Rebelión
– Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con Julio Gambina porque se han producido cambios en el gabinete nacional que tienen efecto en las medidas económicas. Sobre los primeros no quiero abundar porque después tenemos un audio de un colega tuyo, Daniel Campione, del FISYP, que se refiere a ellos. También nos hemos enterado que desde hace 9 meses se estaba negociando un acuerdo que se habría cerrado ayer, lunes, para compensar a la empresa española Repsol por la expropiación de su filial argentina, lo cual se aleja de la posición del ahora Ministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que Repsol debía retribuir a la Argentina y ahora parece que vamos a pagarle U$S 5.000 millones en activos líquidos. ¿Qué información tenés al respecto?
-Julio Gambina (JG): Lo que está en la prensa discutido ampliamente y se habla es que hoy, miércoles, se aprobará en el Directorio de Repsol. En la negociación han intervenido, por informaciones publicadas en diarios cercanos al gobierno, los gobiernos mexicano, español y argentino con funcionarios de Repsol, excluido su presidente, que no estaba muy de acuerdo, pero aparentemente mañana el acuerdo se cerraría igual.
Eso implica a accionistas muy importantes de Repsol, por eso está involucrado el gobierno mexicano porque PEMEX, la petrolera estatal mexicana, es parte de Repsol, porque además de los U$S 5.000 millones de deuda pública que emitiría la Argentina – y nuevamente nos encontramos con nueva deuda pública exterior argentina, lo que contigo hemos hablado en varias ocasiones, de cómo hay un crecimiento de la deuda pública, el cual es un tema muy gravoso y condicionante de la política argentina -, habilitaría a PEMEX a invertir en Vaca Muerta, no así a Repsol. Por eso México está interesado en que se resuelva el acuerdo.
Repsol venía reclamando poco más de U$S 10.000 millones en compensación. En la Ley de expropiación parcial de YPF se decía que iba a haber una tasación oficial y esta negociación se ha llevado adelante sin que se conozca. Todo indica que hay un acuerdo que involucra a tres gobiernos y a la empresa en discusión para hacer esta compensación. Los detalles no se conocen más allá de este gran título que en sí mismo es muy importante porque implica un crecimiento destacado de la deuda y el interés de PEMEX por involucrarse en lo que todos ofrecen como el gran yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Va a contramano de todo lo que se dijo hasta ahora pero hay que recordar que la presidenta Cristina Fernández en su reingreso a la Casa Rosada y ante varios jóvenes militantes y adherentes a su gobierno, planteó que el modelo a futuro sería el acuerdo YPF-Chevron, que no tenía anteojeras y que, por lo tanto, pese a lo que dijeran, la orientación sería reproducir ese acuerdo y seguir convocando a empresas extranjeras a invertir en Argentina.
Creo que la señal es clarísima cuando el gobierno dice continuidad y profundización de las medidas. YPF-Chevron fue el ensayo para atraer divisas a la inversión productiva y ahora con este acuerdo con Repsol se habilitarán otras inversiones externas como en el caso de PEMEX, obviamente por cifras muy lejanas de la nueva deuda que asumiría la Argentina por U$S 5.000 millones, pero el imaginario sería que Argentina le está dando seguridad de retorno a las inversiones externas y quedaría claramente demostrado al salir al cruce de esta demanda de Repsol. El acuerdo involucra que ésta retira las demandas judiciales que ha planteado en tribunales internacionales, entre otros el CIADI, con lo cual es un tema muy delicado y habla a las claras de esto que el propio gobierno plantea, más allá de las personas que estén al frente de las políticas públicas, de continuidad y profundidad.
Entre las primeras está buscar inversiones externas, préstamos internacionales y, por lo tanto, redinamizar el funcionamiento del orden capitalista en Argentina y eso supone asegurar rentabilidad empresaria a las inversiones que quieran radicar sus capitales en el país.
