Las medidas económicas dispuestas por el gobierno luego de las elecciones de renovación presidencial alimentan el debate político sobre el orden económico, no solo como una cuestión de polémica entre oficialistas y opositores, sino en un sentido más general. La economía ganó el debate cotidiano sobre “lo que está bien” o “lo que está mal”, sea por la manipulación de los medios de comunicación, por los temas que el propio gobierno pone en agenda para la consideración pública, o por la sensación social que genera una batería de medidas que no son inocuas, y que, como siempre, suponen beneficiarios y perjudicados.

Liquidar exportaciones en el mercado local

Por un lado, al obligar a las mineras y petroleras a liquidar en el mercado local el producto de sus ventas externas, se exacerbó el cuestionamiento de la posibilidad que hasta ahora tenían estas empresas, en su totalidad grupos extranjeros asociados a la tendencia transnacional de la economía mundial.
¿Por qué ahora y no antes? Seguramente el tema se asocia a la caída de las reservas internacionales por 5.000 millones de dólares del máximo acumulado en febrero pasado. De más de 52.000 millones de dólares a menos de los 47.000 millones actuales. Pero esa mirada en la coyuntura de los ahorros externos evade la discusión de fondo sobre el modelo productivo petrolero y minero. ¿Porqué debe sostenerse el marco privatizador de los 90´ en materia de hidrocarburos? ¿No será tiempo de ejercer soberanía energética más allá de la disposición de liquidar las ventas externas? ¿Por qué no pensar en la recuperación soberana de la renta de los hidrocarburos?

Del mismo modo, respecto de la renta minera debe pensarse en el mismo sentido, con el condicionante que supone la institucionalidad del pacto minero suscripto entre Argentina y Chile en los 90´. ¿No es tiempo de repasar la institucionalidad impuesta en la última década del siglo pasado? En Chile existe una resistencia a las represas, por lo cual, amparados en las crecientes relaciones fronterizas se analizan transferir proyectos desde el país trasandino a la Argentina.
El problema son los bienes comunes en la larga frontera andina, su explotación y utilización, con fines soberanos o de profundización de la dependencia y la subordinación al capital transnacional.

Lo real es que las finanzas públicas y la situación económica necesitan del ingreso de divisas, y con la medida se le quita un inaceptable privilegio a un grupo reducido de grandes empresas, en su mayoría extranjeras. Estas manifestaron que las disposiciones no afectarán su funcionamiento, ni suponen cambios estructurales en la propiedad u orientación del negocio.

Frenar la demanda de dólares

Por otro lado, al vincular las compras de dólares y otras monedas externas con los registros de la AFIP, se pretende mejorar la administración fiscal y combatir el delito del lavado de dinero, según se anuncia, al tiempo que se restringe la facilidad de los inversores para canjear moneda nacional por externa y ralentizar la presión por fuga de capitales. El efecto no buscado es la creciente salida de ahorristas dolarizados del sistema bancario por temores fundados o infundados en la potencial pérdida de sus ahorros. La respuesta gubernamental es la provisión regular de dólares por parte del BCRA a los bancos para satisfacer la demanda de sus ahorristas o inversores en moneda extranjera.

Ahora muchos se enteran que las reservas contabilizan esos depósitos de particulares, en rigor una parte de ellos, como reservas internacionales, que por lo tanto no resultan disponibles en su conjunto y expresan cierta condicionalidad en función de su utilización por los dueños privados. ¿Cuántas son las reservas genuinas, que expresan el ahorro público?

Además, las quejas de muchos importadores pequeños, ante la dificultad de adquirir los dólares, pone en evidencia un importante mercado irregular en el país, de compradores de moneda externa que no pueden justificar sus ingresos y que ante las restricciones actuales se rinden a la especulación del dólar paralelo, “blue”, o ilegal, pagando valores superiores al oficial, lo que supone, de hecho una devaluación confirmada por una parte de la sociedad, y que termina siendo trasladada a precios.

Más de un consumidor de productos importados reconocerá en estos días ese encarecimiento, legitimando la evasión fiscal y la irregularidad en que funciona buena parte de la economía argentina. El accionar inmediato de las autoridades luego del anuncio de las medidas apuntó a frenar la extensión de la brecha entre oficial y paralelo, aunque el aumento de precios generado difícilmente retroceda.

