En noviembre de 2011, los casos registrados eran 3392 casos. De los 381 que se incorporaron desde entonces, sólo 230 ocurrieron en los últimos 12 meses (nov 2011-nov 2012); los otros 151 son de años anteriores pero se ha tomado conocimiento de ellos recientemente, como los 94 casos de 2011 de los que no se tenía información hace un año cuando se elaboró la edición anterior del informe.
Este trabajo se viene presentando desde hace 16 años; pero desde 2000, a excepción de 2003 en el que fue particularmente difícil rastrear datos, la cifra anual de muertes nunca fue menor a 200 casos. En lo que va de 2012, tomándose en cuenta solo hasta octubre, los hechos registrados son 182.
Como ocurre todos los años, casi el 50% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. A su vez, el 58% de las muertes fueron a manos de policías provinciales. Según se explica en el informe, está excluida la flamante Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva sin embargo seis asesinatos en poco más de un año y medio de funcionamiento. “Aunque esa cifra no le otorga un porcentaje significativo, debe considerarse su reciente creación y que sus hombres no patrullan, todavía, toda la ciudad”, aclaran desde Correpi.
En tanto, continúan aumentando año tras año las muertes en las que se ven involucrados miembros de los servicios penitenciarios, como así también efectivos de gendarmería y prefectura. Los integrantes de Correpi aseguran que la participación de estos dos últimos se verá seguramente incrementada “a partir de su mayor presencia en el patrullaje urbano”. Además, las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad están en ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, que incluye a personal de las fuerzas armadas, las patotas y otros grupos de choque paraoficiales. La coordinadora llama a esta modalidad “tercerización de la represión”.
Si se toma en cuenta la cantidad de casos por millón de habitantes, Santa Fe y Tierra del Fuego son las provincias con más muertes, seguidas en tercer lugar por la Provincia de Buenos Aires. En Correpi señalan que el hecho de que se trate de dos distritos gobernados por el Partido Socialista (Sta Fe) y el ARI (Tierra del Fuego) desde hace años “confirma que las políticas represivas no son patrimonio exclusivo de una provincia ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne”.
En diálogo con el programa “El Peso del Rocío” de FM La Tribu, la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi, afirmó que en comparación con hace diez años, actualmente la dificultad que tienen para obtener los datos para la elaboración del informe es mayor, y que esto se debe en gran parte a que cada vez se le da menos visibilidad a estos casos, por ejemplo, en los medios de prensa. Además, Verdú agregó: “Uno de los grandes triunfos en materia represiva es esta construcción de consenso, de falsa realidad, de que el actual es un gobierno que defiende los derechos humanos y no reprime, pero lo que nos dan los datos es todo lo contrario. Sobre 3773 casos registrados, 2224 corresponden a los dos gestiones kirchneristas”.