– MH: Vos habías publicado apenas una semana antes un artículo, el 18 de noviembre, donde hacías mención a datos dados por la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que realmente son preocupantes, porque dijo: “Hemos pagado desde 2010 hasta la fecha U$S 24.000 millones para reducir el stock de deuda en moneda extranjera” y respecto de la pérdida de reservas actuales menciona que de los casi U$S 11.000 millones que cayeron las reservas en lo que va del año, el 75% es por pagos de la deuda pública en moneda extranjera, es decir que “se utilizaron U$S 8.250 millones de reservas internacionales para cancelar deuda externa durante el presente año de 2013”. Señalo esto porque por un lado estamos buscando dinero en el exterior, y por otro, llevamos adelante esta política de pagadores seriales de una deuda que, como señalás más adelante en tu artículo, se ha transformado en un cáncer a extirpar y no se resuelve sin previa investigación, incluso señalás que el Senado brasilero convocó a una audiencia pública con la Auditoría Ciudadana de la deuda, una iniciativa popular que demanda la investigación de la gigantesca deuda brasilera, inspirados en la política en el mismo sentido de Ecuador. ¿Por qué Argentina no adopta ese camino?
La decisión de pagar la deuda externa afecta los Derechos Humanos
-JG: Es muy interesante que plantees la pregunta y lo reflexionemos juntos porque, los datos que diste de Marcó del Pont están sacados de la página web del BCRA. Está copiado textual lo dicho por la ex presidenta del BCRA. Luego el artículo lo escribí comentando ese debate en el Senado brasilero en Brasilia, donde tuve la oportunidad de participar con senadores brasileros presentes ante la demanda de un movimiento popular como lo es la Auditoría Ciudadana, iniciativa política popular que reclama una auditoría de la deuda en Brasil. Había senadores de los distintos partidos, oficialistas y opositores, que participaron de ese debate que fue muy amplio, franco y fraterno.
Ni bien llegamos de Brasilia nos encontramos en Argentina con la presencia del Dr. Cephas Lumina, un abogado zambiano perteneciente al Comité de Derechos Humanos (DD HH) de la ONU que vino a la Argentina con la misión durante toda la semana pasada de discutir el tema de la deuda externa argentina y los DD HH. Este funcionario es un experto independiente de la ONU que ha sido convocado para elevar un informe al Comité de DD HH en marzo próximo para ver en cuánto impide la aplicación de los DD HH la deuda pública. Se ha encontrado con autoridades de la Corte Suprema, en ámbitos de gobierno y con varios sectores del movimiento popular. El lunes pasado compartimos un debate con varias organizaciones en la sede de la CTA, con la CGT, organismos de DD HH, Nora Cortiñas, entre otros, Diálogo 2000, donde participaron una cantidad de expertos, especialistas y movimientos que luchan por la investigación de la deuda, una cátedra especial de la Facultad de Derecho sobre el tema planteó la necesidad de aplicar los fallos judiciales que existen en Argentina como el del Juez Ballesteros del 2000, una sentencia en firme que debe ser tratada. Después, en el marco del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, en Buenos Aires, fuimos invitados por el economista jefe para tener un debate donde fuimos consultados un conjunto de especialistas, incluso habían sido invitados especialistas del gobierno, que no estuvieron presentes, para expresar nuestros cuestionamientos. Entre los comentarios, le mencionamos a Rubén Mercado, la opinión que esta decisión de pagar la deuda afecta los Derechos Humanos. Dimos el siguiente dato: la presidenta dice que se han pagado U$S 173.000 millones en los últimos 10 años. No hay un solo rubro del presupuesto nacional por U$S 17.000 millones que es lo que pagamos en un año. Queda claro que el principal gasto del Estado argentino es el pago de deuda.
No solo es un condicionante estructural sino que se apropia de los recursos fiscales que administra para atender la demanda de los acreedores externos antes que las acreencias internas en salud, educación, vivienda, empleo, de mejorar los ingresos de los trabajadores estatales, de los jubilados, de la Asignación Universal por Hijo y podríamos seguir mencionando rubros que están contenidos en el presupuesto y no son atendidos porque Argentina privilegia el pago a los acreedores.
En 30 años, todos los gobiernos constitucionales han privilegiado el pago de la deuda externa
¿Por qué el gobierno argentino avanza en este sentido? Creo que es un fenómeno que va más allá de este gobierno porque en 30 años de gobiernos constitucionales, todos los turnos han privilegiado el pago de la deuda. Todos han realizado renegociaciones, cada uno elaboró su canje, lo hizo Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo habilitó en 2010 y este año, con apoyo de la mayoría de la oposición, reabrió el canje de deuda sin fecha de cierre por presión de los llamados fondos “buitres”.
