Se trata de una medida que abre interrogantes a futuro, no solo por la respuesta de la empresa en el ámbito local y mundial, sino y principalmente por lo que harán esas y otras provincias, o el ente que las agrupa según los intereses hidrocarburíferos, la OFEPHI (Organización Federal de Estados Provinciales Hidrocarburíferos), y el gobierno nacional con relación a Repsol y las otras empresas concesionarias. Hay varios interrogantes.
¿Quién explotará esos pozos? ¿Otra empresa privada, tal el caso de PAE, Panamerican Energy, de importante peso por la producción en esas y otras provincias, o se transitará el camino de dotar de recursos suficientes a Enarsa en asociación con otras empresas públicas ó privadas?
La sustentación de la medida está en la pérdida de producción de esas áreas petroleras. Una información que surge de las propias empresas, pues el Estado perdió mecanismos de control sobre reservas gasíferas y petroleras, y elevada laxitud a la hora de controlar la actividad. En Santa Cruz cesaron las concesiones en Barranca Yankowsky, Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, de mínima incidencia en la producción total de YPF. En Chubut, las áreas son El Trébol-Escalante donde la pérdida de producción entre 2007 y 2011 fue de 13,4% según fuentes oficiales de la provincia; y Campamento Central-Cañadón Perdido donde la producción de petróleo se redujo un 23,6% entre 2007 y 2011. En ambas áreas se supone entonces una pérdida de 163.000 metros cúbicos de petróleo, que al precio actual suponen unos 300 millones de pesos.
Toman desde ahora carta en el asunto las estatales Petrominera de Chubut y Fomicruz de Santa Cruz, las que interesarán a los inversores privados o públicos. Ello puede incluir a empresas extranjeras, entre ellas de la región latinoamericana (Brasil, Venezuela) o extra continentales (China). Convengamos que no da lo mismo una u otra decisión. Alguna vez comentamos la diferencia de política empresaria entre la estatal venezolana y la brasileña, donde PDVSA privilegió una articulación productiva y de distribución que involucra a 18 naciones de Centro América y el Caribe como parte de su propuesta de constituir Petroamérica, potenciando una estrategia de integración alternativa, con precios y financiamientos favorables para un desarrollo regional auto sostenido que privilegie la discusión crítica del modelo productivo sostenido en la producción y acumulación de ganancias. Esta lógica es la que surge de los emprendimientos que empuja Petrobras fuera del Brasil. En el caso chino hay que adicionar la necesidad de importar recursos naturales a la constante ampliación productiva de la potencia asiática. Por ello es que hablamos de desafío ante la decisión de cancelar concesiones a la transnacional Repsol, pues no alcanza con afectar a una empresa privada extranjera, sino encaminar una política soberana en materia energética, y ello supone la integración y la economía de escala pensando en otro modelo y lógica productiva.
La reforma constitucional de 1994 delegó la soberanía de los recursos naturales en las Provincias. Fue una disposición necesaria en el proceso de privatización, para involucrar a las burocracias políticas provinciales en la entrega del petróleo y el gas, todo a cambio de regalías. Ahora constituye un límite de la Nación para la recuperación soberana de la energía. Aún con esos límites del orden constitucional, la medida puede ser imitada por otras provincias (necesitadas de recursos fiscales que la explotación petrolera puede acercar) instalando en la agenda de discusión la quita de las concesiones, algo impensado hasta hace poco. La falta de combustible y la elevada factura de la importación energética aceleran los tiempos de una discusión política y económica que cuenta con adhesión de buena parte de la sociedad. En estos días se repasa el balance de las privatizaciones, la del petróleo en particular, donde se evidencia que el propósito concreto se asentó en la obtención de ganancias de las concesionarias, que para el caso de Repsol remitió en la última década el 97% de sus excedentes económicos, transfiriendo en promedio 1.300 millones de dólares anuales, unos 13.000 millones de dólares, casi la totalidad de la valuación actual de la empresa.
Insistamos que estamos hablando de un recurso estratégico que la Argentina enajenó en el momento que las reservas internacionales de hidrocarburos están en un 90% en manos de los Estados, y que la disputa por el petróleo no es solo una cuestión económica. Se trata del principal insumo de un modelo productivo que necesitamos discutir, no solo para ahorrar energía, sino para disputar el sentido de la producción y por ende del consumo. Sea por cuestiones coyunturales o estratégicas, la Argentina necesita asumir el desafío de recuperar soberanía energética.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2012