Comenzar a desmantelar los subsidios

Algo similar nos devuelve la lógica de los subsidios, con anuncios por ahora recortados en dos tandas.
Primero a grandes empresas bancarias, de seguros y del juego, entre otros, que siendo menos del 1% del conjunto de los subsidios, indigna a quienes se enteran del financiamiento del conjunto de la sociedad a ese núcleo de empresas que reconocen cuantiosas ganancias.

El interrogante era cómo se abordaría la reducción del otro 99% de los subsidios. La respuesta avanza por ahora, en el segundo anuncio, en la quita de subsidios por servicios a grandes empresas de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles, aceites y agroquímicos, y a los usuarios residenciales de mayor poder adquisitivo (Puerto Madero, Barrio Parque y Countries de todo el país).
Por ahora, la quita anunciada de subsidios en ambas comunicaciones afecta a menos del 10% del total previsto para subsidios por 75.000 millones de pesos.
Para el sector residencial, mantener el subsidio supone presentar un “certificado de pobreza” que amerite la continuidad de la transferencia de ingresos públicos para atender el gasto de servicios públicos.

La evidencia de la baja de reservas internacionales anticipa dificultades para sostener los superávit comerciales y fiscales, sea por una tendencia a mayor crecimiento de importaciones que exportaciones, con el agravante del recurrente deterioro en la coyuntura de crisis mundial de los precios de exportación; como por la acumulación de problemas de financiamiento provincial y nacional que motiva una preocupación por los recursos públicos.

¿Habrá traslado a precios por la eliminación de subsidios? Aunque desde el gobierno se indique que no, la lógica capitalista de la ganancia señala que si no media prohibición estatal de trasladar a precio, los empresarios y sectores de elevados ingresos descargarán el mayor costo incurrido sobre los consumidores. Además, ante la quita del subsidio a los consumidores residenciales, la diferencia se cargará al usuario.

El interrogante para el mantenimiento del subsidio será el límite de los ingresos, algo por ahora desconocido. Nuevamente se confirma que el pobre debe poner en evidencia su pobreza para ser considerado sujeto del beneficio, aún cuando se certifica que los receptores de ingresos por programas sociales serán exceptuados de oficio.

Problemas locales y mundiales

En síntesis, varias cuestiones que estaban veladas en el análisis de la economía, como la inflación, o encarecimiento de los precios, pasan a ser considerados en la coyuntura del debate cotidiano, aún cuando en el registro futuro del INDEC tampoco se refleje.

La cuestión de fondo se manifiesta en una tendencia al achique de los superávit gemelos, del comercio exterior y las finanzas públicas, lo que obliga a la modificación de algunas variables vía cambios de los precios relativos.

Algunos sectores podrán descargar el mayor costo que suponen las medidas, otros no, lo que habilita una nueva ronda de disputa por el ingreso.

La sensación es que muchos de los problemas ahora evidentes en la economía responden a consideraciones locales, pero también al impacto de la crisis mundial, que desembarca en la Argentina. Lo preocupante de las dificultades del capitalismo en el mundo, son sus respuestas, las que se verifican como ajuste hacia los sectores más vulnerables. Es lo que devuelve la realidad de los nuevos gobiernos en Grecia o Italia, que no es otra receta que aquella que conocimos en los 80´ y 90´ y que desembocaran en el descalabro del 2001 y el ajuste posterior pagado con desempleo y caída de los ingresos populares.

Estas primeras medidas pos electorales en Argentina destacan problemas de arrastre, que empiezan a evidenciarse, lo que supone correcciones que afectan intereses. Lo curioso, es que muchos defensores de la política oficial reconocen ahora la necesidad de eliminar injustas transferencias de ingresos públicos a sectores con sobrada capacidad de pago. Es algo que debió hacerse antes y que demoraron razones de política electoral.

Los anuncios seguirán hasta la asunción del nuevo gobierno y probablemente continúen en función de la evolución de la crisis mundial asociada a los problemas locales. Resta aún precisar la ecuación final de beneficiarios y perjudicados. ¿Cuánto se traslada a precios o no? La sospecha que emerge del comentario sugiere que mientras no se modifique el modelo productivo y el patrón de consumo derivado, el poder económico tiene resto para transferir al conjunto de la sociedad los nuevos mayores costos.

Nuestra reflexión apunta a pensar más allá de la coyuntura fiscal y la lógica capitalista, la de la ganancia y la acumulación del capital. Se trata de pensar otras lógicas productivas y de consumo, con preeminencia de la satisfacción extendida de necesidades sociales, aunque en rigor, para que ello se traduzca en anuncios aún falta mayor densidad en la demanda social por cambios profundos de la economía y la política.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011