De hecho un incremento del 7% promedio en el país, que en algunos casos alcanza al 10%. Lo real es que el gobierno legitima a la transnacional Shell que aumentó previamente los precios y resuelve un colchón de ganancias ante el anuncio actual de la Secretaría de Comercio.
Es evidente que la estatización parcial de YPF no alcanza para manejar el mercado, ya que la gestión estatal apenas alcanza a un tercio del negocio petrolero, que sigue en manos de transnacionales.
No solo eso, sino que en aras del autoabastecimiento, YPF avanza en negociaciones con CHEVRON, una empresa monopólica demandada por 30.000 familias de pueblos originarios del Ecuador por depredación de la naturaleza entre 1965 y 1990. La demanda es por 19.000 millones de dólares.
El asunto es que YPF necesita la tecnología de Chevron, la fractura hidráulica, para extraer gas y petróleo no convencional e intentar resolver el déficit de hidrocarburos de la Argentina, al parecer, a cualquier costo, ya que las denuncias de contaminación por esa tecnología se extiende en todo el mundo, especialmente en EEUU.
En Argentina se destaca el movimiento popular en la Provincia de Entre Ríos y la resolución del Concejo Deliberante de Cinco Saltos que insistió ante el veto de la intendente alineada con el ejecutivo nacional, para declarar a la zona libre del fracking (fractura hidráulica).
En rigor, Argentina sufre déficit energético, que significa importaciones por 10.000 millones de dólares anuales en estos últimos años, el equivalente del superávit comercial anual de la Argentina.
Es una situación agravada con la explosión sufrida en Ensenada el 2 de abril, a propósito de las inundaciones, que afecta la capacidad de auto abastecimiento y hace presumir un crecimiento de la factura de importación de combustibles líquidos para el presente año y los próximos inmediatos.
El problema es la mercantilización de la energía, utilizada como insumo estratégico para un modelo productivo y de desarrollo sustentado en la super explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales.
Es la soja, la mega-minería y la industria de ensamble. Es el conjunto de una política que reproduce la extranjerización y transnacionalización de la economía capitalista argentina. Es la exportación de tierra, nutrientes, agua, minerales y recursos de la naturaleza, los bienes comunes de la actual y futura generación de argentinas y argentinos.
Es la mercantilización del agua, de la tierra y todos los bienes comunes. Más que nunca necesitamos des-mercantilizar nuestras relaciones sociales de producción. Debemos luchar por el derecho a la producción que satisfaga las necesidades populares, que asocie la producción en la Argentina a la soberanía alimentaria en Nuestramérica y los pueblos del mundo; a la soberanía energética asumiendo el planteo de Petroamérica que oportunamente hiciera Hugo Chávez a los países de la región; a la soberanía financiera para denunciar el CIADI, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, avanzando en un Banco del Sur que utilice las reservas internacionales cuantiososas de nuestros países para un desarrollo alternativo que coloque por delante la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos.
La consulta popular por los bienes comunes supone construir el sujeto político necesario para instalar el programa de la des-mercantilización, para recuperar nuestros derechos, a los bienes comunes, al conocimiento, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, al petróleo y al gas, a la energía.
Necesitamos ser millones para frenar al capitalismo que en crisis exacerba la ofensiva del capital contra el trabajo y por la desposesión de los pueblos sobre los bienes comunes. Ellos luchan por hacer que todo sea una mercancía. Nosotros luchamos, en sentido integral, por los derechos humanos.
Por eso la consulta, para que el nunca más alcance al poder, a las clases dominantes, al capitalismo, y hagamos realidad una sociedad emancipada, anti capitalista y por el socialismo.
Buenos Aires, 11 de abril de 2013