Red Eco Alternativo
La iniciativa ingresó esta semana en el Senado para su debate en las comisiones de Trabajo y Previsión. El próximo martes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicará sus alcances en un plenario de ambas comisiones que deberían darle despacho para pasar, en primera instancia, al recinto de esa Cámara.
Antecedentes
Desde lo conceptual, este proyecto no aporta nada nuevo. La política de un Estado que subsidia al empresariado tiene su antecedente en la rebaja de las contribuciones patronales del Decreto 2609/93 firmado por Menem-Cavallo. Aquel beneficio estaba vinculado a diversas actividades que fueron ampliándose, con porcentajes que se fueron modificando según las zonas geográficas. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, firmado por la Nación y las Provincias en agosto de 1993 – que luego se implementó con ese decreto – tenía como objetivo declarado: “…comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país”.
Sin embargo no es necesario remontarse a la década de los noventa, porque esa política de reducir las contribuciones patronales devino, en diciembre de 2008 –durante la primera presidencia de Cristina Kirchner– en la firma de la Ley 26.476. Esta norma significó un blanqueo a favor de los empleadores que los eximió de multas (aún de aquellas sancionadas como “firmes” por parte del fisco) y del pago del impuesto a las Ganancias e IVA derivados de ingresos que se suponen como no declarados para pagar sueldos no registrados. Los empleadores pudieron blanquear personal que no lo estaba, rectificar la remuneración que tuviesen declarada (en general menor a la real), y modificar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa (blanqueándolo hacia atrás sin penalidad alguna).
Por esta ley se instituyó además el “Régimen especial del empleo no registrado y promoción y protección del empleo registrado”. Este régimen – actualmente vigente, ya que desde hace cinco años se prorroga en cada mes de diciembre – otorga el beneficio de las rebajas en las contribuciones patronales para la seguridad social durante 24 meses. Por cada nuevo puesto de trabajo que sume al número de trabajadores declarados por la empresa a noviembre de 2011, el empleador pagará durante los primeros 12 meses la mitad de las contribuciones a la seguridad social y el 75% durante los 12 últimos.
En el proyecto presentado ahora por el Ejecutivo, se mantiene ese esquema de reducción pero creando diferencias entre las empresas según la cantidad de trabajadores que tengan declarados.
El nuevo proyecto: su contenido
El proyecto le devuelve al Ministerio de Trabajo de la Nación las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral en todo el país, en concurrencia con las administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Estas funciones habían sido delegadas a las provincias.
Instituye, en el ámbito de este ministerio, la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), para analizar situaciones de trabajo no registrado en sectores de compleja fiscalización.
Crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en el que quedarán incluidas las empresas que no cumplan con la inscripción legal de los trabajadores y que violen la Ley sobre Trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente, así como con la Ley sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Las empresas que caigan en este registro no podrán acceder a programas o subsidios del Estado nacional, ni a créditos de la banca pública. Tampoco podrán ser proveedoras del Estado, ni podrán beneficiarse con las reducciones de las contribuciones patronales que prevé este proyecto.
El mismo objetivo: beneficios para las empresas
Se crean dos regímenes de reducción de las contribuciones patronales que aportan al sistema de jubilaciones y pensiones. El primero es de carácter permanente y beneficia a las empresas que tengan un plantel de hasta cinco empleados (que se elevaría a siete) a la fecha de inclusión en este régimen y un tope de facturación anual a definir (se habla de 1,8 millones de pesos).
Esas empresas solo aportarán para las arcas de los jubilados la mitad de lo que le correspondería por cada empleado nuevo que contraten o registren con la modalidad de “tiempo indeterminado” y jornada completa. Si es por tiempo parcial la reducción baja al 25%. Además, gozarán del beneficio de un tope para el pago de ART que se calculará como promedio de lo que abonan en este concepto las empresas en las diversas actividades.
Si los empleadores despiden personal o entran en el REPSAL, perderán los beneficios de la reducción.
El segundo es de carácter transitorio, solo por 24 meses contados a partir del inicio de cada nueva relación laboral. Aquí el proyecto define tres situaciones.
La primera es de empresas que tengan hasta 15 empleados a la fecha de inclusión en este régimen. Por cada nuevo trabajador que contraten y que signifique un aumento de esta plantilla, NO pagarán contribuciones durante los primeros 12 meses. En los 12 meses siguientes abonarán el 25% de lo que les correspondería por ley.
Luego, las empresas que tengan entre 16 y 80 trabajadores abonarán durante los 24 meses, solamente la mitad. Y finalmente las que tengan más de 80 pagarán un 75% en los dos primeros años desde el inicio de la nueva relación laboral.
Opiniones, apoyos y críticas
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, dijo: “Estas decisiones están bien orientadas para el sector privado” y agregó: “La Unión Industrial Argentina fue consultada sobre estos proyectos en el ámbito del ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y nosotros dimos nuestro beneplácito porque son proyectos que están orientados a generar nuevos puestos de trabajo y combatir la informalidad a partir del estímulo”.
