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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El sustento de los medios.

Fecha de publicación: 29 septiembre, 2009

Cabe hacerse las siguientes preguntas ¿Puede una política de medios que se ponga como objetivo real vencer la capacidad de operación política de los mass medias tomar como única táctica el debate institucional-congresal? ¿Qué garantiza que ese debate institucional en una correlación de fuerzas negativa para el progresismo sea modificado en su totalidad? En otras palabras ¿qué construcción política podrá evitar que el proyecto lo tiren a la basura si los vientos soplan del norte? ¿El poder está en el Congreso? ¿Quién va a defender esta Ley en condiciones adversas, José Pampuro?

Rebelión

La cámara de Diputados del Congreso Nacional dio sanción positiva al Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y reformados por organizaciones sociales, universidades, organizaciones gremiales y políticas. Se trata, como se sabe, de un debate cajoneado durante 26 años. El proyecto reemplazará, de ser aprobado en la Cámara de Senadores, la ley vigente sancionada durante la última dictadura cívico militar terrorista.

Las posiciones en torno al proyecto fueron de distinto carácter. El oficialismo militó la sanción del proyecto con firmeza intentando que éste sea aprobado con celeridad. No dieron lugar a los argumentos de cartón de la derecha con representación política legislativa que manifestaban en principio, que esta Ley debía ser discutida por el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando éste trabaje con los actuales diputados electos y donde el oficialismo tendrá mayores dificultades, producto de la derrota electoral última. Por otro lado, tampoco dieron importancia al pedido de que se den más días para discutir la Ley.

Esta posición se basa en la idea de que si se discute la ley después del 10 de diciembre, la derecha mimetizada con los conglomerados mediáticos no tendrá voluntad de promulgar el proyecto de ley de Medios Audiovisuales de la democracia, o tal vez ningún otro. No faltan motivos para creer esto.

Esta claro que los representantes de “la oposición” de derecha comparten criterios ideológicos y hasta económicos con los principales monopolios mediáticos. Por caso, uno de los Jefes políticos de esta derecha envalentonada, el diputado electo Francisco de Narváez, es titular de un canal de televisión abierta, entre otras cosas.

El artículo 2 del proyecto modificado reza que “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles.”

De esta manera, el campo popular argentino contará con herramientas valiosísimas en el camino de la construcción de medios e inserción de los mismos. Estratégicamente, significa la oportunidad avalada por el Estado nacional de alcanzar una relación más equitativa en la construcción de herramientas de comunicación y construcción de sentido común.

Pero además, el espíritu de la ley ataca los contenidos arbitrarios producidos por las empresas monopólicas de medios masivos de comunicación. El espíritu de la Ley es antagonista respecto del espíritu de los multimedios actuales.

El artículo 3, referido a los objetivos establece “La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional; la promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana; la difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional; la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías; l a promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población; el ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública; la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos; la participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas; el fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes; el desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación; la administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas; promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual; el derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad; la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios”.

La extensión de los citado pretende encontrar en estos dos artículos iniciales los aspectos generales de la ley, su espíritu, a modo de síntesis de lo posible de aprobada la misma.

Las modificaciones

Un elemento sustancial para que la Cámara de Diputados aprobara la Ley con 147 votos, hecho que allana el terreno para una mejor discusión en Senadores, fue el acuerdo entre la centroizquierda y el bloque oficialista. El primer pedido de modificación está en el marco de la Autoridad de aplicación, cuya conformación final es la siguiente “un presidente y un director designados por el PEN; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, correspondiendo uno a la primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales”. De esta forma se amplió de 5 a 7 miembros y se democratizó el carácter de sus integrantes.

El otro aspecto modificado fue el de excluir las Telecomunicaciones en el ámbito de legislación de esta Ley. Bajo las denuncias de “la oposición” en torno a futuros negociados de “los amigos del Poder”, refiriéndose a las compañías telefónicas, éstas fueron excluidas de la normativa de la Ley.

Este aspecto fue cuestionado por algunos académicos que siguen de cerca el tratamiento de la Ley, y que lo vienen elaborando desde hace años. La pregunta es: ¿es positivo dejar sin regulación al ámbito de las Telecomunicaciones? ¿No era conveniente que una Ley de la Democracia abarcara también éste ámbito? ¿Será el congreso del 10 de diciembre quien legisle las Telecomunicaciones? Y en ese caso ¿será una norma que contenga las aspiraciones democráticas?

Lo concreto es que la centroizquierda se plegó al argumento de dejar a las telefónicas afuera de la Ley, y eso posibilitó el voto del proyecto actual en Diputados. Los próximos meses determinarán el acierto o error de esta posición táctica.

La política y las instituciones

La discusión en el Senado es el próximo paso en torno a la aprobación de Ley de Servicios Audiovisuales. Los senadores serán quienes discutan las últimas modificaciones y quiénes posibiliten la aprobación de la misma. En el Senado no será aplicada la flaca táctica de “la oposición” de retirarse del recinto. Allí los intereses sectoriales serán defendidos por senadores vinculados directamente con los monopolios, algunos de ellos electos bajo las listas del kirchnerismo.

