Argenpress
El desarrollo de las políticas neoliberales llevó a la privatización y el desguace de las empresas estatales y al avance de las multinacionales del sector energético, lo que ha culminado en una situación de pérdida del autoabastecimiento en un marco donde se sostuvieron grandes negocios de los grupos concentrados. El déficit energético fue emparchado con grandes erogaciones públicas, mientras el país presenta miseria y extrema pobreza. Negligencia, corrupción y desidia por los bienes comunes y soberanos fue el escenario construido desde 1989 –y mantenido por el kirchnerismo- en materia de hidrocarburos.
La reciente promulgación de la ley 26.741 sobre la soberanía hidrocarburífera y las últimas declaraciones que empezaron abrir el cerrojo de los planes de la actual gestión, generaron, por un lado, importantes críticas y, por otro, limitadas esperanzas en los que venimos luchando desde hace tiempo por el uso popular y masivo de las riquezas energéticas de nuestro país.
Ya en el comienzo de esta nueva etapa, la Presidenta de la Nación reafirmó el modelo de empresa mixta por sobre el desarrollo de una empresa 100% pública, elogiando la gestión del Ing. Estenssoro quien en a principios de los ´90 inició el proceso de desmembramiento de YPF. Por su parte, el Ing. Galuccio, presidente y principal ejecutivo de YPF S.A., manifestó hace pocos días que va a defender las inversiones, y agregó que es posible “crecer haciendo dinero”. En estos 100 días han circulado rumores de posibles acuerdos de inversión, desde la venezolana PSVSA hasta intentos de seducción de la estadounidense Chevron, así cómo acuerdos con la rusa Gazprom y el acercamiento del grupo Bridas asociados a la petrolera china CNOOC y la británica BP.
Las expectativas capitalistas están puestas en los ya famosos “recursos no convencionales”, extraídos por métodos nocivos para el medio ambiente y las cuencas hídricas. No es un detalle menor constatar que estas prácticas ya están prohibidas en Europa y en varios estados de EE.UU.
Como trabajadores organizados, y recuperando lo mejor de nuestra historia, no debemos ceñirnos a pensar solamente en la posible creación o mantenimiento de puestos de trabajo, sino que tenemos el desafío de pensar más allá y adoptar miradas y propuestas que piensen un futuro nacional diferente, en el cual la energía sea un bien de todos y para todos.
En esta dirección, debemos empujar en la democratización y la ampliación de la participación de los trabajadores en las nuevas instancias creadas en el marco de esta nueva ley, como la flamante Comisión de Planificación y Coordinación de las Inversiones Hidrocarburíferas, que tendrá la posibilidad de fijar inversiones, precios y topes de ganancias a las empresas, así como sancionar y vetar concesiones en el caso de incumplimientos. Es imperante conseguir que este nuevo ente haga mucho más que aumentar los precios y mantener la competitividad.
La solución de fondo sigue siendo la recuperación del patrimonio energético a manos del pueblo, nacionalizando y comprendiendo que la energía aparte de ser un bien social, es un derecho humano. Ese sigue siendo nuestro horizonte estratégico en la recuperación de la soberanía con el fin de construir un proyecto nacional que nos conduzca a la liberación definitiva como Nación.
José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/09/ypf-y-la-politica-hidrocarburifera.html