Mucho se debate en estas horas sobre el régimen previsional. En ocasiones, los números dicen más que los argumentos. Por ello es interesante analizar los siguientes datos:
1. Los afiliados al régimen de capitalización individual alcanzaban a 3.843.099 a mediados de 1995, cuando recién se iniciaba el sistema. El pico de afiliación se alcanza en junio de 2007 con 11.669.822 registrados. Recordemos que la opción para salir del sistema y migrar para el Estado se materializó en diciembre del 2007. El resultado al 30 de junio de 2008 alcanzó los 9.487.859 de afiliados. Son 2.181.963 menos en un año.
2. Sin embargo, si se considera los datos de aquellos que efectivamente realizaban aportes, se observa que a enero de 1995 se contabilizaban 2.033.393, con un máximo de 4.669.469 en enero del 2007 y una disminución a mediados del 2008 de 3.600.007, o sea 1.069.462 menos.
3. Más grave resulta considerar la evolución del Fondo en su conjunto, que desde mayo del 2008 empieza una desvalorización que se agrava hacia mediados de octubre, el momento del anuncio de la estatización de las AFJP. Esa desvalorización es concomitante con el mantenimiento de las comisiones cobradas por las administradoras, con lo cual la crisis sólo afecta al Fondo aportado por los “beneficiarios” sin afectar los ingresos por comisiones. Es algo que se verifica en los períodos de crisis, que en los catorce años de vigencia del “sistema” se produjeron en forma recurrente, entre 1997 y 1999 (crisis asiática, rusa y brasileña), como en 2001 con la crisis argentina. Las desvalorizaciones fueron de un 0,90 por ciento en junio del 2008 respecto de mayo; 0,39 por ciento, 0,51 por ciento, 3,55 por ciento sucesivamente y 8,70 por ciento en medio mes de octubre de 2008. El futuro del Fondo es lo que en definitiva está en cuestión.
4. Está claro también que el Fondo sirve para un financiamiento oneroso del Estado, puesto que el 56 por ciento tiene destino en colocaciones financieras del fisco. Buena parte del complemento del Fondo contribuye a financiar al capital privado local y externo, con lo cual son los aportes de los trabajadores los que contribuyen al desarrollo de un mercado de capitales. No se trata de un mercado de riesgo empresarial, sino de contribuciones obligatorias para financiar parte del proyecto del capital, incluso en su orientación hacia el Estado.
Los números se explican por sí solos y ponen de manifiesto la necesidad de intervenir y revertir la situación en el sentido que reclaman los trabajadores jubilados desde que Menem y Cavallo anunciaron sus propósitos privatizadores. Es un régimen que se extendió más de la cuenta y que debe volver a constituirse como sistema solidario administrado por quienes lo sostienen con sus aportes mensuales, al tiempo que deben instrumentarse las condiciones que eliminen la precariedad laboral y la evasión previsional.
En simultáneo asegurar que toda mujer mayor de 60 años y todo varón mayor de 65 años perciba un ingreso suficiente y equivalente al 82 por ciento de una canasta apta para satisfacer calidad de vida. Ese será el mínimo a percibir por los jubilados y pensionados actuales, lo que supone un incremento sustancial del ingreso de más de 5,5 millones de beneficiarios del sistema jubilatorio. Los recursos existen. Por lo tanto, la discusión política no es la crítica o defensa de un mal sistema de capitalización ni de magras cuentas individuales. De lo que se trata es de recuperar el dinero propio de los trabajadores y de redefinir un sistema previsional universal, solidario y justo. Entonces, a 25 años de gobiernos constitucionales, la pregunta es si la sociedad argentina está dispuesta a continuar condenando a la miseria a más de 90 por ciento de jubilados que perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).