Por ejemplo, el caso del jujeño Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, quien es propietario de muchos medios de comunicación de su provincia, y ya adelantó que no está dispuesto a votar el proyecto en los términos actuales.

Por otra parte, el kirchnerismo hizo un enroque de senadores (unos pidieron licencia y otros afines los reemplazan), asegurándose así mayores votos en tres de las cuatro comisiones que discuten el proyecto en la cámara alta.

El miércoles último el senado resolvió que la discusión pase por cuatro comisiones: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio. Las comisiones funcionan en plenario, pero las firmas se toman en cuenta por comisión. Para ser aprobada será necesario tener la mitad más uno de los votos (mayoría simple).

Hasta ahora, los números le dan al oficialismo. A esto hay que sumar posibles concesiones que éste considera menores que faciliten la aprobación y algunos acuerdos individuales. La negociación girará en torno a los siguientes temas: si los medios deberán adaptarse en un año a partir de su aplicación (como lo estipula la ley) o en tres (como reclama la oposición), sobre el carácter de la autoridad de aplicación y en la regulación publicitaria.

Según se estima, la discusión en Senadores tendría fin el mismo mes de octubre, y bajaría a Diputados en caso de que sea aplicada alguna reforma.

Así dadas las cosas, el aparato institucional para promulgar la Ley de Medios Audiovisuales está dado.

Sin embargo, una batalla que no hay que dejar de lado es la de la letra chica. En otras palabras, la batalla por la reglamentación de la Ley es fundamental. En la aplicación de la Ley se dará el problema fundamental.

El problema es más político que técnico. ¿Qué tipo de institucionalidad construye el actual proyecto de medios? La discusión atravesó universidades, foros de profesionales y entendidos, y distintos espacios democráticos. De toda esta intensa discusión alentada por el Foro por una Radiodifusión Democrática (que el PEN toma como base del proyecto) surge el actual.

¿Qué tipo de institucionalidad defiende que no salga el proyecto de Ley de la democracia? Todos los sectores de la economía concentrada del país. La actual estructura de multimedios, el proceso de concentración, tiene como sala de parto el golpe de Estado Cívico militar. La Ley que reguló este proceso (no sin contradicciones) es la de la dictadura –la Ley vigente, por cierto.

En esos años el periodismo crítico, fue ciertamente aniquilado. Asesinado, exiliado, callado y torturado.

La primavera democrática de los 80 no fue capaz de instalar en ese momento el debate en torno a los medios de comunicación y el proyecto de Ley existente duerme en algún cajón congresal en el mejor de los casos. El menemismo hizo una serie de reformas a la Ley de la dictadura aún más antidemocráticas que las que ya posee la norma inicial. Por caso, ampliar la cantidad de licencias de las cuales puede disponer una misma persona jurídica.

Desde entonces, el poder de los medios tomó su mayor grado de relevancia, y de ahí, su utilización como instrumento de construcción de “opinión pública”, su capacidad de instalar temas de discusión y posiciones políticas masivas en torno a los mismos, de generar referencias en torno a modelos culturales. En síntesis, de construir hegemonías discursivas sobre segmentos mayoritarios de la sociedad argentina.

Por cierto, en los primeros años del kirchnerismo fue Clarín un aliado útil.

La concentración de poder en todos estos años y su crecimiento en diferentes procesos construyó un andamiaje en apariencia casi perfecto, un sustento económico y social que ahora está puesto a defender las posiciones en contra de le Ley.

Si a veces el Estado parece un gigante, toda esta maquinaria mediática hace dudar a la balanza.

Frente a semejante enemigo, cabe hacerse las siguientes preguntas ¿Puede una política de medios que se ponga como objetivo real vencer la capacidad de operación política de los mass medias tomar como única táctica el debate institucional-congresal? ¿Qué garantiza que ese debate institucional en una correlación de fuerzas negativa para el progresismo sea modificado en su totalidad? En otras palabras ¿qué construcción política podrá evitar que el proyecto lo tiren a la basura si los vientos soplan del norte? ¿El poder está en el Congreso? ¿Quién va a defender esta Ley en condiciones adversas, José Pampuro?

Ellos, los medios masivos de comunicación, esa herramienta de los sectores de poder, tienen su estructura construida –al menos el esquema actual- desde hace más de treinta años. El campo popular, sin embargo, tiene un proyecto de Ley y la voluntad de un gobierno sin construcción de sujeto social que lo sostenga.

El sustento de los medios, para enfrentarlo, requiere de un sustento social equiparable. Esto no forma parte de la política de medios del gobierno nacional.

Tomar como base del proyecto de Ley las discusiones aportadas por organizaciones populares, dirigentes de los emprendimientos de comunicación alternativa e investigadores universitarios es un acierto. Lanzar el proyecto de Ley también. Pero el error más grave de esta política, es el pecado capital de quienes en el gobierno están convencidos de torcer este rumbo: no construir el sujeto social capaz de defender las propuestas. ¿No se puede o no se quiere?

Última modificación: 16 de febrero de 2012 a las 14:49
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