Allí expusieron funcionarios del gobierno, representantes de las empresas, las asociaciones de usuarios, de pymes, clubes de barrio, organizaciones comunitarias, “expertos”, representantes sindicales, políticos y usuarios particulares, tanto en la Usina del Arte como en varias ciudades de distintas provincias en forma simultánea.
Lamentablemente, las autoridades incumplieron los requisitos impuestos por la Corte Suprema de Justicia porque no pusieron a disposición de los participantes de esta Audiencia Pública la información adecuada y veraz con el tiempo necesario para ser analizada lo que impide superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar las nuevas tarifas, no se tomó en cuenta el connatural presupuesto de que este foro de discusión debe estar constituido por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias y no del apuro gubernamental por decidir un aumento tarifario y porque se impidió la presencia de decenas de expositores que habían sido acreditados legalmente para participar de la Audiencia lo que puede invalidar esta herramienta constitucional mediante impugnaciones que fueron anticipadas por varias organizaciones de usuarios.
No obstante, se conoció la propuesta oficial, presentada como una imposición, que intenta dolarizar el precio del gas en el Punto de Inyección al Sistema de Transporte – es decir el precio de boca de pozo – desde un valor inicial de U$S3,42 el millón de BTU en octubre 2016 hasta un valor de U$S6,78 en octubre 2019, reiterar los incrementos que se habían anunciado en abril pasado para las empresas transportadoras y distribuidoras de gas natural y convocar para octubre de este año a una Audiencia Pública a los efectos de debatir una nueva Revisión Tarifaria Integral que fijará nuevos incrementos a partir del 2017.
Ante esta pretensión, una importante mayoría de los oradores – que obviamente excluye a las empresas, legisladores oficialistas y algunos “expertos” – se opuso al intento de dolarizar el precio de boca de pozo por tres razones básicas: porque las empresas petroleras ocultaron sus costos y no presentaron ningún plan de obras que justificaran dichos precios, porque atar la mitad de la factura al dólar implica un nivel de imprevisibilidad irreparable para todos los usuarios y porque esa decisión contraría la emergencia económica votada por todos los legisladores oficialistas y la mayoría de los opositores y que rige la vida contractual del resto de la sociedad.
Respecto al tramo de transporte y distribución hubo reclamos que, básicamente, tuvieron que ver con la readecuación de las escalas tarifarias para varias regiones del país en función de las condiciones climáticas desfavorables como en Mendoza, Mar del Plata o Bahía Blanca, la resignificación de los requisitos para obtener la tarifa social de acuerdo a las actuales condiciones económicas de los usuarios dado el crecimiento de la desocupación y el deterioro producido por la inflación, a desequilibrios tarifarios entre diferentes regiones y a condiciones poco claras que algunas empresas mantienen con los usuarios como el caso de Litoral Gas que ya originaron presentaciones administrativas.
La APJ GAS insiste que un aumento gradual y razonable de las tarifas de gas natural no es resistido por el Pueblo usuario pero que estos intentos de imponer privilegios injustificables para algunos actores económicos y evitar un diálogo que permita encontrar soluciones ecuánimes pueden traer más dificultades y nuevos cuestionamientos.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
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