Desde las organizaciones empresariales, también se manifestaron a favor del proyecto, la Confederación General Económica, la Confederación General Empresaria (CGERA), la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMA) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).
Por su parte, Claudio Lozano, presidente del bloque de Unidad Popular en la Cámara Baja, manifestó: “Tiene la lógica de Cavallo: con la excusa de blanquear el mundo laboral, beneficia a los patrones”, apuntó. También, aseguró que “es mentira que el proyecto sólo beneficia a las PYMES, porque le abre la ventana a las grandes empresas”. Y, por último, puso en duda su implementación. “¿Cómo se va a controlar? Esto no se resuelve con inspectores del Ministerio de Trabajo, que en su mayoría son trabajadores contratados, por lo tanto son absolutamente vulnerables a las intenciones de las grandes empresas”, graficó.
El senador socialista Rubén Giustiniani afirmó que “es un hecho positivo que se reconozca el problema del trabajo en negro y que hay que combatirlo” pero advirtió: “El camino de quitar aportes patronales ya se implementó en los ‘90 y quedó demostrado que no es correcto. Fue la solución que implementó Cavallo y fue un beneficio para las empresas y no para los trabajadores”. Fernando “Pino” Solanas, diputado de UNEN, consideró positivo que se ataque el trabajo no registrado, aunque insistió en la necesidad de discutir el tema a fondo. Y concluyó en que hay que implementar una desgravación impositiva por regiones y estimular el apoyo tecnológico y crediticio.
Néstor Pitrola, diputado nacional del Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, señaló: “El proyecto kirchnerista no es de blanqueo de trabajadores. Se trata de un subsidio de los trabajadores a los empresarios, porque reduce cargas patronales que golpearán todavía más a las jubilaciones, que son el salario diferido de los trabajadores”. Y agregó: “Subsidia a todas las empresas, no sólo a las Pymes, y es completamente inútil, porque quien tiene una economía o parte de ella en negro, seguirá lucrando con la evasión, exactamente lo que ya vivimos en los ‘90. Las rebajas de aportes patronales sólo incrementaron las ganancias empresariales”.
El sindicalista Hugo Yasky, titular de la oficialista Central de Trabajadores Argentinos, dijo: “Esto empieza a marcar el camino de un Estado que quiere dejar de ser espectador de una de las peores lacras sociales en el país” y agregó: “es un avance importantísimo para generar un instrumento para que las empresas pequeñas puedan registrar a sus trabajadores y que las que no registran a sus trabajadores sean penalizadas”.
Nos preguntamos, ¿cómo debe intervenir el Estado? ¿Premiando al empresariado que ha mantenido precarizado y no registrado a los trabajadores, aún con normas vigentes que lo benefician?
A modo de final abierto
El proyecto dice textualmente: “Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata”.
En otras palabras, es el Estado con los recursos de todos por igual –los más ricos y los más pobres– el que financiará a las empresas – chicas y grandes, nacionales y extranjeras – para intentar evitar que sigan sangrando las arcas de la ANSeS.
La política es la misma que tuvo origen en el menemismo, subsidiar al empresariado. Y la lógica es la misma que la del Repro, programa por el cual el Estado subsidia parte de los salarios que las empresas “en situación de crisis” deben abonar a sus trabajadores y que en su lugar lo paga la ANSeS.
Este Programa de Recuperación Productiva –creado 2002 y prorrogado hasta la actualidad– está, según dice el sitio del Ministerio de Trabajo, “destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis y tiene por objeto brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en miras a paliar los efectos negativos en su relación de empleo”. Unas de las primeras empresas que en 2009 recibieron este subsidio (¿sector privado “en declinación”? ) fueron las multinacionales automotrices Volkswagen, Peugeot, Iveco y Ford.
Quienes sostenemos desde hace años que hay que terminar con la rebaja en los aportes patronales y recuperar ese dinero como una de las fuentes genuinas de recursos de la ANSeS y sus jubilados, no podemos compartir permanecer en la misma lógica. Más allá de diferenciar en porcentajes a las empresas chicas, medianas o grandes, lo concreto es que la norma sigue la misma política por la cual hoy la mitad de la fuerza laboral está precarizada.
Buscar la salida al trabajo no registrado dentro del mismo esquema no es la solución. Y así se reconoce de alguna manera en las palabras del gobierno cuando dice que el objetivo del nuevo proyecto es disminuir en dos años la informalidad de 33,5 a 28 por ciento y no erradicarla. Por otra parte, el Estado es uno de los principales “patrones” con personal sin registrar o con “contratados”, gran parte de ellos dentro de la misma cartera laboral.
Más allá de las diversas opiniones sobre este nuevo proyecto nos preguntamos: ¿Es posible terminar con el trabajo no registrado y precarizado en el marco de una estructura productiva altamente concentrada, extranjerizada y “soja-dependiente”? Creemos que es el debate de fondo necesario para superar parches y hallar las soluciones de fondo.