El problema de la nueva organización de los trabajadores está frenado por razones políticas y que se manifiestan en el mantenimiento de una institucionalidad funcional a modos de acumulación de capitales de épocas anteriores. La legislación sobre Asociaciones Sindicales nº 23.551 de abril de 1998, reglamenta el funcionamiento sindical desconociendo (o conociendo, lo que agrava las consideraciones críticas sobre la norma) los cambios operados en la economía y la desprotección de los trabajadores, mayoritariamente desamparados (desempleados, precarios, a tiempo parcial) por no encuadrarse en la norma. Esa es la razón por la que se demanda “democracia y libertad sindical”, que los trabajadores decidan, más allá de la actual legislación sobre la representatividad de las organizaciones sindicales.

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