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Estadísticas y FMI: una relación política.

Fecha de publicación: 5 diciembre, 2010

El inminente arribo de técnicos del FMI para colaborar con el INDEC en la construcción de un índice general de precios (IPC), propicia una serie de reflexiones relativas a las modalidades de intervención y construcción política de las instituciones financieras internacionales en los países de América Latina.

Desde el Ministerio de Economía y del propio FMI, se afirma que se trata de una misión de asistencia técnica, que no tiene ninguna relación con la posibilidad de auditar o formular recomendaciones de política económica a nuestro país. No obstante, en las siguientes líneas señalo algunos indicios para argumentar que estamos ante una intervención política del FMI, bajo modalidades específicas más sutiles, pero no por ello, menos eficaces.

No digo nada nuevo en el campo académico de las ciencias sociales, si advierto que la construcción de instrumentos de medición relativos a fenómenos sociales, no es una cuestión técnica a-valorativa y neutral. Es técnica, si. Pero eso no es sinónimo de neutralidad teórico-política. Aunque no se explicite, siempre hay una toma de posición respecto de qué, cómo, a/con quiénes investigar.

Si aceptamos que las estadísticas respecto de los índices de precios pertenecen necesariamente (aunque no de manera exclusiva) a la disciplina de la economía, advertimos que estamos dentro del campo de las ciencias sociales.

El “objeto” de estudio de las ciencias sociales, es la propia experiencia humana, con lo cual, más allá de los recortes analíticos que adopte el investigador, dicha experiencia está atravesada por dimensiones políticas y culturales.

Del mismo modo, los investigadores (que son parte de su objeto de estudio), abordan los fenómenos sociales desde una determinada perspectiva epistemológica, teórica y política. La mayor parte de las veces, en la economía, estas perspectivas no se encuentran explicitadas. Por ello, el resultado de sus investigaciones se presenta como producto de un camino unívoco, del desarrollo de reglas y procedimientos indiscutibles.

No queremos decir con ello que esto responda a una manipulación maquiavélica, sino que forma parte de un modo de hacer que se encuentra naturalizado. Pero los propios procesos de naturalización de lo social, son construcciones sociales que se van consolidando a la luz de la correlación de fuerzas en los distintos momentos históricos. Estas últimas también atraviesan disputas al interior del ámbito científico y técnico.

Las acciones políticas y económicas de los distintos actores, parten de la evaluación de un diagnóstico de la situación. Es decir, primero se interpreta la realidad de una determinada manera y a partir de ello, se trazan las líneas de acción.

El diagnóstico no es una descripción neutral de un problema, sino que construye socialmente la problematización de una cuestión: define sus límites, hipotetiza sus causas y delimita a los sujetos involucrados. Esto significa visibilizar ciertos aspectos y ocultar otros, así como establecer distinto tipo de relaciones entre hechos y procesos sociopolíticos.

De este modo, presentar a un diagnóstico como una cuestión técnica implica naturalizar ciertos modos de ver e interpretar la realidad, cristalizar relaciones de causalidad y definir explicaciones.

Esta potencialidad “creadora” de los diagnósticos no es cuestionable per se, si existiera un debate abierto entre distintas perspectivas. Pero, dado que responden a la correlación de fuerzas sociopolíticas, asistimos a un modo de pensar dominante – bajo la forma de verdad irrefutable – que dificulta la emergencia de enfoques superadores.

A su vez, los diagnósticos funcionales a los sectores dominantes van acompañados de versiones marketinizadas capaces de instalarse en la opinión publica para generar su base de legitimidad social.

El proceso de implementación del paradigma neoliberal durante el último cuarto del siglo pasado, ejemplifica de manera muy clara el papel fundamental que cumplieron los diagnósticos (y su difusión) en la construcción de la legitimidad política de las recomendaciones de política económica de las instituciones financieras internacionales hacia los países de América Latina. El análisis de este caso amerita un trabajo que excede lo modestos objetivos de estas páginas, pero invito a pensar la correlación entre diagnóstico – opinión pública – “soluciones” (medidas recomendadas).

La construcción de indicadores y mediciones forma parte de la formulación de estos diagnósticos. Por ello, me animo a afirmar que la asistencia técnico-metodológica del FMI apunta a una intervención política, a partir de su participación en la construcción de un diagnóstico que será objeto de análisis privilegiado para la formulación de políticas (tanto públicas como de otros actores).

Esta modalidad de intervención política, presenta otra particularidad: sus efectos son susceptibles de trascender los objetivos y metas específicas, tanto en términos temporales como en ámbitos de aplicabilidad.

¿Qué significa esto? Que, la asistencia técnica deja huellas profundas que trascienden la propia aplicación particular y específica, trasladando procedimientos, codificaciones y normativas a otros ámbitos y a nuevas iniciativas como un molde para la acción.

Esto es factible porque la asistencia técnica opera en el nivel de la formación de cuadros técnicos bajo ciertas premisas teóricas, epistemológicas y metodológicas. Esto consolida un modus operandi que tiene la potencialidad de penetrar la propia estructura estatal. Dicha potencialidad será puesta a prueba a partir de la confrontación con los procedimientos intra-burocráticos y los intereses en juego.

A su vez, en el diario Pagina/12 (03/12/2010) se informa que “Los técnicos del Fondo tienen previsto permanecer unos quince días en el país en los cuales se reunirán con economistas de las principales consultoras del país y con profesores que realizaron el informe que las universidades nacionales entregaron al ministro de Economía.” De este modo, esta intervención epistemológica y metodológica no solo afecta a los funcionarios públicos, sino a un arco más vasto de profesionales, ya sean del sector privado (consultoras), como los ámbitos de investigación científica (Universidades).

Otra variable (de difícil operacionalización empírica) se suma al análisis si advertimos que la misión in situ tendrá a su disposición todos los datos estadísticos producidos por el organismo oficial. Esta información permite reconstruir la estructura socioeconómica de la población, lo cual resulta un insumo formidable a la hora de rediseñar las estrategias de acumulación de capital – advirtiendo potencialidades de expansión y los principales riesgos a tener en cuenta -, y de construcción de la hegemonía necesaria para su despliegue.

Podemos especular que esta misión se orienta a buscar credibilidad en el escenario internacional y que ninguno de estos señalamientos tiene entidad. De uno u otro modo, existió una decisión política de involucrar a un organismo de credibilidad altamente cuestionable en un tema tan sensible para los habitantes de este país. Y, de evitar un debate científico y político profundo con participación de las Universidades nacionales y de los trabajadores del organismo.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010

Última modificación: 21 de febrero de 2012 a las 20:32
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