enemigos de la paz que ya se está convirtiendo en cliché del Gobierno Santos, quien en esta ocasión manifestó que los responsables podrían ser “fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz. Eso es lo que quiero que se investigue”. (http://bit.ly/1fVeY0F)
Se hace necesario ir un poco más allá y reflexionar precisamente sobre nuestra amenazada vida en democracia que implica principalmente ejercicio de libertades. Libertades que en nuestra sociedad están siendo agobiadas, maltratadas y con una tendencia proclive a su desaparición forzada y que a nuestros representantes, amparándose en discursos institucionalistas que enarbolan una anhelada paz, poco les importa.