El tema es muy delicado, incluso porque en las reformas del Código Civil y Comercial que estuvieron en debate y pasarían a Diputados para el año que viene, se ratifican las formas de inserción internacional de la Argentina subordinándola a los tribunales externos y ratificando una cantidad de acuerdos que la someten a la legislación internacional, al CIADI, que en los tratados bilaterales de inversión pueda ser demandada en tribunales externos, como en el caso de los llamados fondos “buitres” en EE. UU. Serán muy “buitres” pero tienen en sus manos el derecho que les asiste la propia política argentina que favorece a tenedores legítimos de deuda pública de nuestro país para demandarnos en tribunales externos. Lo mismo que se acaba de aprobar en el acuerdo YPF-Chevron, donde ésta puede demandar en tribunales internacionales cualquier irregularidad a criterio de la transnacional petrolera.
Tengo la sensación de que no solo es un tema de que los gobiernos no quieran hacer auditoría, investigar, sino que hay que plantearlo como un déficit del propio movimiento popular que no presiona aún más con mecanismos que hagan cumplir las sentencias judiciales que hay en el país, que presionen con más fuerza por la auditoría de la deuda, lo que tiene que venir acompañado inmediatamente de una suspensión de los pagos. No se puede auditar o investigar y mientras tanto seguir pagando. Hay que investigar, auditar y al mismo tiempo suspender los pagos y eso requiere abordar la crisis de alternativa política que hay en Argentina.
Lamentablemente se toma como una bandera de independencia la política del pago de la deuda. Fijate qué contradictorio. La consigna del no pago de la deuda, de investigación de la deuda ha estado históricamente en manos de la izquierda y lo que se quiere hacer ver es que se gana en autonomía e independencia al haber pagado tanta cantidad de deuda.
¿Por qué en el 2006 se pagaron U$S 9.500 millones al FMI? ¿Por qué pagarle a una organización corresponsable de la crisis mundial y de las políticas que llevaron a la crisis del 2001 en Argentina? ¿Por qué darle esa cantidad de dólares cuando en el 2006 se podrían haber utilizado para proyectos de desarrollo productivos alternativos e incluso tratar de restañar el conflicto que ya se avecinaba entre Argentina y Uruguay a propósito de la necesidad de inversiones externas en el vecino país para el desarrollo de las pasteras?
Brasil en el mismo momento pagaba U$S 15.000 millones. El mismo día dos países sudamericanos pagaron casi U$S 25.000 millones y las inversiones externas en Uruguay de dos empresas, Botnia y Ence, eran de U$S 1.500 millones, con lo cual Argentina y Brasil podrían haber destinado una parte no solo para desarrollar producciones alternativas nacionales sino para pensar políticas de articulación productiva regional que hagan realidad la perspectiva de una nueva arquitectura financiera, un debate de un nuevo modelo productivo para nuestra región. No se trata de aislarse del mundo no pagando sino de vincularse con otros países con una actitud muy firme contra los organismos financieros internacionales y los acreedores que someten a los pueblos empobrecidos por estas políticas y por eso el Comité de Derechos Humanos de la ONU se presentó acá para recibir opiniones, informaciones y sugerencias de qué recomendaciones presentar.
Ahora se está discutiendo una propuesta presentada por Brasil y Alemania contra el espionaje que llevó adelante EE. UU. sobre los gobiernos de esos países y el Comité ha encontrado una fórmula, débil si se quiere, pero no vinculante, para denunciar las políticas de espionaje. Ojalá que la visita de este experto independiente de la ONU y todas las opiniones que ha recogido de muchos de nosotros, sean parte del informe que presente y el tema de la deuda pública argentina y de otros países de la región rebote en Naciones Unidas planteando que el endeudamiento es un nuevo mecanismo de colonialismo en los tiempos contemporáneos del desarrollo capitalista.
La noticia por la que empezamos nuestro diálogo fue que Argentina compensó a Repsol que descapitalizó a YPF, se llevó el excedente, U$S 13.000 millones en 10 años y ahora Argentina está promoviendo un incremento de la deuda pagándole U$S 5.000 millones en títulos. La verdad es un tema para denunciarlo, discutirlo, protestarlo y difundirlo al conjunto de la sociedad porque muy pocos están hoy enterados que esta es una noticia caliente no solo en Argentina sino en el mundo. Hoy las acciones de YPF crecieron porque la respuesta de los inversores mundiales tanto en Argentina como en EE. UU. es de satisfacción ante un gobierno que cumple con la seguridad jurídica de las empresas. La pregunta sería si alguna vez habrá preocupación por cumplir con la seguridad jurídica de los jubilados, de los desocupados, de los que demandan derecho a la salud, la educación y tantos otros que establece la Constitución y no se cumplen.