En el IAPG conviven Chevron, YPF, ESSO, PAE, Repsol, Techint, Siderca y entre otros Litoral Gas (recordar la reciente explosión en Rosario).
El Presidente del ente fue Repsol y es hoy difusor de la desregulación y el libre comercio para favorecer el negocio petrolero a costa de las necesidades sustentadas por organizaciones populares a favor del Derecho a la Energía y la democratización de la misma.
Fabulan con empleos y desarrollo de las economías regionales y no tienen en cuenta opiniones de entidades de trabajadores, caso de la FeTERA y la CTA, que entre otras iniciativas promueven una consulta popular en defensa de los bienes comunes.
Tampoco consideran que una veintena de Concejos Deliberantes se han pronunciado contra la técnica de la fractura hidráulica, denominada “estimulación hidráulica” por ellos, necesaria para extraer los hidrocarburos no convencionales.
Reconocen, aunque subestiman la prohibición de esa tecnología en Francia y Bulgaria, y omiten la suspensión de operaciones en algunos estados en EEUU.
Se trata de una campaña para legitimar el acuerdo entre YPF y Chevron y habilitar un mayor desembarque de inversiones externas en la actividad, a partir de las importantes reservas no convencionales reconocidas para el país.
No discuten el modelo productivo y de desarrollo que malgasta hidrocarburos y no diversifica en energía alternativa.
Mucho menos se proyecta la discusión de modificar la orientación primario exportadora de una producción sojera, de minerales y en conjunto de la industria de armaduría al servicio de la inserción subordinada de la Argentina en la división internacional del trabajo, con mayor dependencia y postergación de un proyecto económico que satisfaga las necesidades populares, sean mejores los salarios e ingresos populares, especialmente el 82% móvil para los trabajadores jubilados.