La suspensión del fallo judicial fue producto de la apelación realizada por el gobierno argentino, sustentada en el carácter irracional de la sentencia del juez de primera instancia. Esta podía perjudicar a toda renegociación de deuda que se intentara en cualquier parte del mundo.
Ante la suspensión, el mercado de bonos en la Argentina recibió un importante impulso en las valorizaciones, ante lo que el Ministro de Economía de la Argentina se interrogó sobre ¿qué había cambiado de un día para el otro? La alusión apuntaba a que el país era el mismo el día previo a la suspensión que luego de esta. El Ministro se equivoca, ya que si se confirmaba la decisión judicial estadounidense, hubiera significado un elevado costo para el fisco e incluso la posibilidad de potenciar las dificultades derivadas del endeudamiento externo. El fallo en sus distintas instancias es parte de la política, o si se quiere, interviene en mantener o modificar el orden económico, a veces progresivamente y en otras, regresivamente. Se trata de una cuestión de economía política.
El problema es que la Argentina está pendiente de las decisiones que se tomen fuera de nuestras fronteras. Todo por haber cedido a los acreedores, tenedores de títulos de la deuda nacional, la posibilidad para litigar fuera del país. Es un asunto institucional que viene desde lejos, y que fue ratificado con los canjes de deuda del 2005 y del 2010.
¿Cómo sigue el tema?
La suspensión no resuelve la cuestión de fondo, solo la posterga hacia febrero del 2013. Lo previsible es entonces el camino de la Justicia estadounidense, donde se disputará no solo la suspensión, sino la nulidad del irracional fallo. Algo a tramitar en el país hegemónico del capitalismo mundial, de una Justicia que no duda en garantizar las seguridades jurídicas de los inversores capitalistas, y donde solo resta apostar a la sensatez de un orden jurídico que no genere condiciones de legalidad de una obstrucción al propio sistema de deuda global. Habrá que considerar que la Argentina no juega sola esta disputa, y que los “holdout” también moverán sus piezas para cobrar lo más posible, que es esencia su negocio.
Otro camino es el de la política y la solidaridad internacional, tal como el pronunciamiento realizado por la UNASUR en su reunión reciente en Lima, y la convocatoria urgente para febrero del Comité de Finanzas de ésta organización regional para discutir sobre la Nueva Arquitectura Financiera. Es la única posibilidad para intentar superar los condicionantes que imponen los organismos internacionales, no solo a la Argentina.
Claro que la solidaridad política también se construye adentro del país, y en ese sentido fue poco feliz la comparación realizada por la Presidente, entre los jubilados que demandan al Estado por mejoras de sus ingresos previsionales y los fondos buitres que litigan contra el país. Una cosa son los jubilados en defensa de sus legítimos derechos previsionales, por aportes realizados durante su actividad laboral, y otra muy diferente la especulación financiera de los “buitres”.
En un pronunciamiento colectivo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y variadas personalidades del movimiento social, sindical, político, intelectual y cultural que se titula “La verdadera deuda es con el pueblo argentino” y donde se critica la situación de embargo de la Fragata Libertad y la sentencia del Juez Griesa, se fundamenta que “Es preciso enfrentar esta situación sobre la base de la Verdad y la Justicia, siendo que la deuda que reclaman los fondos especulativos es un crimen de lesa humanidad que hoy continúa vigente.”
El texto afirma luego que *“El pueblo argentino no tiene porqué pagar una deuda que no le fue consultada ni lo benefició y cuya legitimidad y licitud no han sido comprobadas. Por ello exigen que los gobiernos “el derecho y la obligación de priorizar los derechos humanos por encima de cualquier reclamo comercial o financiero.” *
Terminan destacando que “Nuestro país debe recuperar su soberanía y deben ser juzgados y sancionados los responsables de haberla resignado,…” para lo cual demandan “voluntad política” para:
1. Auditar – investigar – la deuda de manera pública, integral y participativa, para separar la ilegítima de la legítima, comenzando con las pretendidas acreencias de los fondos llamados buitres, y suspendiendo cualquier pago hasta su conclusión;
2. Anular todos aquellos contratos, leyes, tratados y acuerdos viciados de inconstitucionalidad, condicionalidades extorsivas y otros causales semejantes, en los que se establece la renuncia a la soberanía y la prórroga de jurisdicción a tribunales extranacionales, incluyendo entre otros, los bonos y la adhesión al CIADI;
3. Enfrentar a los especuladores impugnando los créditos fraudulentos e ilegítimos;
4. Juzgar y sancionar a quienes al emitir bonos ilegítima e inconstitucionalmente, entregaron la soberanía del país y los derechos y patrimonio popular, comenzando con el entonces presidente, Carlos Saúl Menem; el ministro de economía, Domingo Cavallo; los sucesivos procuradores del tesoro; los bancos intervinientes, entre ellos el Bankers Trust y J. P. Morgan; y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI.
El amplio arco social y político de repudio al accionar de inversores inescrupulosos requiere ser atendido por las autoridades y habilitar un accionar de fuerte consenso contra las secuelas de la deuda como uno de los más importantes condicionantes políticos y económicos en la coyuntura de la Argentina.
Más allá del accionar gubernamental, queda claro que es la sociedad la que debe asumir el debate sobre éste y otros asuntos estratégicos sobre el orden económico y político, y sobre esa discusión inducir acciones políticas que aseguren la independencia, especialmente cuando se pretende un rumbo no condicionado por el poder mundial: las corporaciones transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales.
¡Construir subjetividad contra el flagelo de la deuda se constituye en imperativo de la época!
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2012