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Algo similar conocimos en el caso de las pasteras de Fray Bentos, promovidas por el gobierno del Frente Amplio; según Tabaré Vázquez “reportarían más de 2.000 empleos directos”. Sin embargo, los estudios presentados por universidades de Montevideo y de Entre Ríos, demostraron que el trabajo real para obreros y técnicos uruguayos se reducía a menos de un centenar.
Otro objetivo es impedir que las poblaciones se resistan a la instalación de las explotaciones mineras. Una minera tiene necesidad de invadir y ocupar territorios y desplazar poblaciones. Es un prerrequisito de infraestructura al que no están obligadas otro tipo de multinacionales.
En muchos casos logran que los habitantes piensen cosas como estas: “No importa que contaminen si es que trae laburo”, como dice el protagonista de la documental “Asecho a la Ilusión”, donde se relata el caso de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
LA VERDAD ES OTRA
En los países tradicionalmente mineros de Sudamérica (Brasil, Perú y Chile), esta industria ocupa, respectivamente, a 91.000 personas (lo que representa apenas el 0,1 % de la población económicamente activa), a 75.000 (equivalente al 0,9 % de la PEA ), y a 78.000 personas (el 1,4 % de la PEA) [1].
Las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas mineras son extremadamente insalubres y precarizadas, generándose día a día mayores índices de accidentes de trabajo como el producido el 14 de junio de 2004 en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, cuando murieron catorce trabajadores. A este desastre humano, debemos sumar el “accidente” en la planta potabilizadora donde se procesa y lava el carbón, que causó la muerte del obrero Ramiro Marín, el día 23 de diciembre de 2005.
“El Estado Nacional parece decirles a Barrick Gold, Meridian Gold, Alumbrera Limited, y otras: ’Señores, estamos a su disposición. Dígannos que quieren, que lo vamos a hacer’”, acusa el Informe parlamentario presentado por el diputado Carlos Alberto Tinnirello, el 1º de junio de 2006.
“En realidad, continúa el informante el Presidente Kirchner ya se ha encargado de cumplir con esta vergonzosa tarea. En la presentación del Plan Minero Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los ’representantes del sector minero’ dijo textualmente: “… todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión, y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar …” [2].
Seguidamente se pregunta “¿Por qué el Presidente se manifiesta dispuesto a escuchar sólo a los empresarios y no a la población que continuamente se manifiesta en defensa de su medioambiente y los recursos naturales? ¿Por qué hace caso omiso a la población de Esquel, que se manifestó en un 81 % contra la minería a cielo abierto? ¿Por qué es sordo frente al 20 % de los habitantes de Santa María, Belén y Andalgalá, en Catamarca, que se han movilizado contra los proyectos Agua Rica y Filo Colorado, exigiendo plebiscito ante cualquier emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente? ¿Qué lo lleva a ignorar la firme decisión de los habitantes del Valle de Uco, en Mendoza, de oponerse a la minería a cielo abierto en la zona de Papagayos?” (Informe 1º de junio 2006, Congreso Nacional, Argentina)
CUANDO “ELLOS” SE PREOCUPAN
La gravedad del saqueo de recursos y de los daños ambientales causados por las empresas que llevan adelante las actividades de megaminería ha llevado, incluso, a que el parlamento canadiense -país del que son originarios las mayor parte de las empresas dedicadas a la mega minería, entre ellas Minera Andes, una de las responsables del emprendimiento San José-Huevos Verdes- invitara al gobierno de ese país a terminar con las consecuencias sociales y medioambientales de las devastadoras explotaciones mineras canadienses fuera del país.
Un reciente informe parlamentario invita al gobierno a: cesar el apoyo de proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior; considerar a las compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y forzar al Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos [3].
En junio de 2005, la Comisión Permanente del Parlamento sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional adoptó un informe en el que expresaba sus inquietudes sobre el hecho de que “Canadá todavía no tiene leyes para asegurarse de que las actividades de las compañías de explotación minera canadienses en países en vías de desarrollo se conforman con los estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de la gente indígena”.
El informe discute que “mucho más debe ser hecho para asegurarse de que las compañías canadienses conduzcan sus actividades de manera social y ambientalmente responsable y en conformidad con estándares internacionales de los derechos humanos”.
Entre otras cosas, el informe impulsa al gobierno de Canadá:
a) A condicionar el apoyo canadiense “a compañías con responsabilidad social corporativa claramente definida y estándares de derechos humanos”.
b) A establecer en Canadá normas legales claras para asegurarse de que las compañías y los residentes canadienses serán tenidos responsables cuando haya evidencia de violaciones ambientales y/o a los derechos humanos asociados a las actividades de las compañías de explotación minera canadienses.
Entre los proyectos cuestionados por el propio parlamento canadiense, cabe mencionar:
Ascendant Copper Corporation, con sede social en Vancouver, está intentando levantar financiamiento para desarrollar una mina de cobre en uno de los ecosistemas más diversos y amenazados del mundo, a pesar de la oposición vigorosa de líderes y de residentes locales elegidos a través del condado de Cotacachi, en Ecuador del noroeste. La compañía está intentando levantar millones de dólares en la bolsa de acciones de Toronto para llevar adelante su proyecto de Junín, y el gobierno de Canadá ha fallado en invitar a Ascendant para suspender sus actividades hasta que los asuntos en litigio pueden ser resueltos.
Comunidades en San Marcos, Guatemala, están trabados en una lucha con Glamis Gold Corporation de Canadá. A la mina Marlin de Glamis se le ha acusado de violación a los derechos indígenas y de amenazar los escasos abastecimientos de agua. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Canadá ha estado promoviendo agresivamente los intereses de las compañías de explotación minera canadienses en Guatemala. Las comunidades locales votaron recientemente para rechazar la minería en el área, pero la compañía no ha aceptado y no ha respetado los deseos de la comunidad.
TVI Pacific está trabada en una lucha brutal con las comunidades en Siocon, Mindanao en las Filipinas. El informe parlamentario antedicho observa que el ’subcomité está profundamente inquieto sobre el posible impacto de las actividades de TVI Pacific Inc., una compañía de explotación minera canadiense, sobre los derechos indígenas y los derechos humanos de la gente en el área’ y hace un llamado para una investigación del gobierno en las actividades de TVI.”
Como se ve, lo que en Argentina las corporaciones transnacionales ejecutan impunemente, despierta cierto resquemor en los centros mundiales de poder. Este dato no es menor: es la prueba más contundente de que nuestros gobernantes están cumpliendo al pie de la letra los planes del Departamento de Estado norteamericano.
Efectivamente, en un documento del 10 de diciembre de 1974, desclasificado el 7 de marzo de 1989, el nefasto ex Secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon, Henry Kissinger, dice (página 37), que de seguir el mundo así (tal como estaba en 1974) ’se generará una mayor dependencia de los países industrializados en las importaciones de materia prima de los países subdesarrollados”.
En la página 43, Kissinger resalta que la economía estadounidense, ’requerirá de grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados”. Sesenta folios después, indica que ’hay que tener cuidado en que las presiones sobre los países menos desarrollados no sean vistos como una forma de imperialismo’.
En la página 114, el documento dice descaradamente lo mismo que lo señalado anteriormente: ’Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el compromiso por parte de los líderes de los países menos desarrollados no sea visto por ellos como una política de un país industrializado para mantener reducido su vigor para preservar recursos que serán usados por los países ricos.’
En consecuencia, no puedo en modo alguno consentir que se manifieste beneplácito porque nuestro país siga siendo sometido al saqueo más abyecto de que se tenga memoria.